Artículo publicado en el digital Demócrata, informacion parlamentaria
Se ha analizado con cierta profundidad las consecuencias del rechazo a la tramitación del proyecto de ley para la reducción de la jornada legal de trabajo por parte de la mayoría parlamentaria que han configurado a estos efectos el PP, VOX y Junts.
Básicamente desde el punto de vista laboral, social y económico, como es obvio. Hablamos de una medida que habría afectado, en mayor o menor medida, a unos 12 millones de personas trabajadoras. Pero ha pasado más desapercibida la evaluación del talante democrático que subyace en una decisión de esta naturaleza. Porque lo que se ha rechazado no es en sí la reducción del tiempo de trabajo, sino la toma en consideración de un proyecto de ley avalado por un acuerdo entre el Gobierno y las organizaciones sindicales mayoritarias, de una medida demoscópicamente avalada por más de dos terceras partes de la ciudadanía española.
Mediante la decisión de votar conjuntamente una enmienda a la totalidad contra la ley, las tres derechas han pretendido quitarse de encima un debate que les molesta soberanamente. Sin duda en la tramitación parlamentaria hubieran podido articular enmiendas que habrían podido modificar notablemente el texto y, de no haberlo logrado, siempre hubieran tenido la posibilidad de votar definitivamente en contra del texto final, garantizando su no aprobación.
¿Por qué no lo han hecho así? Porque su visión ideológica, económica y de clase es distinta a la de la mayoría social incluso entre sus propios electorados. Y para soslayar esa contradicción han preferido no deliberar democráticamente. Un Parlamento que no parlamenta sino que cruza eslóganes y lugares comunes. Empobrecimiento democrático en vena…
Por otro lado, los grupos políticos —y en este terreno no tienen la exclusiva los de derecha o extrema derecha— suelen despreciar la potencia de legitimación democrática de los acuerdos y las negociaciones en el marco de la concertación y el diálogo social.
Es verdad que la reducción de jornada no contó con el acuerdo empresarial (tras once meses de negociación, conviene no olvidarlo), pero cabe recordar el estrambótico episodio de la convalidación de la reforma laboral. Allí sí hubo un pacto tripartito que no sirvió para concitar una mayoría parlamentaria incontestable. Fue el voto erróneo del diputado Casero el que permitió la aprobación de una norma que ha generado unos buenos resultados en términos laborales y económicos.
Visión exclusivista de la potestad legislativa
En España hay una tendencia en los partidos —unos más que otros— a asumir una visión exclusivista de la potestad legislativa. Y esto casa mal con el andamiaje constitucional español, que sitúa a los agentes sociales como organizaciones legitimadas desde el artículo 7 del título preliminar para la defensa de los intereses que nos son propios. Obviamente, Comisiones Obreras no cuestiona en modo alguno la legitimidad de los partidos y poderes públicos para el ejercicio de sus competencias. Así lo mandata una norma constituyente por la que los nuestros incluso dieron la libertad y la vida. Pero exigimos reciprocidad en ese sentido.
El marco del diálogo social es un espacio de cualificación democrática en materias sociolaborales y económicas de primer orden, en un sistema de legitimidades complementarias propia de una democracia social y avanzada. En el caso de los sindicatos cabe recordar, además, que somos una democracia dinámica en decenas de miles de unidades electorales donde los trabajadores y trabajadoras eligen democráticamente. Media docena de auxiliares administrativos o de oficiales de segunda, o de ingenieras, pueden elegir una representación sindical en su empresa legitimada para negociar una norma (el convenio colectivo, por ejemplo) exigible ante un tribunal.
Esa alquimia democrática existe en nuestro país y no en menor cuantía. Son más de 300 mil los representantes de personas trabajadoras elegidos mediante sufragio directo en sus centros de trabajo para ejercer la actividad de representación sindical. De ellos, 112 mil lo hacen bajo las siglas de CCOO. El sindicalismo es pues la mayor red democrática que existe en España.
Una capilaridad lograda por ser capaces de extendernos en la mayor parte del tejido productivo, en todo tipo de empresas. Esto nos permite ejercer una tarea granular y muy adaptada a las distintas realidades (de empresa, sectoriales, territoriales), que además se constituye como sindicato general, confederal y de clase. Una intervención multiescalar que va desde el más pequeño taller u oficina, hasta la interlocución con el Gobierno de turno en cada ámbito institucional.
Ese es el modelo constitucional español y no otro.
Conviene recordarlo en tiempos de riesgo de regresión democrática, y donde la amenaza de regímenes autoritarios asola a la mayor parte del mundo, incluidas las grandes potencias que dirimen el actual régimen geoestratégico que vivimos. Defender el sindicalismo es defender la democracia.