Se ha acuñado la frase de que el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho en “7 meses más que el Gobierno Rajoy en 7 años”. Si, ya sé que es una cuña publicitaria de tipo preelectoral a las que suelen recurrir todos los partidos en esta política gestual tan en boga en estos tiempos.
Pero me parece una cuña inconveniente. Pedagógicamente inconveniente si viene desde la izquierda. Porque cuestiona algo que es obvio. El Partido Popular en los años de Gobierno ha aplicado reformas estructurales y con efectos materiales que modifican correlaciones de fuerzas y distribución de recursos en España. Coherentes con políticas de austeridad aplicadas en otros países de Europa, y que suponen un ejercic
io de política real. Muy real.
La reforma laboral modifica las relaciones de poder entre empresarios y trabajadores, debilita la negociación colectiva y por tanto la capacidad del mundo del trabajo de generar derechos.
La reforma de pensiones adopta medidas para el largo plazo que conllevarán una caída de la cuantía de las pensiones en las próximas décadas, si no se corrige.
Las sucesivas reformas fiscales han detraído ingentes recursos a las arcas públicas, contribuyendo a una polarización de rentas. La contribución fiscal en España está a 7,4% de PIB de la media de la Eurozona. El dato del tipo efectivo en el Impuesto de Sociedades es demoledor: ha pasado del 22% en los primeros años 2000 al 10,7% en el año 2017.
Las reformas de la austeridad han sido reformas que modifican las relaciones de poder en la sociedad, y que han supuesto un ingente transferencia de rentas de forma desfavorable para la mayoría trabajadora, aumentando la desigualdad y carcomiendo la propia democracia, como se aprecia en múltiples expresiones.
Ante esta realidad la izquierda no puede situarse en la autosatisfacción. Digámoslo por derecho: ninguna de estas reformas duras se ha modificado en los últimos ocho meses. Apenas unas medidas de carácter fiscal (positivas pero insuficientes porque la capacidad de recaudación será apenas de unas 3 décimas de PIB, subida del tipo mínimo efectivo del Impuesto de Sociedades con efectos limitados, destope del 7% de bases de cotización máximas, y eso sí, la subida del SMI a 900 euros); apenas compromisos temporales en la revalorización de pensiones; ninguna medida sustancial en reforma laboral. Las reformas de la devaluación siguen intactas.
Alguien dirá “no había correlación de fuerzas”. No creo que sea taxativamente cierto. El Gobierno ha pecado de falta de audacia, pero en todo caso si se considera que así ha sido (falta de mayorías parlamentarias), dígase así. Porque si se pretende contraponer la “legislación material y efectiva» de las derechas a la “legislación cultural e intencional” de las izquierdas, empezamos a cavar la fosa. A negar una
alternativa progresista que dispute relaciones de poder y que distribuya de otra forma la renta y la producción.
Queda tiempo, estamos en el descuento del partido es cierto. Pero al menos en algunas materias habladas hasta la saciedad, donde CEOE no ha mostrado ninguna voluntad de aproximación (legislación laboral), y otras donde la propia CEOE no ha dado el portazo (hasta el final apostaremos por acuerdos tripartitos), el Gobierno tiene hasta el 5 de marzo para tomar partido. Su credibilidad para CCOO depende de lo que haga.