(Artículo publicado en Expansión)
La elecciones generales han contribuido a despejar un panorama político que amenazaba con riesgos serios para la convivencia en España. La extrema polarización en la inédita competencia entre las “tres derechas” había embarrado el debate político en cuestiones como los derechos cívicos y de igualdad o en uno tan potencialmente incendiario como el territorial.
Las propuestas en materia socioeconómica también se habían deslizado hacia la demagogia. Sirva como ejemplo, la propuesta de bajada generalizada de impuestos que nos condenaban a un proceso de recortes sociales con pocos precedentes o a un rápido deterioro de nuestro cuadro macroeconómico.
Sin embargo, el resultado electoral abre una ventana de oportunidad para abordar dos retos socioeconómicos fundamentales desde una visión progresista: La lucha contra la desigualdad y la adecuación institucional necesaria para afrontar el cambio en las formas de producir, distribuir e incrementar la productividad de nuestro tejido económico.
Los dos retos van ligados y requieren de actuaciones de impacto y otras de carácter estratégico. Para CCOO, la corrección de los efectos de las últimas reformas laborales -particularmente la de 2012- debe ser una condición necesaria y anterior para abordar la renovación de un Estatuto de las Personas Trabajadoras en el siglo XXI. Los procesos de mercantilización del empleo y de externalización de riesgos empresariales a través de una pluralidad de viejas y nuevas prácticas, demandan fortalecer marcos de intervención sindical.
La negociación colectiva sectorial articulada con la de empresa es indispensable para gobernar los procesos de digitalización e incorporación de tecnología aplicada en los procesos productivos. También para planificar las necesidades de formación permanente y adecuación de competencias y habilidades. En el modelo ideológico que subyace tras las reformas laborales pensadas para la caída salarial, estos planteamientos se convierten en voluntaristas. Son reformas resignadas para un país periférico en la división internacional del trabajo y que se proyecta a si mismo como un competidor en términos de bajos salarios y precariedad permanente.
La reforma del sistema de pensiones debe pasar por la derogación de la efectuada sin consenso por el PP en 2013. Se concibió para disminuir las pensiones del futuro como una forma de ajuste del déficit público. Craso error. El sistema público de pensiones tiene que recuperar su lógica de adecuación propia, no sometida a la tensión puntual de un país semi-intervenido como era la España de 2013.
Ante la certeza de un incremento del gasto por la jubilación de más pensionistas, con una esperanza de vida media mayor y prestaciones más altas, toca mejorar la estructura de ingresos. La perspectiva debe ser una financiación de un sistema público, de reparto y suficiente para las próximas tres décadas. Y esto requerirá de cotizaciones (su cuantía dependerá de cuánto empleo se genere y con qué salarios) y de ingresos adicionales que deberán proceder de la imposición general del estado. La renta disponible de 14 millones de españoles dependerá de la suficiencia del sistema público. La idea de sustituirlo por uno de capitalización, supondría no solo algo rechazable desde un punto de vista de modelo social. También un enorme riesgo macroeconómico como país.
Y desde luego una revisión de la política fiscal en España es necesaria. El diferencial de presión fiscal con la zona euro es de 8 puntos de PIB. Esta enorme cantidad de recursos de los que no disponemos como país, condicionan la debilidad de nuestro estado social, la falta de inversión suficiente en I+D+i, o de desarrollo territorial. Es un factor de polarización social determinante.
Todos estos retos hay que abordarlos desde una visión progresista y ahora es posible. Mediante acuerdos de Gobierno fuertes, de base parlamentaria amplía y con fórmulas que garanticen el cumplimiento y monitorización de lo acordado. Con un papel determinante de los espacios de diálogo social. Con la necesaria apertura de miras al conjunto de los grupos en aquellas políticas estratégicas que trascienden de una legislatura, o de la ejecución de una administración en un estado fuertemente descentralizado.