Artículo publicado en EL PAÍS el 22 de diciembre de 2017
El 22 de noviembre se publicó la propuesta de la Comisión Europea sobre las orientaciones de política económica de la zona euro para 2018. El documento tiene como punto más destacado la idea de que los salarios deben aumentar y propone hacerlo en línea con los aumentos de la productividad. Es decir, se asemeja al criterio básico de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) de que los aumentos salariales deben sumar a la inflación el aumento de la productividad.
Es la primera vez que la Comisión Europea hace una recomendación de esta naturaleza. Hay que recordar que las condiciones de los planes de rescate de las finanzas públicas, impuestos por la troika a Grecia, Portugal e Irlanda, o las del MOU del rescate del sistema financiero español pretendieron –y lo lograron- una severa devaluación salarial general. En la concepción de los ideólogos del austericidio, ante la imposibilidad de devaluar la moneda sólo quedaba la devaluación de los salarios como vía para una mejora de la balanza exterior.
El caso es que, además de la Comisión, el aumento de los salarios lo piden también el BCE y FMI, en insólita coincidencia. El economista alemán Peter Bofinger, uno de los cinco miembros del “club de sabios” que asesora a Ángela Merkel y el único neokeynesiano del mismo, en una reciente entrevista manifestó su alegría porque la Comisión y el BCE pidan ahora lo que él llevaba reclamando hacía años con poca fortuna: “…poner fin a la peligrosa obsesión con la moderación salarial” y añadía que si España logró escapar del agujero no fue gracias a la contención del gasto público, “…si [España] hubiera hecho como Grecia, tratando de ajustar las cuentas a toda costa, habría sido un desastre”.
¿Por qué este cambio de posición en la Comisión que impuso el debilitamiento de la negociación colectiva y la devaluación salarial como parte esencial de las recetas de la austeridad? Más allá del hecho de que tiene una composición distinta, la variación obedece principalmente a dos razones. Por un lado, la Comisión es consciente de que en 2018 el BCE iniciará la retirada de estímulos monetarios y necesita el aumento de salarios para compensar esa nueva situación, sostener la demanda interna y situar la inflación subyacente en el 2%.
Por otro lado, indica que tira la toalla del intento que tuvo de fortalecer el crecimiento a través de una política presupuestaria levemente expansiva de la zona euro. Esta contribución de la política fiscal al crecimiento debía correr a cargo de los países con superávits fiscal y de balanza de pagos. Así, el principal de ellos, Alemania, reduciría su insostenible superávit de la balanza de pagos (8,5% del PIB) y contribuiría a fortalecer su crecimiento y el de la UE.
Lo propuso la Comisión a finales de 2016 y el Eurogrupo y el Ecofin lo echaron abajo a principios de 2017 volviendo al principio de orientación presupuestaria neutra que acabará concretándose en una media presupuestaria levemente negativa de la zona euro a final de 2017. Es frustrante esta situación si tenemos en cuenta que la UE, con una deuda media del 90% del PIB, invierte 10 puntos menos de PIB que en 2007; EE UU con una deuda del 110% del PIB, lo hace hoy 10 puntos de PIB más arriba que en 2007.
A los responsables políticos europeos habría que recordarles que la congelación o/y depresión salarial en la inmensa mayoría de los Estados de la UE son fruto de las políticas impulsadas por las instituciones de la UE. Las inercias que impiden la re
montada de los salarios son fruto de contrarreformas laborales que han dado mucho más poder a los empresarios en la contratación, el despido y la modificación de lo pactado colectivamente.
En España, consideramos que hace falta mover cuatro componentes para cambiar esta situación e impulsar la subida salarial:
Primero, modificar aspectos sustanciales de las últimas reformas laborales, particularmente la del 2012.
Segundo, organizaciones empresariales con visión más estratégica de país y sus necesidades, en lugar de recrearse en posiciones ventajistas que les da la actual legislación.
En tercer lugar, necesitamos mejorar la correlación de fuerzas, la densidad sindical y nuestra presencia continuada y cualificada en la realidad múltiple de los centros de trabajo.
Por último, se requiere de un fuerte impulso al Salario Mínimo Interprofesional, que empuje al alza los salarios más bajos (donde la devaluación ha sido más intensa profundizando la desigualdad en el país como corroboran todas las estadísticas).
Las reivindicaciones salariales de CCOO sobre la necesidad de llevar el SMI hasta el 60% de la media y el impulso al mismo hasta situarlo en casi 12.000 euros anuales en 2020, así como la propuesta sobre subida para los convenios de los próximos años pretenden ir en esa línea. Apostamos por una recuperación del poder adquisitivo, compatible con una disputa por la evolución de la productividad (clave en el reparto de riqueza generada y la creación de empleo).
Bien está que las ideas sobre la necesidad de políticas de redistribución ganen posiciones, no sólo como un elemento de justicia social, sino también de eficacia económica. Pero no olvidemos que se tomaron medidas de carácter estructural que fueron funcionales a la devaluación y que no hay intención de revertir por quienes las promovieron. Apelaciones abstractas a la mejora salarial sin tener esto en cuenta, es una posición voluntarista. O cínica.