https://unaisordo.com/wp-content/uploads/2020/03/logotyfa-960x600_c.png

Reconstruir un contrato social en el Siglo XXI


Artículo publicado en Le Monde Diplomatique en Español.

El primer gobierno de coalición en España desde la segunda república tiene numerosos retos en materia social y laboral, derivados de una doble dinámica. La primera la arrastrada por los efectos de las políticas de austeridad aplicadas en nuestro país en la última década, con particular intensidad en el lustro que va desde el año 2010 al 2015.

La segunda por la necesidad de emprender una profunda agenda reformista ligada a las importantes mutaciones que afectan a España, como son las relacionadas con el reto demográfico y envejecimiento poblacional, el proceso de digitalización que de una manera u otra afecta a una buena parte de los procesos productivos, o las consecuencias de la transición a una economía baja en emisiones. 

Coser las costuras sociales de España, evitando tentaciones reaccionarias por un lado y de “política centrífuga” por otro, requiere entre otras cosas, recomponer la base material a través de la distribución de rentas y la recuperación de garantías

Como es sabido España sufrió las consecuencias de una políticas de devaluación interna desde el año 2010, que pretendían mejorar los saldos externos de nuestra economía, mediante una depresión salarial, y un ajuste de las cuentas públicas que deterioró nuestro modelo de protección social de forma importante.

Hoy nuestra sociedad es más desigual, y ha atravesado una profunda crisis no solo económica, sino social y política que ha afectado a los vínculos colectivos y la legitimidad de los sistemas de mediación y representación democrática. Coser las costuras sociales de España, evitando tentaciones reaccionarias por un lado y de “política centrífuga” por otro, requiere entre otras cosas, recomponer la base material a través de la distribución de rentas y la recuperación de garantías en un modelo de protección social que haga frente a las contingencias vitales de las personas, que no deben ser resueltas mediante la provisión del mercado.

Para todo ello, hace fala acertar en los análisis previos.

Poco que ver con la situación de 2010

La situación económica de España tiene poco que ver con aquella que llevó al volantazo de Rodríguez Zapatero en 2010, -“cueste lo que cueste, y me cueste lo que me cueste”- cuando inauguró el lustro del austericidiopromovido desde los poderes centrales europeos.

España sufría entonces profundos desequilibrios que agravaron los efectos de la crisis financiera y la recesión internacional. Nuestro país tenía un déficit exterior equivalente al 10% del PIB, compensado con una enorme proceso de endeudamiento en gran parte ligado a la burbuja de precios inmobiliarios, lo que desequilibró nuestra estructura productiva, afectando a entidades financieras, familias y empresas no financieras. El nivel de endeudamiento de todos los sectores privados de nuestra economía era altísimo y sostenía una demanda interna y una exuberancia fiscal que pronto se demostró con pies de barro. 

El deterioro de la burbuja fue de tal calibre y la debilidad de nuestro sistema fiscal tan patente, que pasamos a un déficit público del 11% en apenas dos años, y un incremento constante de la deuda pública hasta casi 100% del PIB. La caída de recaudación fiscal en España entre 2007 y 2009 fue de 6,6 puntos de PIB: el equivalente al 66,4% de todo lo que se perdió de recaudación en esos dos años en el conjunto de la zona euro. 

Esa devaluación interna supuso una ingente transferencia de recursos a las empresas y a las entidades financieras. Hoy el sector privado en España han reducido su nivel de endeudamiento en 600 mil millones de euros –del 230 al 130% del PIB-.

El resto de desequilibrios también han sido reconducidos con un déficit público en torno al 2%, y un saldo exterior mucho más positivo incluso en este momento de ralentización del comercio mundial.

Pero todo este proceso de ajuste se ha hecho consolidando una serie de medidas y reformas que están provocando una desigualdad estructural en nuestro país. La precarización del empleo, con las tasas de temporalidad más altas de Europa, o la gran dificultad que estamos teniendo para incrementar los salarios, son consecuencia de unas políticas laborales y fiscales al servicio de la devaluación interna del periodo 2010-14.

Corregir el austericidio

Hoy deben ser corregidas por justicia social y eficacia económica, ya que las consecuencias de operar con tales reformas en un periodo en el que necesitamos que nuestra demanda interna compense la ralentización global, son evidentes:

Mientras nuestro país recuperaba en el inicio de 2017 el nivel de producción previo a la crisis, y las empresas han aumentado su márgenes un 10% desde 2008 (las manufactureras un 22%), la masa salarial no ha empezado a incrementarse de una forma notable hasta el último trimestre de 2018. 

Mientras las empresas no financieras, después de pagar a proveedores, nóminas, impuestos, dividendos e invertir, les sobraban en el año 2018 unos 30 mil millones de euros –destinados en gran parte a la economía financiera-, los salarios, particularmente los más bajos, seguían en un vía crucis enfrentado con dificultades desde la negociación colectiva y el alza del SMI hasta los 900 euros mensuales.

Hay que canalizar estos excedentes a la economía real y para ello es necesaria la corrección de las reformas laborales concebidas “como un instrumento al servicio de una concreta política económica y social del Gobierno” como afirma la sentencia del Tribunal Constitucional que avala la constitucionalidad de tan regresiva norma. También de un tratamiento distinto del Impuesto de Sociedades, cuyo tipo efectivo ha pasado del 22,7% de principios de siglo a poco más del 10% de los beneficios empresariales en la actualidad. 

España tiene que corregir en profundidad todos los aspectos centrales de las últimas reformas laborales. Recuperando la capacidad de autoorganización de la negociación colectiva. Impidiendo la pérdida de vigencia de los convenios colectivos y regulando convenientemente los procesos de externalización productiva. Hoy estos procesos están más pensados en la ingeniería empresarial como una forma de abaratamiento de costes laborales, que de mejora en la especialización productiva.

Debemos corregir la deriva neo-autoritaria de las reformas laborales que han reforzado la potestad empresarial para modificar las condiciones laborales, a veces de forma unilateral y sin garantía alguna. En línea contraria, hay que impulsar formas de participación sindical que eviten abusos y que sirvan para que la adaptación de las condiciones de trabajo respondan a necesidades reales para fortalecer empleo, en un momento de rápidos cambios en la forma de trabajar.

El reto de estabilizar el empleo es evidente. España es uno de los países con mayor paro de Europa y el “campeón de Europa” en temporalidad. Hay que causalizar convenientemente los contratos haciendo del contrato indefinido el habitual, desincentivando el despido como forma ordinaria de ajuste de las empresas, y persiguiendo el fraude.

Toda la legislación laboral de los últimos años ha tenido la tendencia de impulsar la externalización de riesgos de las empresas a múltiples formas de precariedad. Toca internalizar riesgos mejorando la calidad del empleo y distribuyendo los excedentes empresariales.

Otra línea de retos tiene que ver con la protección social. Particularmente el sistema público de pensiones. España enfrentará en poco tiempo la jubilación de las cohortes del “baby boom”.Tendremos tres millones más de personas jubiladas, que previsiblemente cobrarán la pensión durante más años, y que cobrarán pensiones más cuantiosas. Ese importante incremento de gasto que se dará hasta el año 2048, se puede resolver por dos vías: reduciendo la pensión media o incrementando los recursos para cubrir pensiones públicas suficientes.

retos para este Gobierno que se pueden resumir en la lucha contra la desigualdad y la precariedad laboral y vital por un lado, y de adaptación de nuestro marco regulatorio e institucional en un momento transicional de riesgos y oportunidades.

La apuesta de CCOO, obviamente, es mejorar la estructura de ingresos de la seguridad social y para ello el abanico de medidas a tomar es amplio. Imputar gastos de funcionamiento ordinario de la seguridad social a los PGE, avanzar en que las cotizaciones sociales en el régimen de autónomos correspondan a los ingresos reales, destoparprogresivamente las bases máximas de cotización, o dejar de utilizar las cotizaciones sociales como políticas de empleo a través de bonificaciones en la contratación, supondrían de por si una importante reducción del diferencial entre los ingresos de cotizaciones sociales y gasto en pensiones contributivas.

Con todo, a lo largo de estos años habrá que hacer aportaciones adicionales para mantener pensiones públicas suficientes. Un pilar de nuestro estado social, pero también un factor de estabilidad macroeconómica de primer orden, como se ha demostrado en la última crisis.

El modelo social español pasa también por un refuerzo de la atención sanitaria con especial énfasis en la atención primaria, yendo más allá de un modelo hospitalocéntrico. Esto requiere de un incremento de las dotaciones presupuestarias hasta el 7,2% del PIB, destinando el 25% a la atención primaria. El desarrollo de la atención a las situaciones de dependencia es otro reto estratégico con importantes repercusiones y sesgos de género. La brecha salarial en España tiene mucho que ver con la mayor discontinuidad de las carreras profesionales de las mujeres, y éstas en gran parte se cortan en los periodos ligados a los cuidados de personas, niños y otras personas dependientes, habitualmente atendidas por mujeres que ven deteriorados sus salarios y sus futuras pensiones.

Los retos  para abordar los cambios tecnológicos y productivos dependen entre otras muchas cuestiones de las políticas de formación permanente y de previsión sectorial. España es un país con una escasa base industrial, irregularmente instalada a lo largo y ancho de nuestra geografía. Además nos hemos convertido en un país subalterno sin apenas matrices de decisión industrial, lo que en un momento de ralentización comercial al calor de políticas neoproteccionistas y un surgimiento de nacionalismos económicos, nos sitúa en una zona de riesgo que no puede resolverse por el habitual recurso a la devaluación interna.

Por ello las políticas sectoriales destinadas a prever los cambios y mutaciones -en un contexto de creciente digitalización y de consecuencias del cambio productivo ligado a la transición ecológica- y así canalizar e incentivar virtuosamente la inversión pública y privada, se antoja decisiva. 

También la mejora de los sistemas de formación permanente serán decisivos. El paradigma de la formación en la fase inicial de la vida, que luego combinada con la experiencia profesional habilitaba para el ejercicio profesional hasta la jubilación, ha quebrado. Hoy, a lo largo de la vida laboral de una persona, la irrupción de las tecnologías digitales y sistemas de trabajo evolucionará a tal velocidad, que requerirán de un aprendizaje permanente, y una adecuación de competencias. Y esto exige que los subsistemas de formación actúen de forma coordinada. La formación reglada, la formación para el empleo y los sistemas de reconocimiento de las cualificaciones profesionales por la vía de la experiencia profesional, deben ser como una orquesta afinada, y no actuar como instrumentos disonantes en direcciones opuestas, o cuando menos poco cooperativas.

En definitiva, retos para este Gobierno que se pueden resumir en la lucha contra la desigualdad y la precariedad laboral y vital por un lado, y de adaptación de nuestro marco regulatorio e institucional en un momento transicional de riesgos y oportunidades. La cohesión y la justicia social deben ser principios rectores de la acción de gobierno.

Y este cruce de caminos debe hacerse desde el marco de diálogo social, considerando el papel constitucional de las organizaciones sindicales, y de nuestro nivel de penetración en la sociedad y la empresa española. 

Secciones