No. No esperen sorpresas. No voy a validar la posición de quienes anunciaban las siete plagas para el empleo si se subía el Salario Mínimo Interprofesional en los porcentajes que se ha incrementado en el último lustro. Los datos son rotundos. De 707 euros en 2017 a 1.080 euros en 2023. De 9.908 euros anuales a 15.120 euros, es decir 1260 euros brutos por mes, si distribuimos en 12 pagas. Subir el SMI un 52% ha sido compatible con haber superado por primera vez el número de los 20 millones de cotizantes a la seguridad social. Y además con una reducción sustancial de la temporalidad de la contratación en nuestro país.
Esto no es una opinión. Esto son datos.
Sin embargo hay otro factor relevante que motiva esta titular. El SMI históricamente tenía un papel casi residual. Afectaba a muy pocos cientos de miles de personas trabajadoras. Según los datos que proporciona la submuestra anual de la EPA, (con datos del 2021), un SMI de 15.120 euros anuales afectaría en torno a 2.272.000 personas, en media. Si recurriéramos a la Muestra Continua de Vidas Laborales, nos daría el número de personas que a lo largo del año de referencia trabajaban con un salario igual o inferior al actual SMI, con lo que el número de personas beneficiadas por la subida sería mayor.
Y aquí es donde quería llegar. Porque la buena noticia de la subida del salario base en la economía española (pese a seguir siendo un salario de subsistencia, no perdamos perspectiva), tendría una afectación mucho menor si los salarios más bajos hubieran subido en el marco de la negociación colectiva. Cuando escuchamos los lamentos de las organizaciones empresariales por esta subida, hay que recordarles que en Junio de 2018, CEOE y CEPYME suscribieron un acuerdo para que el Salario Mínimo de Convenio Colectivo, fuera de 14 mil euros… en el año 2020.
Si las patronales asociadas a CEOE hubieran cumplido sus compromisos, simplemente con la subida media de los salarios en estos últimos años, un SMI de 1080 euros para 2023 hubiera tenido un efecto marginal. Es decir hubiera afectado a una pequeña porción de las personas trabajadoras en España, ya que sus convenios hubieran marcado salarios más altos para las categorías más bajas.
La irresponsabilidad patronal es evidente. Seguir argumentando que los costes laborales drenan la competitividad en España, es una obscenidad. Desde cualquier perspectiva se puede afirmar que eso no es cierto. La economía española ha mejorado su superávit por cuenta corriente, ganado cuota de exportación; si se tienen en cuenta los Costes Laborales Unitarios ajustados con la productividad la economía española ha mejorado su competitividad externa.
Es más, la devaluación de los salarios en España no se da necesariamente en los sectores exportadores, sino en los ligados a actividades de servicios. No es producto de una pugna competitiva internacional, sino de los sectores menos sindicalizados donde se incrementan los márgenes empresariales a costa de la pérdida de salario real de las personas trabajadoras, hasta llevarlos a niveles que no dan para cubrir las necesidades básicas.
Así lo muestran los datos que ha proporcionado la AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria). Los beneficios empresariales han aumentado en los tres primeros trimestres de 2022, respecto a 2019, en 21 mil millones de euros. En los niveles más altos desde 2014. Los márgenes empresariales por unidad producida alcanzan el 10,4% para el conjunto de la economía. Tanto en las manufacturas, como en los servicios, el comercio, la construcción, o la hostelería y la restauración. Los datos son escandalosos en el transporte (22,6%), o las actividades inmobiliarias (26,4%).
Se puede deducir fácilmente que estos datos (insisto, datos duros proporcionados por la Agencia Tributaria que son facilitados por más de 1 millón de empresas que suponen el 94% de las ventas totales en nuestro país) son el resultado de la imputación de los costes y precios internacionales tras la invasión de Ucrania a los precios al consumo, para salvaguardar los márgenes empresariales a costa del deterioro de los salarios reales de buena parte de la clase trabajadora. Por eso, pese a la contención de la inflación general, la inflación subyacente o estructural (que elimina los precios más volátiles) se mantiene por encima del 7%.
Cabría preguntar a las organizaciones empresariales si van a seguir apostando por una devaluación salarial que empieza a suponer ya un problema económico de primer orden para España. Observamos una evidente desaceleración económica. Que ésta sea global no es consuelo. Se resiente el consumo final de los hogares, y más se resentirá en 2023 ante el agotamiento del ahorro y el encarecimiento de las hipotecas. No cabe resignación. Hay que subir los salarios.
Las organizaciones empresariales deben plantearse si quieren reforzar o debilitar su papel como interlocutor social, o se van a acoger a la subalternidad que supone depender del ciclo político. Su ausencia en esta negociación sobre el SMI es preocupante desde este punto de vista. Su papel en la negociación del AENC (Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva), suspendida desde mayo de 2022 y pendiente de retomarse para fijar orientaciones salariales para más de 1200 convenios, es la oportunidad de reforzar la autonomía colectiva de los interlocutores sociales. Las propuestas sindicales van a ser de la suficiente enjundia como para desvelar de verdad cuál es el juego empresarial.
Y una última reflexión, esta más de orden sindical. La subida del SMI no puede conllevar un efecto placebo sobre la necesidad de que sea la negociación colectiva la principal determinante de los salarios de nuestro país. Necesitamos subir el SMI, si, pero necesitamos sobre todo que el SMI apenas afecte a los y las trabajadoras porque su referencia salarial la fije el convenio colectivo. Sería un visión acomodaticia pensar que el problema de bajos salarios en España se debe solventar solo o principalmente desde el BOE. Esta visión podría llevarnos a la conclusión de que podemos permitirnos relajar el fortalecimiento sindical en esos sectores de menores salarios (esa mayor debilidad organizativa de la clase trabajadora es la principal razón de sus bajos salarios). Debe ser la negociación colectiva quien vertebre también los sectores más precarios. Porque siendo los salarios muy importantes (y más en esos segmentos donde apenas alcanzan para la supervivencia) no lo son todo. Las relaciones laborales regulables desde un convenio colectivo son mucho más amplías y la ordenación del tiempo de trabajo, los sistemas de formación, la igualdad de trato, y muchas más cuestiones se tienen que resolver en el marco del convenio colectivo y las instancias asociadas a él (planes de igualdad, etc.). Un salario mejorado desde el BOE que “saque” al sindicato de los sectores donde es más difícil organizar a la clase y agregar sus intereses, no sería una buena estrategia sindical. Es prioritario fortalecer la negociación colectiva en los 1300 convenios a renovar en 2023 para recuperar el poder de compra de los salarios. Esa es ahora la principal tarea de los sindicatos.