Artículo publicado en El País
Sin duda que la inflación general en España se sitúe en diciembre 3,6 puntos por debajo de la de la Eurozona, es una buena noticia. Pero no debiera serlo tanto como para dar pie a balances triunfalistas. Y esto es así porque si atendemos a la inflación estructural –la subyacente– alcanza un 7%, similar a la media europea. Para dar otro dato que evite cualquier tipo de euforia: casi la mitad de los productos que definen la cesta de la compra ha crecido más de un 7% en el último año.
Por tanto, aunque algunas medidas han sido exitosas en la contención de la inflación general (singularmente la excepción ibérica que ha contenido los precios energéticos), hay un hecho muy relevante para explicar lo que está ocurriendo en nuestro país: la inflación no tiene solo su origen en el incremento de los precios internacionales sino también en el aumento de los precios internos impulsado por unos márgenes de beneficio disparados.
Lo indicaba en el Foro de La Toja la consejera del Banco Central Europeo, Isabel Schnabel, “las empresas han sido capaces de aumentar sus precios más allá del incremento de los salarios nominales y en muchos casos incluso más allá del crecimiento de los costes energéticos”.
Esta afirmación es fácilmente cotejable para España con los datos que proporciona la Agencia Estatal de la Administración Tributaria correspondientes a 1,1 millón de empresas, que indican que los márgenes de beneficio se han disparado hasta el 10,4% sobre las ventas para el conjunto de la economía española, superando todos los registros trimestrales desde 2014 cuando se inició la etapa de crecimiento tras la Gran Recesión.
Podemos hacer cuatro afirmaciones: 1) Que son los beneficios empresariales los que están enquistando una inflación que apunta a ser más estructural de lo deseable. 2) Que esta inflación va acompañada de un insuficiente incremento de los salarios, lo que provoca una caída su poder de compra. 3) Que esto, además de injusto, es un factor de deterioro a medio plazo de la economía. 4) Que las respuestas del Gobierno para hacer frente a la diferencia que se ha abierto entre el nivel de precios y las rentas de los hogares, son coyunturales, cuando el problema es estructural.
Las medidas aprobadas hasta ahora por el Gobierno son medidas paliativas para hacer frente la brecha entre evolución de precios y disminución de renta real disponible, a través de una reducción selectiva de impuestos y de transferencias de rentas a determinados colectivos. Bien orientadas aunque con insuficiencias, son de carácter temporal cuando tienen que hacer frente a un problema que apunta a ser más estructural de lo deseado porque los precios en todo caso moderarán su subida, pero no van a bajar y esto puede cronificar una pérdida de renta real en millones de personas en España.
Hoy el preparto justo y equilibrado de la pérdida de bienestar que supone el aumento de los precios internacionales de la energía y otras materias primas es el gran desafío para la sociedad española. Por cuestiones de cohesión social y para el sostenimiento de la actividad económica y la creación de empleo.
No debemos perder de vista que las razones que han permitido a las empresas repercutir costes a precios al consumo sin que éste se resintiese dramáticamente, tenderán a desinflarse en 2023. Tales razones son el buen comportamiento del empleo (más de 20 millones de cotizantes a la seguridad social); el ahorro acumulado en la pandemia del que ha “echado mano” una parte de la población; la aportación al consumo generado por la estabilización del empleo derivada de la reforma laboral (el Banco de España ha estimado esta aportación en 3.000 millones de euros); el carácter expansivo de la política fiscal; y el efecto retardado de la subida de tipos de interés.
Sin embargo varios de estos factores irán rolando de vientos de cola a vientos de cara según avance 2023. El recurso ahorro se irá agotando, los tipos de interés encarecerán las hipotecas y restarán renta a millones de hogares, las medidas del Gobierno son temporales y antes o después se irán retirando; la estabilización del empleo sigue teniendo recorrido, pero es necesariamente finita, etc.
Pues bien, ante este panorama CCOO considera prioritario para la clase trabajadora y para el país retomar un acuerdo salarial ambicioso y valiente. La distribución de esfuerzos está siendo injusta e inequitativa.
Hasta ahora el Gobierno pese a su continua apelación a un pacto de rentas, no ha sido capaz de liderar un planteamiento coherente sobre el mismo. Llegados a este punto, le emplazamos a colaborar para hacer de la lucha contra la inflación un proyecto colectivo donde la carga no recaiga solo sobre los salarios de las personas trabajadoras.
El Gobierno debe acordar un crecimiento del SMI que tenga en cuenta la inflación media del 2022 (8,4%) y la evolución de los productos básicos de la cesta de la compra como los alimentos (15,7%) o costes que no están incluidos en el cómputo de la inflación, pero suponen un importante esfuerzo para millones de hogares, como el encarecimiento de las hipotecas. Es por ello que hemos solicitado que el salario mínimo se sitúe entre los 1.082 y los 1.100 euros, pudiendo cubrir así a más de dos millones de personas trabajadoras y contribuyendo a reducir la desigualdad salarial y mejorar la situación de las mujeres, jóvenes y hogares pobres.
También puede facilitar la mejora de los salarios de cientos de miles de personas trabajadoras cuyos empleos dependen de licitaciones públicas donde hoy es prácticamente imposible mejorar los salarios por el efecto de la Ley de Desindexación y la de Contratos Públicos, vigentes desde la época del Gobierno Rajoy y que deben ser modificadas.
Pero donde se va a dirimir la evolución de los salarios y como repartir los costes de la inflación es en la negociación colectiva. CEOE -que no ha apostado en ningún momento por el pacto de rentas- debe recuperar la corresponsabilidad.
En opinión de CCOO un acuerdo salarial se puede lograr sin provocar nuevos efectos inflacionistas, trasladando una parte del exceso en los márgenes de beneficio a incrementos de salarios, combinando subidas iniciales con compromisos ciertos de recuperación salarial en el ciclo 2023-2024.
Para ello son necesarias las llamadas clausulas de revisión salarial. Seguimos pensando que deben recoger referencias a la inflación. Pero en aras de favorecer el acuerdo aportamos un criterio adicional. Que se vinculen no en exclusiva a la evolución de los precios, sino también a la marcha económica de las empresas y los sectores, eso sí, atendiendo a criterios objetivables.
Hoy la digitalización, la inteligencia artificial o el big data procuran una ingente cantidad de registros sobre la actividad de las empresas, que están en poder de la Agencia Tributaria o la Tesorería General de la Seguridad Social. Esos datos, agrupados por el código de registro de cada convenio colectivo, permiten elaborar indicadores fiables sobre cómo evolucionan los márgenes de beneficios en las empresas cubiertas por cada convenio colectivo. Vinculemos una parte de las cláusulas de recuperación salarial para 2023 y 2024 a la marcha efectiva de cada sector, de acuerdo. Pero hagámoslo con datos fiables y oficiales.