Artículo publicado en Infolibre el 24 de enero de 2019
El acuerdo para subir el Salario Mínimo a 950 euros en el año 2020, es una buena noticia. Lo es en primer lugar para las personas con rentas salariales más bajas que ven mejorada su retribución en un 5,5%. Son dos millones de personas que responden a la siguiente caracterización: mayoritariamente mujeres, de edad entre 16 y 34 años, del sector servicios y que trabajan en Extremadura, Andalucía, Canarias y Murcia. Una buena noticia que debe ser matizada. Es necesario que el SMI cada vez afecte a menos personas, porque sus salarios se rijan por convenios colectivos en mejores condiciones.
El SMI era hasta hace pocos años una cuestión poco relevante. Apenas ocupaba espacio mediático y se solventaba con una actualización anual, en la que el Gobierno de turno se dirigía por carta a los sindicatos y organizaciones empresariales para “proceder a consultas”, antes de decretar unilateralmente la subida pertinente a mediados de cada mes de diciembre.
La razón era que el impacto del SMI en los sueldos reales era muy reducido. Los convenios colectivos, que en España tienen una altísima tasa de cobertura -en torno al 90% de las personas trabajadoras tienen históricamente uno de referencia-determinaban una red de seguridad salarial que relativizaba la importancia del Salario Mínimo.
Volviendo a España, la subida del SMI en estos últimos años ha estado rodeada de polémica y mensajes catastrofistas sobre sus efectos en la destrucción de empleo.
Sin embargo, la gestión de la crisis desde el “austericidio” ha cambiado esta situación. Las últimas reformas laborales ponen en riesgo la pervivencia del convenio colectivo, otorgan una enorme capacidad al empresariado de devaluar los salarios y dejar de aplicar las condiciones laborales acordadas, y han desequilibrado la correlación de fuerzas entre sindicatos y patronales en el gobierno de las relaciones laborales.
Según datos del INE, la caída de el salario por realizar el mismo trabajo cayó un 10,8% real entre 2008 y 2017. Pero esta caída se dio sobre todo en los percentiles salariales más bajos, es decir, en el 30% de las personas con sueldos ya de por si menores. Esta dinámica no es exclusiva de España. La gran potencia económica europea, Alemania, no contaba con un SMI hasta el año 2015 y no se veía como necesario ni siquiera por parte de los sindicatos de aquel país.
Sin embargo las distintas reformas del gobierno Schröder y la proliferación de “minijobs”, empleos precarios, bajos salarios y pérdida de cobertura del convenio colectivo (hoy por debajo del 50% de los trabajadores/as) encendieron las alarmas. Se legisló, ya en tiempos de Merkel, la creación de un salario mínimo que hoy se sitúa en más de 1.500 euros mensuales en 12 pagas anuales. Hablamos de una de las principales economías exportadoras del mundo.
Volviendo a España, la subida del SMI en estos últimos años ha estado rodeada de polémica y mensajes catastrofistas sobre sus efectos en la destrucción de empleo. Predicciones del Banco de España o de la AIREF (que luego rectificó honestamente, lo que hay que poner en valor) auguraban pérdidas netas de empleo y finalmente la crítica se ha reducido a dos sectores. El servicio doméstico y el campo.
la escasa e ineficaz dimensión de nuestro tejido empresarial, se ha acentuado un proceso de externalización de riesgos empresariales a través de estrategias de subcontratación, que las más de las veces se producen para rebajar costes en general y salariales en particular
Alegar que una subida del SMI provoca economía sumergida y utilizar para ello un sector como el de las empleadas de hogar, no es de recibo. Este es un sector donde miles de mujeres que en realidad realizan trabajos de cuidados, de limpieza, o ambos, debieran regirse por unas relaciones laborales con plenos derechos y radicalmente distintas al concepto actual.
El otro sector-coartada ha sido el agrario. Para empezar hay que desmentir que tras la subida del SMI a 900 euros, con un alza del 22%, se haya destruido empleo agrario. La afiliación al Sistema Especial Agrario en alta por jornadas reales, es decir ocupados, se aceleró en 2019 un 1,6%, por encima del ritmo observado el año anterior que se quedó en un 0,9%. Pero es que además el problema del sector agrario en España es estructural, y tiene que ver con una determinación de precios dominada por el poder de las distribuidoras y cadenas de venta, que junto a los precios de importación, someten a las explotaciones de nuestro país a precios ínfimos por los productos agrarios (precios que luego se incrementan en el mercado al consumidor por cinco…).
Pero conviene abrir un poco la reflexión porque la evolución de los salarios más bajos se va a relacionar con la fragilidad de muchos proyectos empresariales, para situarnos en una tesitura: salarios o empleo. Se pondrá como ejemplo una cafetería de Almendralejo, una zapatería de Pontevedra, o un autónomo de una zona rural de una provincia despoblada. El problema es más complejo.
Se ha favorecido un modelo de externalización productiva que está pensado no para hacer mejor, sino para hacer más barato.
El tamaño medio de la empresa en España es un problema para nuestro país. La dimensión media de nuestras empresas dificulta el acceso a la financiación, la formación permanente, o los procesos de mejora en las formas de trabajo, como acertadamente describía Joan Coscubiela en un reciente artículo. También limita el peso de nuestro sector exterior, aunque es cierto que el porcentaje de empresas y de PYMEs que exportan se ha incrementado de una forma muy notable en los últimos años.
Pero es que además de la escasa e ineficaz dimensión de nuestro tejido empresarial, se ha acentuado un proceso de externalización de riesgos empresariales a través de estrategias de subcontratación, que las más de las veces se producen para rebajar costes en general y salariales en particular. Empezando por las propias administraciones públicas, que en muchos casos han licitado actividades de su responsabilidad a precios temerarios, y siguiendo por empresas de todos los sectores, donde partes crecientes de su actividad son ejecutadas por otras empresas con las que conciertan un contrato mercantil que conlleva mermas salariales.
Esta estrategia de devaluación salarial ha sido incentivada por las reformas laborales del periodo entre 2010 y 2015. Han permitido que convenios de empresa reduzcan los salarios recogidos en los convenios sectoriales, hasta entonces de mínimos. Las normas sobre indexación en el sector público impiden una actualización de los contratos mercantiles para garantizar una revisión de los salarios al alza. Los procedimientos para dejar de aplicar el convenio colectivo, el pacto de empresa, o modificar el contrato de trabajo, se han relajado hasta el punto de permitir comisiones designadas en la empresa (y muchas veces por la empresa) permiten dejar de aplicar un convenio sin que sea posible comprobar si había causa para ello o la proporcionalidad de la rebaja salarial adoptada.
El gobierno conformado por PSOE y UP debe emprender una agenda reformista que recupere vínculos colectivos desde la mejor distribución de la base material del país. Salarios, fiscalidad, servicios públicos y protección social.
La empresa ha desintegrado su cadena de valor, y muchas de las PYMES y Micropymes de nuestro país trabajan para otras empresas que les facturan en términos leoninos y objetivamente, les dificultan sus márgenes empresariales y el pago de salarios adecuados.
Se ha favorecido un modelo de externalización productiva que está pensado no para hacer mejor, sino para hacer más barato. Y se ha incentivado una dimensión de empresas en España poca adecuada para los retos estratégicos que de verdad mejoren la productividad positiva en nuestro país. La que provenga de la inversión tecnológica, la digitalización de los procesos de producción, la reducción del poder de los oligopolios para fijar precios o la formación permanente, por citar algunos.
Hay que internalizar ese proceso de externalización precarizante. Que el precio del trabajo deje de ser un incentivo para realidades tan sangrantes como las conocidas en los establecimiento hoteleros. En años de facturación record como los que hemos vivido, pagaban salarios bajísimos y cargas de trabajo altísimas, para mujeres que trabajaban en empresas multiservicios con convenios de empresa.
Para ello reivindicamos la reversión de la reforma laboral y por ello acordamos un salario mínimo de convenio de 14 mil euros, y un SMI de 950 euros, en la idea de que alcance el 60% de la media salarial.
Reducir la desigualdad, recomponer herramientas de interés y solidaridad compartida en una clase trabajadora segmentada de forma múltiple. El gobierno conformado por PSOE y UP debe emprender una agenda reformista que recupere vínculos colectivos desde la mejor distribución de la base material del país. Salarios, fiscalidad, servicios públicos y protección social. Y hacerlo no desde el monólogo, sino desde el diálogo que siempre implica renuncias. El mejor antídoto ante la tentación reaccionaria. Y la subida del SMI, su resultado y su proceso, es un buen comienzo.