Escocia ha decidido mantenerse dentro del Reino Unido. Con un compromiso compartido de profundizar su autonomía y una mayor vocación europeísta que al que pueda tener la propia Inglaterra, dicho sea de paso…
Sin embargo la opción de la victoria de la independencia llegó a parecer factible en alguna encuesta. Los resultados lo han desmentido. Hay un elemento que ha sido bastante relevante. La relación fortalecida entre la defensa de un modelo social que se pretendía vincular con la independencia, frente a una propuesta de recortes y cuestionamiento de tal modelo social que se relacionaba con las políticas impulsadas desde el centro londinense y el Gobierno tory.
Empieza a
ser común que los movimientos políticos que aspiran a erigir sujetos políticos de soberanía única, aparquen las clásicas legitimidades nacionales para buscar esa propuesta de salvaguarda de un modelo social como su principal activo. Aspiran así a recoger la reacción de mayorías sociales ante el deterioro de sus condiciones de vida, sus salarios, sus empleos o sus prestaciones sociales.
En los propios resultados del referéndum escocés llama la atención que la gran victoria independentista se dé en Glasgow, situada en la segunda área metropolitana del Reino Unido, centro económico y comercial, más cosmopolita que Edimburgo y evidentemente que las zonas rurales.
No parece descabellado pensar que Glasgow, cuna del sindicalismo donde sigue erguida la estatua de Pasionaria, pero sobre todo, donde se dobla la tasa de paro del resto del país, vote mayoritariamente independencia como un rechazo a los efectos de políticas que considera negativas y que vincula al centro de Londres y al riesgo de que tales políticas se acentúen.
No comparto la idea de que la independencia de los países sea la solución-fórmula para salvar el modelo social, sino más bien que es necesario federalizar las distintas instancias de poder para reforzar el carácter democrático de un poder central en Europa. Sólo así se pueden ensanchar auténticas alternativas a las actuales políticas de austeridad para que den dimensión social al autogobierno de estados y entidades sub-estatales. Es mi opinión a muy grandes rasgos, pero no es lo que quiero desarrollar aquí.
Más bien me interesa poner el foco en el enorme efecto de disolvente de los vínculos sociales y ciudadanos que las actuales políticas económicas y su legitimidad democrática están generando en las sociedades.
Un discurso dominante, privatizador, que pretende disminuir la acción del poder público a la hora de garantizar determinadas contingencias sociales, es un discurso que en el fondo dice: “hágalo usted mismo. Diseñe su vida con los recursos que sea capaz de conseguir por su cuenta y opte en el mercado por lo que desee”. Si se disuelven las dependencias mutuas, los lazos con los anónimos que lleva implícito un modelo social ¿alguien puede extrañarse que resurjan con fuerza lealtades identitarias con lo cercano?
Si además las políticas que se recetan desde esos poderes difusos son políticas de recorte, de empobrecimiento, de inseguridades ¿alguien puede extrañarse que se vincule la oposición a esas políticas socialmente rechazadas, con el retorno a lo conocido, a lo fragmentado, al calor de las viejas certezas?
Si el ejercicio del poder se ha trasladado desde espacios abarcables y conocidos por los ciudadanos, hasta el terreno difuso de lo global, de los mercados, de troykas o cosas de ese tipo; si además se ha hecho con un proceso de legitimació
n democrática inexistente o discutible y pedagogía social débil, ¿alguien puede extrañarse, cuando las cosas vienen mal dadas, de una reacción que reclame fragmentar los espacios de decisión política, sea esta decisión racional o no?
Si no se es capaz de conjugar un nuevo compromiso por la igualdad, la cohesión social, el derecho de ciudadanía vinculado al derecho social, en definitiva un contrato social en el marco global europeo ¿alguien se puede extrañar que todas esas aspiraciones de las mayorías sociales se vinculen con fuerza a nuevos sujetos de decisión, sean nacionales, corporativos, de renta, o de afectados de tal o cual problema?
La deficiente construcción política europea, el ejercicio hegemónico del poder factico sin suficiente legitimación democrática, y el ahogo que el austericidio supone para partes crecientes de población, son un auténtico disolvente de relaciones sociales, de dependencias compartidas, de laicidad identitaria.
Evidentemente la alternativa no es negar realidades nacionales, ni proscribir problemas políticos, ni mucho menos la amenaza o el tancredismo. La alternativa debiera pasar por reformular en un contexto de economía global y crisis sistémica, una construcción política de Europa en un modelo federal de estados y de entidades subestatales. Un refuerzo del valor de la ciudadanía compartida como elemento de pertenencia ligado al derecho a algún nivel de inclusión social garantizada. Una opción política sobre la igualdad redistributiva que vaya más allá de la igualdad de oportunidades.
Las dinámicas políticas en Escocia o en Catalunya tienen mucho de respuesta a esta situación, con otros elementos coyunturales propios que poco tienen que ver unos con otros. La extensión de la opción fragmentaria es real y puede calar de nuevo en territorios como el norte de Italia y otros. Fragmentación no necesariamente nacional, sino de otros intereses compartidos que aspiren a erigirse como sujetos de decisión.
Una izquierda agregadora frente a una austeridad disolvente.