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Escoger las preguntas. Vivienda, empleo y SMI


El pasado 5 de julio “Cinco Días” publicaba una reseña sobre un informe de la OCDE con un impactante titular “La OCDE advierte de que los altos precios de la vivienda pueden ahogar la reactivación del consumo”, seguido de algunos datos demoledores:

La familia española dedica a vivienda el 35,6% de su renta, un récord histórico. Este dato -ya de por sí relevante- es una media. En el quintil de hogares con ingresos más bajos la cantidad asciende al 37% del total de la renta. Por encima de lo dedicado a la “comida y ropa” (26%) y más que triplicando a cualquier otra “partida” del presupuesto familiar.

También hacía lecturas comparadas afirmando que “la vivienda, principalmente la que está en régimen de alquiler, representa en promedio el mayor gasto de los hogares en el conjunto de la OCDE en todos los grupos de ingresos, por delante de la alimentación y la ropa, el transporte, el ocio, la salud y la educación”.

Continuaba la noticia con una referencia a la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE para afirmar que “los gastos medios relativos a vivienda han crecido desde el 24,9% recogido en 2006 al 31,2% anotado en 2019”.

Esta absorción de recursos la situaba el catedrático emérito de Economía Aplicada Josep Oliver en el mercado del alquiler donde -señalaba- “alrededor de 700.000 hogares españoles con bajos ingresos dedican en torno al 40% de su renta disponible a pagar rentas”.

La información me parecía muy relevante y no demasiado difundida. Es más, me vino a la cabeza el enorme recorrido mediático y político que se le dan a diversos estudios que refuerzan aseveraciones sobre cuestiones de actualidad. Por ejemplo, cómo no recordar el informe del Banco de España sobre el SMI que ocupó páginas, digitales y horas de radio, televisión y tertulias. De una forma sesgada se le quiso utilizar para relacionar la subida del SMI con la destrucción de empleo. Se obviaba en casi todas las opiniones que el informe del BDE no recoge el efecto en creación de empleo que tiene el hecho de incrementar la masa salarial en cuantías que van en su integridad a consumo y por tanto generan actividad económica y en relación a esta, empleo. Da igual, el caso es que sirva para avalar la idea-fuerza: más SMI equivale a menos empleo.

Y me vino a la cabeza la siguiente pregunta ¿y el exceso de pago en rentas de alquiler en España -aparte de ahogar a tantas personas y familias- qué efecto tiene en la destrucción de empleo? Y como cuando a mí me viene una pregunta a la cabeza alguien sufre las consecuencias (y cuando me viene una respuesta, todavía más “alguienes”) pues llamé a Carlos Martín Urriza, director del Gabinete Económico de CCOO: “Oye Carlos, ¿se puede calcular esto? Sí, se puede. Pues ale, tira millas”.

Según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, en España hay 3.332.439 hogares que viven en alquiler. Si consideramos el sobreesfuerzo para pagar los alquileres la parte que excede del 30% de la renta del hogar que alquila, nos encontramos con que la cuantía excesiva para pagar alquileres asciende a casi 4.000 millones de euros al año, exactamente 3.912 millones. Esta cuantía se concentra sobre todo en los hogares con rentas más bajas. Más del 70% de ese sobrecoste se  localiza en los hogares con una renta inferior a 14 mil euros anuales, y  el 93% de esos 3.912 millones de euros se  ubica en hogares  con una renta  por debajo de los 26.000 euros. Como ya señalamos en nuestro informe sobre “La vivienda en alquiler en España” esta transferencia va desde la rentas más modestas hacia las rentas más altas. El 51% de los arrendadores (quienes alquilan) tiene rentas superiores a 40 mil euros al año.

Tampoco olvidemos que el 86% de la población española no obtiene rentas procedentes de alquileres. El 14%, si lo tiene; un 9% de la población obtiene al menos la mitad de su renta de los alquileres.

Pero es que además se puede afirmar que ese sobrecoste tiene consecuencias sobre el empleo. El sobrecoste y su carácter regresivo indican que se destinan un exceso de recursos a retribuir actividades no particularmente dinámicas (el rentismo) y se detraen de consumos básicos de las familias.

Una buena ley de vivienda que devolviera esos 3.912 millones a los hogares que alquilan, que tienen además una mayor propensión al consumo, aumentaría la demanda (un 0,35% del PIB nominal) y multiplicando ese incremento por la elasticidad media del empleo respecto al PIB (0,3% según el Programa de Estabilidad del Ministerio de Economía), se puede estimar  que el efecto sobre la ocupación sería de 20.000 empleos más.

Por tanto, si recapitulamos tenemos: un exceso de recursos que se emplean en retribuir los altos precios de la vivienda en alquiler y esto amenaza con ahogar la recuperación del consumo (OCDE); ese sobrecoste es sumamente regresivo, supone una transferencia muy importante de rentas de los hogares pobres a los ricos ; además transfiere rentas de sectores más productivos y tendentes al consumo, a otros menos productivos y más tendentes a la acumulación, y a menudo a la opacidad y el fraude fiscal, lo que afecta en una medida u otra al empleo.

Sería bueno tener todas estas cosas claras -las decisiones para la determinación de los salarios más bajos o la limitación de los precios de los alquileres- cuando se responde a una pregunta clave: ¿para quién se gobierna? Porque queda muy bien decir “para todos”. Pero para todos, no. No todo es conciliable. Y hay quien sí tiene claro de qué va esto, por si no ha dejado clara la profundidad del juego la última sentencia del Constitucional por el estado de alarma…

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