Cuando hace ahora un año suscribíamos la senda de crecimiento del SMI que lo situaría en 850 euros al mes el 1 de enero de 2020, era imposible prever el cataclismo político que iba a cambiar el Gobierno en apenas 6 meses. Aquel impulso al SMI pretendía intervenir directamente en los salarios más bajos de los convenios colectivos, en la idea de impulsar un alza generalizada. La caída salarial en España en los últimos años era patente, pero era especialmente grave en los salarios más bajos.
Menos de tres meses después lográbamos un importante acuerdo en la Mesa General de la Función Pública, que suponía un punto de inflexión y la recuperación de derechos en el empleo público que había sido un factor de ajuste permanente para las políticas de austeridad.
En el Acuerdo 
por el Empleo y la Negociación Colectiva de julio cerrábamos una subida salarial recomendada en los convenios del entorno del 3% para cada año del trienio 2018-20 y una reivindicación novedosa y muy potente: la introducción del Salario Mínimo de Convenio de 14 mil euros anuales. En un país donde estadísticamente el salario más común se sitúa en 16 mil euros, no hay que explicar mucho el potencial de esta medida, con sus especiales afectaciones a jóvenes, mujeres, temporales y trabajadores de poca antigüedad en las empresas.
Finalmente producto del intenso proceso de movilización relacionado con las pensiones, el Gobierno del PP negociaba un apoyo parlamentario a una revalorización de las mismas del 1,6%, (3% las más bajas) neutralizando los efectos del IRP (Índice de Revalorización de Pensiones), que ese mismo Gobierno había introducido en 2013 (el famoso 0,25% que precipitó la indignación de la mayoría de las personas pensionistas de este país).
Tras el cambio de Gobierno y la conformación de una nueva mayoría parlamentaria, se han concretado alguna de estas medidas y se han mejorado otras. Hoy mismo se aprueba un SMI de 900 euros mensuales; se incrementarán los salarios en la función pública tal como se pactó; las pensiones se revalorizarán según la evolución del IPC.
Este relato aparentemente virtuoso, esconde un dato muy relevante. Aunque se están aprovechando los márgenes que otorga la mejor situación económica para revertir algunos de los efectos más perniciosos de las políticas de austeridad, las reformas estructurales permanecen intactas. Escasas concreciones en materia fiscal, y de momento una resistencia a tocar las reformas laborales y de pensiones, más que preocupantes.
Hace escasos días, tras un trabajo discreto de varios meses, cerrábamos en la mesa de diálogo social un texto muy relevante que supone una enmienda a varios de los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012.
Es un paquete de medidas (anunciado repetidamente en los últimos meses por el Gobierno como de iniciativa propia cuando aun no estaba negociado, y sorprendentemente negado una vez que se cerró la negociación…) que hay que ejecutar y que el Gobierno tiene que impulsar. No es cierto que se haya hecho al margen de CEOE. Han participado en todas las reuniones, y han hecho sus propuestas que s
e resumen en que nada de la reforma laboral del 2012 cambie. Los acuerdos son mucho más potentes cuando son tripartitos, eso es cierto y es evidente, pero el diálogo social no es una concesión del derecho a veto a nadie. Tampoco a CEOE.
De la misma manera en materia de pensiones no vale con garantizar la revalorización con el IPC para 2018 y 2019. Hay que derogar la reforma del 2013 (índice de revalorización y factor de sostenibilidad)y adoptar una serie de medidas en materia de ingresos en la seguridad social para el corto, el medio y el largo plazo.
Porque lo que está detrás de la creciente desigualdad, del modelo de salida de la crisis de crecimiento sin distribución, no son exactamente las medidas de ajuste coyuntural, sino las reformas estructurales que se hicieron pensando en la devaluación interna, pero con vocación de permanencia porque modifican los canales democráticos de distribución de renta propios de los estados sociales.
Por eso el Gobierno de Pedro Sánchez no puede pretender salir de esta legislatura sin impulsar la modificación de esas reformas estructurales sin sufrir una importante merma de credibilidad. Pasar del «paternalismo concesional» por la vía del Decreto de los viernes, a tomar medidas que refuercen los canales autónomos para la distribución de renta, donde la interlocución social y la negociación colectiva son elementos centrales.
Sabemos que conformar las mayorías políticas para sacar estas medidas adelante no será fácil, aunque en nuestra opinión (y no es una opinión voluntarista) es posible. En todo caso, situar una agenda social como eje de debate distinto al actual, dominado por la reaccionaria oposición política que practican PP y Ciudadanos, es una necesidad urgente para el país.
CCOO ha apostado por ese escenario conscientes de la importancia del momento sociopolítico que vivimos. Si ese escenario no se abre paso, el Gobierno va a tener un problema serio con los sindicatos.