Las elecciones generales del próximo domingo son, obviamente, unas elecciones de ámbito nacional. Pero son también unas elecciones de ámbito internacional y sobre todo de ámbito europeo.
Lo son por dos cuestiones muy claras. La primera, porque ahora mismo se están dirimiendo los marcos de gobernanza económica de la Unión Europea. Y está en disputa la correlación de fuerzas o bien para profundizar en una integración europea que refuerce las políticas comunes como ocurrió en la pandemia, o bien para acelerar la vuelta a los corsés respecto a la deuda pública y el déficit, a una segunda vuelta a las políticas de austeridad, y por tanto al empobrecimiento de países como España.
La segunda cuestión es el peso que tomen las fuerzas antieuropeas, neo-nacionalistas y reaccionarias de ultraderecha, que son ya un riesgo para la propia viabilidad de la Unión Europea , y una seria amenaza para la defensa de los derechos democráticos y las libertades civiles que deben formar parte de la esencia del proyecto europeo.
Y en las elecciones generales españolas también se juega esa partida, que nos puede afectar de forma particularmente intensa en nuestro país.
Vayamos por partes.
En España todavía recordamos las nefastas consecuencias de las políticas de ajuste de hace una década. Políticas de recorte de gasto público que deterioraron nuestra sanidad, nuestra educación, nuestros servicios sociales. Políticas que empobrecieron a las mayorías sociales y rompieron las expectativas de vida de generaciones enteras. Políticas que además de sádicas desde un punto de vista social, fueron tremendamente perniciosas desde el punto de vista de la eficacia económica. En la anterior crisis España tardó casi una década en recuperar los niveles de riqueza previos al estallido de la burbuja financiera; y el empleo incluso más.
Sin embargo, la respuesta a la pandemia fue distinta en la Unión Europea. Se suspendieron temporalmente las reglas sobre deuda y déficit público, se puso en marcha un fondo con 750 mil millones de euros sufragado con deuda común para reconstruir la economía tras el confinamiento e impulsar las transiciones digitales y energético/ecológicas, se levantaron las prohibiciones de subvencionar a las empresas con ayudas estatales como recurso para hacer frente a la situación excepcional de la pandemia.
Esta distinta orientación de las políticas europeas ha facilitado que también en España se hayan podido hacer cosas distintas con resultados mejores. Que hayamos sido capaces de salvar más de 3 millones de puestos de trabajo con los ERTE, reducir al a mitad la temporalidad, subir un 47% el SMI, mantener el poder adquisitivo de las pensiones… y a la vez situarnos en el record de personas trabajando, de cotizantes a la seguridad social, y habiendo superado el total de horas trabajadas que había antes de la pandemia.
Pero no es solo esto. Hoy en la Unión Europea se han acelerado los procesos de transformación productiva ligados a la digitalización y sobre todo a la transición energética. La guerra en Ucrania ha dejado patente lo que la sostenibilidad medioambiental ya había anunciado tiempo atrás: necesitamos reducir la dependencia de los combustibles fósiles y reforzar las energías renovables, para fortalecer la autonomía estratégica de la Unión Europea.
Esto supone un desafío pero también una oportunidad para España. Por primera vez en mucho tiempo nuestro país puede reindustrializarse en la salida de una crisis. No se trata solo de disponer de mareas y olas, sol y viento. Sino de favorecer la ubicación de inversiones productivas en nuestro país que generen empleos de calidad desarrollando equipamientos e infraestructuras para ese nuevo modelo energético, o adaptando otros sectores para los cambios en los sistemas de movilidad.
Pero no perdamos de vista que en estas transiciones se están moviendo todos los países. Estados Unidos favoreciendo su tejido productivo y una cierta desglobalización a través de políticas proteccionistas. En la propia UE, hay que tener en cuenta de que desde que se permitiera a los Gobiernos nacionales subvencionar a sus empresas a través del Plan Industrial del Pacto Verde, se han movilizado del orden de 700 mil millones de euros, de los cuales Alemania acapara el 50%, y Francia el 25%.
Los costes de abordar la transición verde y la neutralidad climática en 2050 son tan importantes, (al menos si se quiere hacer a través de transiciones justas y que no dejen a nadie atrás), que incluso sumando los fondos Next Generation a los presupuestos nacionales, solo una parte de los países con mayor capacidad de endeudamiento puede afrontar.
Por tanto España debe apostar por una mayor integración europea. Dotar a la UE de una mayor capacidad fiscal mediante deuda europea como hicimos en la pandemia. Necesitamos un gobierno español militante en este terreno, como lo fue con los fondos Next Generation o con la llamada “excepción ibérica” que nos ha permitido bajar la inflación del 11% a estar por debajo del 2%.
Esto también se juega el 23 de julio. Fortalecer posiciones europeístas para construir una Europa más justa.
El otro día escuchábamos al ex presidente Aznar pedir la vuelta a las políticas de austeridad. Sería un suicidio colectivo para España apostar por la reducción del déficit y la deuda pública a través de un política de recortes sociales y de la inversión, para justificar una bajada de impuestos, sobre todo a quienes más tienen. Hoy no hay política más antipatriótica que desaprovechar las oportunidades, por estar más pendientes de los fanatismos ideológicos del neoliberalismo fracasado, que de las necesidades de nuestro país. Y estas necesidades pasan por reforzar los servicios públicos y el contrato social para el siglo XXI; las políticas industriales y de desarrollo sectorial a través de una fuerte palanca de inversión pública que a su vez movilice inversión privada.
Esto hoy solo es posible en España mediante un Gobierno de progreso. No es posible a través de un Gobierno de quienes añoran los recortes, las bajadas masivas de impuestos y el desarme del estado, de quienes desprecian ideológicamente las políticas de intervención pública.
Y qué decir si a esta añoranza por el austericidio, juntamos a los negacionistas. A quienes directamente niegan la mayor. Que estemos sufriendo un cambio climático. Que sea necesaria la neutralidad de emisiones.
Hoy en España aspiran al poder los amigos de Orban, del Gobierno polaco, de Donald Trump o de Bolsonaro. Cuando se acercan las próximas elecciones europeas, es una temeridad que aquellos que no creen en el proyecto europeo, aquellos que añoran el viejo concepto de soberanía ya arcaico, ocupen espacios de poder. Hoy los derechos de igualdad y las libertades civiles están en riesgo en Europa, el espacio mundial donde tales derechos y libertades más recorrido tienen.
Hoy en casi todo el espectro ideológico europeo (el que va desde la izquierda al liberalismo y a la democracia cristiana conservadora pero demócrata y europeísta) se contempla con preocupación la posibilidad de que los tres grandes países mediterráneos estén marcados por fuerzas reaccionarias y antieuropeas. Estamos bailando con lobos.
Esto también está en juego el 23 de julio.
Desde CCOO llamamos a votar. A una participación masiva de las clases populares y trabajadoras en las elecciones. A que participen por lo que les afecta. Por sus salarios, sus pensiones, sus contratos, su medio ambiente, sus servicios públicos. También por la democracia, la igualdad, el europeísmo. La libertad solo es tal cuando la igualdad permite desarrollar proyectos de vida con decisiones autónomas. Y no hay mejor invento para esa forma de vivir libremente, que los modelos de protección social, el empleo con derechos y la cobertura de los mínimos vitales para toda la ciudadanía. Lo demás no es libertad, es una coartada para defender la ley de la selva.
Agradecemos a la Confederación Europea de Sindicatos, a la Confederación Sindical Internacional que agrupa a sindicatos de 167 países y 180 millones de personas afiliadas, y a la cincuentena de organizaciones y confederaciones sindicales que hoy toman partido, y expresan su apoyo a que en España se reedite un Gobierno progresista que responda a los desafíos globales con políticas basadas en la justicia social y la integración europea.