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Una política laboral concertada y en la antítesis de la de 2012


En las declaraciones sobre la reforma laboral pactada entre el Gobierno, sindicatos y organizaciones empresariales han concurrido posiciones políticas aparentemente sorprendentes. Por un lado algunos de los partidos de la mayoría “de la investidura” están mostrando -al menos por ahora- una posición crítica a la reforma desde la que justifican su voluntad de negociar cambios en la misma. Por otro lado los partidos de la derecha se han mostrado beligerantes contra tal reforma. Sin embargo en entornos vinculados al PP se han escuchado voces recomendando una actitud menos taxativa que inducirían a propiciar la convalidación del RDL. De momento esta posición cuenta con el rechazo nítido del partido si hacemos caso a las declaraciones de Pablo Casado.

En una entrevista en el programa del Canal 24 h de Xabi Fortes, la periodista Lucía Méndez me preguntaba sobre el hecho de que “teóricos del liberalismo… algún think tank no precisamente de izquierdas [dicen] que por ellos está fenomenal lo que han pactado ustedes”, y por tanto -se deducía de la pregunta- no habría un cambio sustancial en la política laboral y en la reforma respecto a quienes concibieron la del año 2012.

Diez años después del estallido de la burbuja inmobiliaria las políticas aplicadas habían sido incapaces de recuperar el empleo previo a la crisis.

Mi respuesta fue que no es solo que no haya una continuidad en las políticas laborales respecto a la que se realizó en la anterior crisis. Es que por el contrario, las respuestas dadas en esta crisis están siendo diametralmente distintas a las pasadas, están dando mejores resultados en términos de justicia social y eficacia económica, y ello induce a que paulatinamente la parte más inteligente del centro-derecha y la derecha española, intente no situarse extramuros de lo que se está realizando. Una especie de apropiación que se inició con el “los ERTES los inventamos nosotros” que podría haber tenido su continuidad con el “esta legislación laboral es la misma que había, con dos retoques”.

Pero como las opiniones opiniones son, y en función de las “lógicas” políticas se puede escuchar cualquier cosa, para tratar de avalar la evidente disrupción de las políticas laborales concertadas en esta crisis respecto a la impuesta en la anterior, convendría hacer una recopilación de datos que sirvan para enriquecer el debate.

La actual recuperación del empleo ha sido mucho más rápida e intensa que en la anterior crisis. La contundente respuesta pública a través de las medidas concertadas entre sindicatos, patronales y gobierno son la principal explicación.

La reforma laboral de Mariano Rajoy había abierto compuertas para continuar con una intensa destrucción de empleo y fórmulas como los ERTES -ya presentes en nuestra legislación laboral- apenas se utilizaron de forma marginal. Es el mercado, amigos.

En el mes de junio de 2018 -fecha de la moción de censura que llevaría a la presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez- aún había 370.000 afiliados menos a la seguridad social que en junio de 2007. Es decir, diez años después del estallido de la burbuja inmobiliaria las políticas aplicadas habían sido incapaces de recuperar el empleo previo a la crisis.

En esta crisis pandémica, bajo una caída de la economía mucho más profunda (el PIB se recortó un 10,8% en 2020 frente al 3% que por ejemplo cayó en 2012) y de caracterización muy distinta, se ha recuperado y superado el nivel de empleo previo a la crisis en menos de 2 años. En diciembre de 2021, el empleo se sitúa 314.000 afiliados por encima del de diciembre de 2019, descontados los trabajadores aún en ERTE-COVID, 103.000.

En la anterior crisis el paro se desató de una forma dramática. Cuando el PP accedió al poder la tasa de desempleo era ya altísima (el 22,6%), pero después estuvo creciendo 5 trimestres consecutivos y aumentó 4,4 puntos porcentuales más, alcanzando un nivel astronómico nunca antes visto (27%). La reforma laboral de Mariano Rajoy había abierto compuertas para continuar con una intensa destrucción de empleo y fórmulas como los ERTES -ya presentes en nuestra legislación laboral- apenas se utilizaron de forma marginal. Es el mercado, amigos.

Cuando el PP dejó el Gobierno la tasa de paro había disminuido sensiblemente (15,3%) pero aún estaba por encima de la observada antes de la burbuja inmobiliaria.

En esta crisis pandémica en cambio, el volumen de desempleo solo ha subido durante 2 trimestres y en menor medida: el aumento de la tasa de paro no llegó ni a un punto y en el tercer trimestre de 2021 se situaba en el 14,6% ligeramente por encima de su nivel de pre-pandemia (solo 8 décimas más), esperándose que en el cuarto trimestre quede por debajo.

El motivo de esta más rápida e intensa recuperación han sido los ERTE que han sostenido a las empresas y empleos. Nada que ver con las prácticas neoliberales de facilitar que los mercados ajustasen rápida y profundamente eliminando frenos y amortiguadores, lo que produjo la desaparición de muchas empresas viables y agudizó la destrucción de empleo, la pobreza y la desigualdad.

No olvidemos tampoco que en 2012 el ajuste de empleo en el sector de la construcción (una losa comparativa para España en aquel momento) ya se había producido y nos enfrentábamos a una crisis diferente -la del euro-, de origen institucional, que el PP gestionó alineándose con las tesis en favor de la austeridad, contrarias a los intereses del país y que hundieron aún más la economía. Nada que ver con la reformulación de consensos que actualmente se ha dado en Europa y que ha impulsado el programa SURE (el que facilita la financiación de los ERTE) y posteriormente los fondos de recuperación europeos NGUE.

En la anterior crisis el dinamismo económico se promovió mediante la precarización de las condiciones de trabajo: más empleo basura y una mayor devaluación salarial

Tras la reforma laboral del año 2012, que perseguía en su exposición de motivos una bajada de la temporalidad y una alternativa a la misma mediante los procedimientos de flexibilidad interna, la realidad fue por otros derroteros. La tasa de temporalidad del sector privado -ya de por sí muy alta- aumentó 1,7 puntos hasta el 27,2%.

En este momento tal tasa ha caído 3,2 puntos hasta el 24,6%. Y en la reforma laboral pactada entre sindicatos, patronales y gobierno, se promueve un ambicioso paquete de medidas que debiera conllevar una caída mucho más profunda de esta tasa, que tanto marca la incertidumbre vital de millones de personas trabajadoras en nuestro país.

En la anterior crisis el modelo elegido para enfrentarla fue una enorme devaluación interna, básicamente salarial. Los datos dicen que ahí si, el gobierno tuvo éxito y el deterioro de los salarios en España fue intenso.

 En la etapa que va desde el año 2011 hasta el 2018 (mandato del PP con reforma laboral desde marzo de 2012) el salario medio se estancó y creció solo un 0,8% nominal de media anual acumulativa, mientras que los precios se incrementaron a un ritmo anual del 0,9%, perdiéndose por tanto poder de compra.

En cambio, durante la etapa actual el salario medio ha crecido a un ritmo medio anual del 2,4% y los precios al 0,2%. El crecimiento salarial ha sido más rápido entre los que ganan menos: 4,2% anual entre el 10% que gana menos y 5,5% anual en el siguiente decil (frente al 0,5% y el 0,7% respectivamente de la etapa anterior).

Es obvio que la importante subida del SMI y el despliegue del acuerdo de negociación colectiva a partir del año 2018 tienen mucho que ver. También que esta variable se sumerge en la incertidumbre provocada por el disparatado aumento de la inflación del último cuatrimestre de 2021.

Si recurrimos al Índice de Precios del Trabajo (estadística del INE) el dato es concluyente: la pérdida de poder de compra por realizar el mismo trabajo que en 2008, se mueve entre el -9,5% de 2013 y el -6% de 2018.

En conclusión, las políticas laborales desplegadas en los últimos años se sitúan en la antítesis de las ejecutadas tras la crisis financiera del 2008 y sobre todo la crisis del euro a partir de 2011. Esto no quiere decir que se hayan resuelto los problemas endémicos de nuestro modelo laboral que debiera ser el gran reto para generar empleos de mayor calidad y estabilidad, además de para incentivar los mejores proyectos empresariales en un contexto de -se supone y esperemos- cambios de calado en la composición sectorial del tejido productivo español.

Frente a la apuesta por la caída de los salarios, el ajuste de plantillas en las empresas, la precarización de la contratación, la deserción del poder público en respuestas integrales a las crisis de empleo, por primera vez en mucho tiempo se abre una vía distinta. Y no, no es solo una cuestión española, ni del marco de diálogo social, ni del gobierno de España. Puede ser algo más. En la Unión Europea, al menos de manera temporal, se ha instalado un cambio de enfoque sobre las políticas laborales: ahí están las propuestas de directivas sobre salarios mínimos, transparencia salarial, trabajo en plataformas, o los ya citados programas SURE. Pero eso para otro día.

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