Hoy vuelve a salir la noticia del incremento de gasto en pensiones, especialmente de jubilación. Es continuo el martilleo de datos que instalan la percepción de que el sistema “es insostenible”. No lo es, pero hay que querer que no lo sea.
Sin pretender profundizar demasiado, distinguir la paja del trigo. Desde hace mucho tiempo sabíamos que la cuantía de las pensiones se iba a incrementar, así como el número de pensionistas. Igualmente por el previsible aumento de la esperanza de vida, el tiempo de pago de pensión, también aumentaría. Por tanto sabíamos que había que pagar más pensiones, de más cuantía y durante más tiempo.
Los acuerdos a los que había llegado CCOO de hecho ya preveían esa evolución. Pactamos la creación del fondo de reserva (hucha de las pensiones) para cubrir una parte del déficit en los años de la jubilación del baby-boom. La reglamentación de este fondo también la ha cambiado el Gobierno para poder disponer de él, pues su utilización estaba limitada al 3% del gasto derivado de las pensiones contributivas.
Lo que está descuadrando los escenarios previstos es el altísimo paro, las cotizaciones más bajas del empleo que se crea (de 5.600 a 5.400 euros por cotizante desde 2012 a la actualidad), y las medidas irresponsables y populistas del Gobierno que ayudan a vaciar antes la «hucha de las pensiones». Por ejemplo imputando gastos que (de hacerse) debieran ir a cargo de los presupuestos de empleo.
Hoy el desaguisado es de tal calibre que exige medidas que afecten a los ingresos. Propuestas solventes por parte del sindicato, las hay. Hay que contar con los presupuestos generales, aunque en nuestra opinión sin perder carácter contributivo en las pensiones, por cuestiones que ahora harían muy larga esta pequeña reflexión.
Por el contrario el Gobierno ha ido planificando de forma unilateral, medidas destinadas a disminuir el gasto futuro en pensiones de forma drástica. A través del índice de revalorización y del factor de sostenibilidad.
El factor de sostenibilidad implantado por el Gobierno tendría un efecto en el descenso de la pensión inicial de entre el 9 y el 18%, según cálculos de CCOO, y para un periodo de 30 años, 2019 a 2049.
El índice de revalorización depende de cómo evolucionen distintas variables y el IPC, pero en un escenario prudente la pérdida de capacidad adquisitiva con la actual regulación, podría estar en el 11% para un periodo de 15 años.
Todo esto no es una fatalidad científica, es una decisión, una opción política. En el fondo las preguntas siempre son y serán las mismas:
¿Se quiere dedicar una parte de la riqueza que genera un país a mantener un sistema público de pensiones? ¿Cuánta parte? ¿Cómo se financia?
De cómo se conteste a estas preguntas, depende la sostenibilidad de un sistema público, de reparto y suficiente.
Un último apunte. El sistema de pensiones públicas en España no sólo ha funcionado como un gran estabilizador económico en la zozobra de la crisis. Es un elemento, EL elemento, cohesionador entre rentas, generaciones y territorios, pues más allá de “serpientes de verano” electorales, todo el mundo sabe que la ruptura de la caja de las pensiones conllevaría por ejemplo en Euskadi un enorme déficit. ¿Alguien ha medido en estos términos la des-cohesión que desataría una paulatina deriva hacia sistemas de capitalización en lugar de reparto? La pregunta, obviamente, es retórica…