Con motivo de su 37 aniversario la revista «El Nuevo Lunes» nos solicitó un artículo sobre los «Pactos necesarios para el año 2018». Junto con representantes del resto de Agentes Sociales, el Gobierno, la política o la empresa. Esta fue la reflexión.
Los pactos necesarios tienen que ver con las principales deficiencias que en el ámbito socioeconómico detectamos en España. Una buena forma de aproximación podría ser analizar algunas de las características propias que han tenido las crisis económicas y su especial afección a la mayoría trabajadora del país, para desde ese análisis orientar algunos de los pactos a impulsar.
Cuando nos referimos a pactos, nos estamos refiriendo a pactos de largo alcance con una dimensión político-partidaria que debiera aparejar un cierto consenso inter-institucional; pero también a pactos de carácter social y que por tanto incluyan a las organizaciones representativas del mundo del trabajo y la empresa: sindicatos y patronales. Vivimos en sociedades complejas en las que conviven legitimidades cruzadas, y esto no se debiera olvidar si se quieren abordar los retos estratégicos que tenemos.
Sin ánimo exhaustivo situaría dos elementos centrales. El primero, hemos contado históricamente con 
un tejido productivo incapaz de generar el empleo suficiente. Incluso en épocas de bonanza nuestra tasa de desempleo estaba netamente por encima del entorno europeo. Por si esto fuera poco, el comportamiento del llamado “mercado laboral” ha sido en España algo así como maniaco-depresivo. Mucha contratación (precaria en buena medida) en periodos de crecimiento y muchos despidos de personas trabajadoras en las recesiones.
En segundo lugar hemos tenido un país con unas balanzas descompensadas. Nuestros déficits entre la capacidad exportadora e importadora han sido compensados con el recurso al endeudamiento externo, induciendo burbujas especulativas y de sobreendeudamiento que dopaban un sistema fiscal raquítico. Esto tiene un efecto importante en las deficiencias de nuestros sistemas de protección social, elementos vertebradores fundamentales para fortalecer la cohesión y la convivencia.
De estos déficits se deducirían los principales espacios de pacto necesario:
Un fuerte impulso a la mejora del tejido productivo en un momento en el que los retos tecnológicos y de adecuación de sistemas de trabajo van a ser determinantes. Necesitamos impulsar políticas sectoriales e industriales que generen sinergias entre el conjunto de administraciones públicas y los agentes económicos en cuestiones tales como la innovación, la internacionalización o la dimensión de las empresas.
Asociado a esto es necesario un pacto educativo que entre otras muchas cuestiones, integre el conjunto de sistemas de formación. La formación reglada (Universidad o Formación Profesional) tiene que tener pasarelas permanentes con los subsistemas de formación para el empleo. El paradigma de la formación como una fase al inicio de la vida laboral está ya superado por la formación y el aprendizaje permanente, donde la experiencia adquirida en el propio desempeño del puesto de trabajo debiera jugar un papel mediante sistemas dinámicos de acreditación.
El segundo gran aspecto tendría que ver con las instituciones socio-laborales. El objetivo de política económica de la devaluación salarial que se impuso en España desde 2010 ha provocado una desvertebración del modelo de negociación colectiva, que es un serio hándicap para el funcionamiento óptimo de un sistema de relaciones laborales, si entendemos este como una institución social y no como un mercado más de libre asignación del factor demanda y oferta. Es necesario recuperar el valor del convenio colectivo como un elemento de asignación de riqueza que refuerce los salarios y sea el campo óptimo para pactar colectivamente las adaptaciones que las empresas y sectores van a requerir. Pensar que las transiciones de empleo van a hacerse sin agentes sociales vertebrados es un error conceptual de posibles graves consecuencias.
Junto con la negociación colectiva, el sistema de contratación en España debe variar. Las empresas utilizan la contratación temporal y el despido prácticamente libre como fórmula de ajuste al ciclo. Este sistema debe ser sustituido por otros modelos donde las variaciones de demanda se hagan sin recurrir al despido (o como último recurso), adaptando otras variables (tiempo de trabajo, jornada, etc.). El marco regulatorio y de incentivos públicos tiene que ser radicalmente distinto al actual, donde se ha facilitado de forma extrema el despido a la vez que la modificación de condiciones laborales por parte del empresariado.
Y por último es necesaria una profunda revisión fiscal. España tiene un diferencial de más de 7 puntos sobre PIB en presión fiscal. Este modelo es insostenible y limita seriamente la capacidad de hacer políticas contra el ciclo económico. La persecución del fraude y la elusión fiscal se presentan como retos necesarios, porque el problema está más ligado a los tipos efectivos de recaudación que a los tipos nominales. Sobre la base de recorrer ese diferencial fiscal (o parte de él en un primer momento) se requiere un consenso para mejorar el sistema de protección social. Servicios públicos, sistema público de pensiones, dependencia y la necesidad de una renta de mínimos, son hoy debates necesarios y abordables. La desigualdad es un disolvente corrosivo de las democracias.