Artículo publicado en eldiario.es el 28 de octubre de 2019
La distribución de la renta es necesaria desde la lógica de la eficiencia económica, además del elemento dorsal de la reconstrucción de un contrato social que evite las diversas derivas reaccionarias que nos amenazan.
Se han agudizado en los últimos años en Europa varios debates y conflictos sobre modelos territoriales y riesgos de fragmentación de espacios políticos. El terremoto del Brexit es el ejemplo más evidente y la situación en Catalunya el más cercano. Paralelamente, de forma más implícita o más obvia, se plantean debates sobre modelos fiscales y de financiación entre distintos ámbitos institucionales. La negativa alemana a políticas de transferencias en Europa o el debate pendiente de la financiación autonómica en España, son dos ejemplos. Los términos del debate se están “territorializando” y “des-clasando” y corremos el riesgo de perder referencias fundamentales sobre los verdaderos ejes del problema, que tendrían que versar sobre la suficiencia y la progresividad fiscal.
El año que viene se cumplirán 10 años, una década, del estallido de la crisis financiera con la caída de Lehman Brothers. Han pasado ya 7 del giro a las políticas de austeridad compulsiva como receta de ricino para los países con mayores índices de sobreendeudamiento. Y han trascurrido 5 años desde la reforma laboral de 2012, que terminaba por concluir la reformulación del sistema de garantías y equilibrios propios del derecho laboral y la negociación colectiva iniciado en 2010.
Trabajo para la revista Grand Place, de la Fundación Mario Onaindia.
En los últimos años hemos asistido a sucesivas reformas de la legislación laboral en España, que han tenido como objetivo prioritario la devaluación salarial. Este objetivo se ha buscado a través de la desvertebración de la negociación colectiva, priorizando el ámbito de la empresa como el idóneo para fijar condiciones de trabajo (y particularmente “el precio del trabajo”) y por tanto, quitando capacidad a los ámbitos sectoriales para auto-regular la propia negociación colectiva. Y para terminar la lógica de las reformas se ha pretendido a su vez, debilitar el papel de los agentes sociales como interlocutores necesarios, por ser incompatibles con ese proceso des-regulatorio para la caída salarial.
Desde el inicio de la crisis económica y de forma especial desde el año 2.010 la estrategia hegemónica frente a la crisis ha pasado por una intensa devaluación interna. Esta estrategia tenía y tiene dos patas fundamentales. Una relacionada con el acelerado proceso de consolidación fiscal, según la cual había que corregir de forma acelerada y con efectos recesivos, los desvíos presupuestarios ante la creciente dificultad de financiar los déficits públicos en los mercados de capitales.
