El 7 de marzo de 2022 el Presidente del Gobierno convocó a una reunión en la Moncloa a los agentes sociales. Habían transcurrido apenas 12 días desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, y junto con las tres vicepresidentas y varios ministerios más, nos planteaba a los máximos representantes de CCOO, UGT, CEOE y CEPYME, la necesidad de alcanzar un pacto de rentas. Las previsibles consecuencias de la invasión y de una guerra aun de caracterización incierta, iban a impactar fuertemente en los precios, y había que llegar a consensos sobre el reparto de este fuerte shock.
El pacto de rentas nunca fue posible, en mi opinión, por la negativa taxativa de las organizaciones empresariales ni siquiera a contemplarlo. Pese al éxito incontestable de los acuerdos suscritos en el marco del diálogo social para hacer frente a la pandemia, había algunas diferencias muy significativa entre las dos situaciones. En la pandemia las políticas públicas se habían dirigido fundamentalmente a oxigenar la parálisis de la actividad económica y civil mediante una fenomenal inyección de recursos públicos que sostuvieran con respiración asistida empleo, empresas y financiación. El cambio de enfoque desde la Unión Europea además había ayudado a financiar este tipo de medidas (programa Sure), y junto con los fondos mutualizados del Next Generation y la suspensión temporal de las reglas de deuda y déficit, articulaban una respuesta expansiva y bien distinta a las de 2010 y años siguientes. La alternativa era la catástrofe. Ahí CEOE se prestó a los acuerdos, claro. Esto iba de repartir recursos públicos sin los que un número indeterminado (pero enorme) de empresas no hubieran salido vivas de la crisis pandémica.
Con la guerra por el contrario se trataba de repartir los costes de una inflación de oferta motivada por el encarecimiento de los precios energéticos, los alimentos y las materias primas. La lectura de las organizaciones empresariales fue ventajista.
Considerando que España ya había suscrito sus compromisos con la Comisión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y esto limitaba seriamente la capacidad de maniobra del Gobierno, pensaron que en ausencia de compromisos, el coste de la inflación se iba a repartir de forma muy desigual. Ni las organizaciones sindicales ni los poderes públicos tendríamos capacidad de evitar que los efectos de la crisis recayeran en exclusiva sobre las mayorías sociales, los recursos públicos, la clase trabajadora, y sobre la parte del tejido productivo incapaz de determinar precios, por estar sometidos a las posiciones de dominio de mercado de la otra parte del tejido productivo que sí es capaz de determinar precios.
La jugada les ha salido regular hasta ahora porque han medido mal algunas variables. Es evidente que los costes de la inflación están afectando de forma grave a los segmentos más vulnerables de la población española y su clase trabajadora. No hay más que comparar la evolución de los salarios con la de los precios o simplemente poner el oído en las millones de personas con serios aprietos para llegar a fin de mes. Una buena parte del tejido empresarial esta repercutiendo el incremento de los costes a los precios al consumo para salvaguardar sus márgenes y beneficios, mientras se deterioran los salarios reales de millones de personas, sobre todo quienes trabajan en sectores des-sindicalizados y/o sin fuertes anclajes de sus procesos de negociación colectiva.
Así lo corroboran los datos conocidos de la Agencia Tributaria, y así lo denota el hecho de que la inflación estructural o subyacente se sitúe por encima de la inflación general.
Las políticas públicas para la protección de rentas mediante su transferencia a las personas más vulnerables, están mostrando sus limitaciones. Aunque España esté ofreciendo la respuesta más ambiciosa a una crisis en la materia (protección de rentas) que hayamos conocido, dista mucho de ser suficiente. Los distintos bonos sociales, ingresos y ayudas tienen un campo de protección limitado y una dificultad de gestión respecto a los hogares vulnerables que merece una reflexión de fondo sobre el diseño de las políticas públicas. La política de reducción fiscal también muestra sus limitaciones (ayuda poco a contener precios) y es regresiva en líneas generales.
Pero siendo todo esto así, no cabe duda que también se han dado pasos muy relevantes en la construcción de facto de ese pacto de rentas donde millones de personas están viendo salvaguardada la capacidad adquisitiva de sus ingresos. La llamada excepción ibérica sí ha tenido efectos relevantes hasta situar a nuestro país con las menores tasas de inflación de la UE, pese a ser esta alta en cualquier caso.
La revalorización de las pensiones al 8,5%, la subida del SMI al 8%, la multiplicación por cinco del número de contratos indefinidos en el año 2022, o la reciente reforma de pensiones que va a transferir importantes recursos desde la cuenta de resultados de las empresas a las pensiones presentes y futuras, son ejemplos de que se podían y se pueden hacer políticas equitativas ante crisis de diversa índole.
Si unimos esto al porcentaje de trabajadores cuyos convenios se están renovando en cantidades no demasiado lejanas a la inflación, o el acuerdo de la función pública (subida salarial de hasta un 9,5% en tres años, más la reimplantación de la jornada laboral en 35 horas), podemos concluir que en torno a 17 millones de personas están viendo protegidas sus rentas en términos más que aceptables ante la intensidad inflacionista.
Pero quedan otros 10 millones. Si persiste la ausencia de un acuerdo salarial de carácter general para abordar la negociación colectiva de más de 1000 convenios en 2023, solo quedará la estrategia del conflicto. Este ya se ha mostrado más que útil en 2022. La mayoría de los sectores con un nivel relevante de sindicalización donde se han desatado movilizaciones o huelgas, se han resuelto en condiciones significativamente mejor que donde no ha sido así. En otras ocasiones, incluso sin conflictos duros, se han sacado buenos acuerdos allí donde la negociación colectiva es un elemento central de las relaciones laborales. El reto y el riesgo está en tantos sectores precarizados, débiles sindicalmente hablando, y donde tendremos que batirnos el cobre en estos trimestres por venir.
La subida media de salarios pactados en convenio colectivo se sitúa poco por encima del 3%. El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) subió un 4,2% en el cuarto trimestre de 2022 en relación al mismo periodo de 2021. La inflación media en 2022 estuvo por encima del 8%.
Por último dos reflexiones importantes. La mejora de las rentas salariales regulables (un alza del SMI de más del 40%) y la inédita estabilización de millones de contratos, están siendo compatibles con un buen comportamiento del empleo. Estamos en máximos de cotizantes a la seguridad social y se prevé un mes de marzo histórico en términos de creación de empleo. Los viejos mantras neoliberales se vienen abajo con estrépito.
La segunda tiene que ver con el aval de la Comisión Europea a las distintas reformas adoptadas por España. El valor cualitativo de que la reforma laboral o las de pensiones, sean compatibles con la transferencia de miles de millones de euros del primer fondo económico mutualizado de Europa tiene un significado político extraordinario. No será por esfuerzos de la derecha política y económica por desacreditarlas en los arrabales de la comisión europea y sus staffs. Pero no lo han conseguido.
El enfoque, el paradigma si se quiere, sobre como hacer frente a la crisis se ha transformado en el seno de la UE. No es furor converso, no; más bien puede ser instinto de supervivencia. Una nueva fase de políticas de austeridad podría ser demoledora sobre la legitimidad de la UE en una población cansada de la secuencia de crisis, con un deterioro importante en las expectativas de vida, y una sensación de amenaza ante las diversas transiciones aderezadas ahora por la guerra y los cambios geoestratégicos que se intuyen detrás. Nadie reconocerá el fracaso del austericidio. Pero lo fue.
En este cambio de punto de equilibrio en la “centralidad de las cosas” quienes aparecen desenfocados no son los sindicatos españoles, ni es el marco de diálogo social, ni el Gobierno socialcomunista de la cuarta economía del euro. Quien se han situado extramuros de una Comisión Europea dirigida por una alemana de la CDU y miembro del Partido Popular Europeo, es más bien la melancolía austericida de unas derechas que hoy requieren del concurso de la extrema derecha para poder llegar al poder. La mayoría de los comisarios europeos no son ideológicamente afines a las reformas españolas. Los staffs de la Comisión, educados en el rigorismo burocrático, con toda seguridad serían (de hecho son) beligerantes ante subidas del SMI, “rigidices” en la contratación del mercado laboral, o con una ambiciosa reforma de pensiones para dotar de recursos públicos al sistema de seguridad social que genera una de las tasas de sustitución (cantidad que cobra una personas cuando se jubila en comparación al último salario en activo) más altas de Europa. Pero los tiempos han cambiado. Con una figura postfascista como Meloni haciendo de meritoria europeísta, pero con el riesgo de contagio de la opción reaccionaria a Francia si la gestión supuestamente tecnócrata de Macrón naufraga, un tercer foco trumpista en la Europa latina abre demasiadas incertidumbres.
Son elucubraciones. Pero a veces sustituir el incremento del periodo de cálculo de la base reguladora de la pensión, por una mejora en la estructura de ingresos de la seguridad social y el recurso al MEI (Mecanismo de Equidad Intergeneracional), puede tener más derivadas de las que se ven. Y por eso se han enfadado.