El año que viene se cumplirán 10 años, una década, del estallido de la crisis financiera con la caída de Lehman Brothers. Han pasado ya 7 del giro a las políticas de austeridad compulsiva como receta de ricino para los países con mayores índices de sobreendeudamiento. Y han trascurrido 5 años desde la reforma laboral de 2012, que terminaba por concluir la reformulación del sistema de garantías y equilibrios propios del derecho laboral y la negociación colectiva iniciado en 2010.
Las consecuencias son conocidas y analizadas. La creación de empleo vinculada al incipiente crecimiento macroeconómico es de escasa calidad y con menores garantías legales. La pérdida de poder adquisitivo de los salarios reales es indiscutible. La parte de los salarios en el conjunto de la renta nacional ha caído significativamente.
Se han puesto las bases legales para que una de las grandes patas del estado social, el sistema publico de pensiones, pierda calidad en sus prestaciones en el plazo medio e incluso corto. En fin, es ocioso relatar aquí el conjunto de medidas anti-sociales acometidas en los últimos años (servicios públicos, prestaciones de desempleo, etc.)
Todo bajo el paradigma de que era necesaria una intensa devaluación interna como fórmula de contención o disminución de precios para competir en un mercado global, y que a la vez era necesario sanear las cuentas de resultados del sector empresarial privado para que pudiera acometer un proceso de desendeudamiento.
En estas, nos encontramos con una inflación interanual del 3% producto sobre todo de la evolución de los precios de consumos estratégicos en nuestras sociedades (hidrocarburos y energía), cuyos operadores lejos de sufrir el austericidio siguen siendo la mano que mece la cuna geopolítica.
Estos años también han sido intensos en movilizaciones sociales y en renovadas tipologías de respuesta popular. Precisamente hoy, hace 5 años, masivas manifestaciones de convocatoria sindical prologaban una huelga general para el mes de marzo de seguimiento importante, masivo en Euskadi. Y dejaban para fin de año un hito como fue el 14 de noviembre donde la huelga general en España se insertaba en una movilización de dimensión europea. Un hito que por desgracia no tuvo la continuidad necesaria pero que apuntó uno de los caminos imprescindibles a explorar.
Pero además del conflicto laboral, numerosas formas de socialización de respuestas ante los desmanes de la crisis y sus gestores, forman parte ya del bagaje anti-austeridad. Las acciones anti-desahucios probablemente sean las más relevantes. Hablamos de acciones de gran valor moral y político, pero de iniciativas reactivas, de respuesta a los golpes y con un relato tendente a la desagregación de golpeados (el concepto de «pobreza energética» es el último episodio de esta forma discutible de caracterizar los efectos del «ser pobre y no tener para pagar la luz o el gas»)
El itinerario de la austeridad y la contra-austeridad tiene un recorrido acción-reacción. Es importante valorar una cosa.
El programa de acción austericida no es «economía de guerra». No son medidas de excepción para salir del pozo que relajarán sus efectos cuando las cosas marchen mejor. Son medidas estructurales y con vocación de permanencia. Son una recomposición 
de las formulas de redistribución de renta, de disputa de poder y de asignación y garantía de recursos.
El caso de los salarios es bastante obvio. No se ha buscado una moderación o retraimiento salarial de coyuntura. Se ha desvertebrado el sistema de negociación colectiva, multiplicando el poder de decisión empresarial/patronal, y favoreciendo mercantilizar la relación laboral.
Con el sistema de pensiones no solo se ha deteriorado la estructura de ingresos con decisiones políticas (más el efecto de la tasa de paro y la caída salarial). Se han introducido dos factores, sostenibilidad y revalorización, que en su actual formulación conllevarán una caída de la pensión futura incluso aunque se mejorasen los ingresos del sistema.
Son sólo dos ejemplos, pero habría muchos más.
Las fuerzas que desde el ámbito sindical o social, pero también político, aspiren a modificar la actual deriva de las cosas, tenemos que hacer un planteamiento ofensivo. Quiere decir este «ofensivo» que no puede continuar siendo un esquema fundamentalmente reactivo.
Hace falta por tanto una batería de propuestas alternativas que en mi opinión, el mundo sindical y en concreto CCOO tiene más que acreditada. Pero hace falta también reconstruir una identidad colectiva basada en una serie de elementos aglutinantes pero racionales y cívicos. El neoliberalismo ha sido entre otras cosas, un magnífico disolvente social; ha segmentado hasta el individualismo las sociedades y ha hecho incomprensibles para la mayoría social relatos de interés compartido, donde las variables económicas tuvieran un mínimo de ligazón con propuestas «morales» sobre preferencia social.
En ese contexto, los golpeados por la crisis y sus incertidumbres vitales pueden impulsar opciones abiertamente reaccionarias. Por primera vez estamos ante versiones 2.0 no ya de populismos de derecha, como maliciosamente se dice para buscar equidistancias. Estamos ante fascismos 2.0, segregadores, que si no liquidan los contrapesos de pod
er público será porque no encuentren la correlación de fuerzas que encontraron en otros momentos históricos.
Seguramente el sindicalismo sigue siendo el perfil organizativo que más cerca puede estar de combinar esa capacidad propositiva y de identidad compartida, por la porosidad y penetración que seguimos teniendo, allí donde sólo está el sindicato. Todo ello pese a que si en algún territorio se ha impulsado la «despolitización» es el mundo del trabajo, sometido a un análisis y una regulación cada vez más econométrica.
Pero es obvio que «poder estar más cerca» no implica que se esté cerca. Todo esto desborda lo sindical, lo político o lo social, y a la vez, a todo atañe.