Euskadi y el próximo parlamento vasco se enfrentan a dos retos de calado en la próxima legislatura. Uno es de dimensión socioeconómica y tiene que ver con los profundos cambios que se ciernen especialmente en territorios como el nuestro, con un tejido productivo de base industrial. El otro es de dimensión sociopolítica y tiene que ver con los rescoldos del sectarismo político que ha vivido este país y que hoy tienen su máxima expresión en las direcciones de ELA y LAB.
La reacción suscitada por el acuerdo que suscribimos en julio con patronal y Gobierno es un aviso de hasta que punto el segundo reto pretende interferir en el primero. En los próximos años se prevé una transformación en distintos sectores productivos cuya influencia sobre el tipo y la cantidad de empleo va a ser grande. La denominada digitalización es el elemento más relevante pero no el único.
¿Alguien recuerda cómo se trabajaba en una sucursal bancaria hace apenas un puñado de años? ¿Qué tareas tenían asignadas las personas que allí trabajaban? ¿Qué competencias exigían esas tareas? ¿Qué herramientas de trabajo se utilizaban? Las aplicaciones tecnológicas que adaptaron las empresas, y otras alteraciones en la forma de relacionarse la ciudadanía con los productos financieros y el ahorro, produjeron una mutación del “negocio” y por tanto del tipo de empleo. Y como consecuencia de ello varió la regulación del empleo, el contenido de convenios colectivos, de los grupos funcionales, etc.
Ahora se pone mucho el foco en la digitalización de la industria, es decir de la aplicación a escala industrial de sistemas automatizados que van a modificar productos, procesos y modelos de negocio. Se estima que la mitad de los actuales puestos de trabajo habrán desaparecido en 15 años (porcentaje aun mayor en la industria) sustituidos por otros relacionados con ese proceso de automatización.
Para CCOO estas cuestiones van a tener una importancia grande en el futuro empleo y en el futuro del empleo. Los cambios tecnológicos a mayor velocidad afectarán a las condiciones laborales de la clase trabajadora. Adaptarse adecuadamente a nivel formativo durante toda la vida laboral será un elemento clave para no quedar excluido del mundo del trabajo, y el reconocimiento de esas competencias será un elemento importante en la negociación colectiva… si queda negociación colectiva.
Sobre el papel que juguemos los agentes sociales en determinar cómo se producen esas adaptaciones es sobre lo que CCOO ha planteado el acuerdo con el Gobierno Vasco. Debe desarrollarse en la siguiente legislatura y debiera concernir a varios departamentos, a todas las fuerzas políticas y sociales. Junto con un sistema de protección social y garantía de renta para evitar que las transiciones en el empleo dejen en la estacada a nuestra gente, creo que debieran ser las dos líneas de trabajo estratégicas. No ya del próximo Gobierno Vasco, sino de todo el Parlamento. Y casi diría más, de forma especial de las fuerzas progresistas y de izquierda que se supone que pretenden que la asignación de recursos y poder en la economía no se asigne en base a las lógicas del mercado, sino de la capacidad de decisión e intervención pública, social y democrática.
Pues de estas cosas debiéramos estar debatiendo. Pero no.
Reaccionario viene de reacción. Y la reacción de ELA y LAB representan hoy mejor que nadie la herencia de una forma sectaria e intransigente de entender la convivencia en Euskadi.
Estas organizaciones después de negarse a participar en cualquier foro de diálogo (y de debate) se rasgan las vestiduras porque se les ha “ninguneado”, y no se han respetado las mayorías democráticas. Es patético. ELA especialmente ha aspirado siempre a ejercer su representatividad de forma totalitaria. No es que exijan un marco que respete la representatividad de cada organización (si este fuera el problema, no habría problema, estaríamos de acuerdo). Exige derecho a veto, interlocución exclusiva, y que si ellos no quieren participar en un ámbito, ese ámbito no exista, desaparezca.
Por eso da exactamente igual el contenido de las materias sobre las que se negocie o se pacte. Es una cuestión de ejercicio de poder, en el que una organización pretende arrogarse un rol, que además sólo utiliza para destruir. Que nada sirva para nada y cuanto peor mejor.
Sin embargo es mucho lo que está en juego. No ya es sólo la negociación colectiva, que también. Es que el país necesita prever los cambios, anticiparse a ellos, integrarlos en la estructura económica y que el mundo del trabajo, especialmente la gente que está en las “partes débiles” (empresas más pequeñas o subalternas en la cadena de valor) no se quede descolgada. Se hará con sindicatos o sin sindicatos, y las consecuencias de hacer las cosas de una manera u otra las pagarían los y las trabajadoras, no los mesías del campo quemado.
Por eso sería importante que hubiera un empeño político plural, trasversal (debiera ser total) en impulsar espacios tripartitos que aborden el conjunto de políticas de empleo y en particular las relacionadas con lo aquí expuesto brevemente.
Por eso sería nefasto que los dirigentes políticos del país, sean quienes sean, volvieran a dejarse bloquear por la instrumentalización política que ELA y LAB hacen de la representatividad sindical.