Resulta incomprensible la negativa de las organizaciones empresariales a que en España exista un observatorio de márgenes empresariales. Un mes antes de que el Gobierno anunciara la creación de este observatorio reclamado por CCOO, los sindicatos ya habíamos hecho una propuesta para facilitar un acuerdo salarial: contar con un indicador público que diera información fehaciente sobre la situación económica de las empresas afectadas por los convenios colectivos que negociamos.
¿Quién se puede oponer a tener información económica sobre la marcha económica de un sector? Y más cuando los sindicatos hemos admitido que las cláusulas de revisión salarial se puedan ligar no solo al IPC sino a la marcha económica de las empresas. Claro, siempre y cuando esta marcha económica se pueda contrastar con datos fiables. ¿Se puede debatir cómo configurar ese indicador? Claro, faltaría más.
No hablamos de ninguna injerencia del poder público en la negociación colectiva, que es competencia de sindicatos y organizaciones empresariales. Hablamos de utilizar el potencial que hoy dan los datos fiscales que suministran las propias empresas a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social. Hoy cada empresa tiene en sus boletines de cotización un código que la asigna a un convenio colectivo, de manera que es perfectamente posible explotar esos datos agregados. ¿Qué miedo hay a que esto, que ya facilita a nivel de país la Agencia Tributaria, se concrete en cada uno de los miles de convenios colectivos, de manera que podamos tener una información simétrica a la hora de negociar algo tan importante como los salarios?
Pero si la negativa patronal a contar con un indicador público sobre excedente empresarial o beneficios o cómo lo queremos llamar, clama al cielo, la negativa a contar con un observatorio de márgenes ya no tiene nombre. Y menos cuando las acusaciones de “intervencionismo” vienen de representantes de la pequeña empresa. ¿Qué broma es esta?
Es evidente que el incremento de los costes de la guerra en Ucrania se han imputado en buena parte a los precios al consumo. Lo dice Hacienda, el Banco Central Europeo y cualquiera que se aproxime a este análisis. Pero ¿quién ha imputado a quien? Porque es evidente que en una economía moderna, las llamadas cadenas de valor son complejas.
Hoy en la producción de un bien o un servicio intervienen múltiples actores. Empresas distintas, con distintas posiciones de dominio de mercado, y con capacidades muy variables para fijar precios e imputación de costes entre ellas. Muchas veces una gran empresa no va al mercado a ver a qué precio le ofertan los proveedores primarios y decidir con quien contrata. Es al revés. La gran empresa es la que fija el precio a los proveedores o suministradores (muchas veces empresas más pequeñas cuya viabilidad depende de seguir vendiendo a la grande) porque estos no pueden hacer nada más que aceptar o arriesgarse a perder el cliente. Lo de las lentejas. Si quieres las comes, y sino las dejas.
Estas situaciones son más comunes en sectores con grandes operadores de mercado, y no digamos ya en sectores oligopolistas que de forma más o menos evidente, pactan precios y “no se pisan la manguera”.
Por tanto si alguien tendría que tener interés en que hubiera un observatorio de márgenes empresariales debieran ser principalmente las pequeñas empresas y las organizaciones de trabajo autónomo.
La reacción empresarial a la transparencia y simetría en la información económica dice mucho de nuestro país y sus élites. Pero mucho y no bueno. España necesita políticas públicas cada vez más sofisticadas y el poder público, en este caso el Gobierno, no debe renunciar a mejorar la información disponible para adoptar las mejores decisiones.