Los cifras del paro registrado que hemos conocido hoy 2 de octubre, arrojan el peor dato en afiliación a la seguridad social desde 2013, si bien la evolución del empleo registrado es la mejor de los últimos años. Pero en todo caso, aunque no se pueda hablar de una crisis de empleo –se crece en términos desestacionalizados- supone un síntoma más de la desaceleración económica que frena el ritmo de creación de puestos de trabajo en España –aún con una alta tasa de paro, no lo olvidemos-, al igual que otras muchas variables.
Es cierto que la ralentización de la economía, que se está transformando en recesión técnica en algunos países de la importancia de Alemania, no obedece en lo sustancial a causas internas de nuestro país. Tiene más que ver con la ralentización del comercio, producto de disputas económicas y arancelarias entre USA y China, el riesgo del Brexit desordenado, y el impacto que esto acarrea sobre el comercio mundial. Asistimos a una pugna soterrada por la protección de mercados internos en función de intereses de sectores económicos estratégicos, en un mundo donde la riqueza se distribuye de forma poco equitativa desde hace décadas y la pugna por los mercados puede estar conociendo una incipiente fase de des-globalización.
Esa es una de las principales razones por las que la desaceleración está afectando más a países cuya economía está orientada a la exportación como son Alemania u Holanda, (47% y 84% de su PIB, respectivamente) y que ya están al borde de la recesión, y afecta menos a otros como España, (34% de nuestro PIB). En nuestro país, la evolución de la demanda interna sostenida por el incremento de los salarios y la creación de empleo –de muy baja calidad, eso si- los acuerdos en la función pública o el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, constituyen una de las fortalezas que explican nuestro mejor comportamiento económico en los últimos trimestres. Sin embargo se empiezan a acumular las incertidumbres que explican por ejemplo el dato que conocíamos a finales de septiembre sobre el desacople entre la evolución de la masa salarial –que sigue al alza desde el último trimestre de 2018- y el consumo de las familias que empieza a ralentizarse de forma acusada, sobre todo en los bienes duraderos.
La incertidumbre se manifiesta en este tipo de comportamientos sobre decisiones de consumo, como se venía manifestando sobre decisiones de inversión.
Si la situación de inestabilidad y ralentización global se mantiene –y todo parece indicar que será así- los efectos impactarán en nuestra economía y nuestro nivel de empleo, como es obvio. Por ello debemos anclar y asentar nuestras fortalezas cuanto antes, para lo que las certezas políticas son un requisito necesario, y estamos como estamos…
Porque la incertidumbre en nuestro país se manifiesta en un modelo laboral perverso producto de la inestabilidad en la contratación y la rotación laboral. Hoy solo el 45% de las personas asalariadas en el régimen general de la seguridad social tiene un contrato indefinido y a tiempo completo. En el país de Europa donde más porcentaje de trabajadores sufre la contratación temporal, la media de contratos por trabajador/a temporal es de 5,5 contratos al año.
Las incertidumbres relacionadas con nuestro marco regulatorio inciden en la capacidad casi unilateral para modificar salarios que hoy tienen las empresas producto de la reforma laboral, lo que condiciona las decisiones de gasto o ahorro de la gente trabajadora; se manifiesta en la falta de controles y garantías administrativas en la ejecución de EREs de extinción que están incentivando decisiones de deslocalización de empresas multinacionales; en la inconcreción de un estatuto electrointensivo que permita un precio energético acorde con otros países de nuestro entorno; en la falta de garantía legal en la revalorización de las pensiones por más que este año la bajísima inflación pueda minimizar los efectos de este problema de cara al 2020. Etcétera.
En definitiva un montón de cuestiones sin resolver y que afectan directamente a las fuentes de ingresos de los salarios y las prestaciones sociales del 87% de la ciudadanía española que es la que tiene sus rentas regulares vinculadas a salarios, pensiones y prestaciones de desempleo.
Necesitamos por tanto certidumbres, que pasan entre otras cosas por un gobierno y una acción legislativa vigorosa.
Pero si la ralentización y el riesgo de recesión no se explican desde una “perspectiva nacional”, es obvio que abordar el problema requiere respuestas globales. Europa no puede encarar este riesgo de crisis en parámetros siquiera similares a lo que hizo en 2010. Necesitamos políticas contra el ciclo económico, que vayan más allá de las políticas de expansión monetaria –siendo estas necesarias- para pasar a las políticas fiscales y de rentas de forma decidida.
La construcción política de la zona euro tiene serias deficiencias para emprender esta política fiscal alternativa a la regresiva que conocimos en el lustro 2010-15, pero tiene márgenes para actuar. El sindicalismo europeo ya planteó en 2013 un Plan para la Inversión, el crecimiento sostenible y el empleo de calidad, que debía consistir en una inversión del 2% del PIB durante cada uno de los diez años siguientes, utilizando como instrumento financiero el Banco Europeo de Inversiones. Hoy, en la deriva renacionalizadora que se instala en buena parte de las corrientes políticas de Europa y el mundo, este planteamiento parece utópico, y sin embargo debiera ser clave para combinar una política económica digna de tal nombre en la Unión, con un proceso de relegitimación política de un proyecto inconcluso en su gobernanza interna, y con el dogal de los tratados y las formas de toma de decisiones.
Pero es que determinados países tienen amplios márgenes de actuación que deben recorrer. Alemania supone el 21% del PIB de la UE-28 y mantiene un superavit exterior del 7,4% de su PIB –conseguido en gran parte gracias a que el 40% de su saldo comercial positivo lo tiene con la propia zona euro- . Por si fuera poco mantiene un superávit del 1,7% del PIB y un nivel de deuda pública por debajo del 60%. Los países con más márgenes en sus cuentas públicas tienen que aplicar políticas de estímulo d forma inmediata.
Repetir las dinámicas depresivas en países que si bien superamos la crisis macro, seguimos lejos de hacerlo en términos de cohesión social, puede conllevar una segunda oleada de crisis social y política, de efectos impredecibles. España no necesita ni remotamente una segunda ronda de políticas recesivas. Las deficiencias que sigue teniendo nuestra economía no son las mismas que en 2008 –un inmenso déficit exterior, una burbuja de construcción inmobiliaria ligada a un proceso de endeudamiento privado externo que afectaba a entidades financieras, no financiera y familias-. Mantenemos un diferencial en presión fiscal que hay que corregir -7 puntos de PIB respecto a la media de la zona euro- que necesitamos para tener mejores servicios públicos y recursos ante las transiciones decisivas a encarar.
Pero nuestros retos tienen que ver con la modernización de nuestro aparato productivo, las reformas pendientes apuntadas anteriormente, la adecuación de nuestro sistema de formación permanente, y la corrección de las reformas pensadas para la devaluación, que han provocado una distribución injusta e ineficaz de la riqueza en España desde hace demasiado tiempo.