https://unaisordo.com/wp-content/uploads/2020/12/gallo_alberti-960x600_c.jpg

Es necesario y prudente subir el SMI


Sorprende el tono de la polémica sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). En España existe una voluntad declarada (acuerdo de Gobierno) de elevar su cuantía hasta el 60% del salario medio a lo largo de la legislatura. Este itinerario debía haberlo situado para 2021 en los 1000 euros (recordemos que esta cifra ya estaba acordada como salario mínimo de convenio por parte de CCOO, UGT, CEOE y CEPYME en el último Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva -AENC-).

Sin embargo han aparecido circunstancias imprevistas en este año 2020 (COVID y profunda crisis económica). En todas las conversaciones informales que hayamos podido tener estas últimas semanas en las que nos han planteado relajar el ritmo de subida del SMI, producto de la incertidumbre y la prioridad absoluta de recuperar el empleo perdido, hemos dicho lo mismo “lo hablamos, claro. Llamadnos a consultas y hablamos”. Pero lo que resultaba sorprendente era la idea de la congelación del SMI, felizmente descartada ayer por el Gobierno. Para CCOO, es necesario renovar el compromiso de subida del SMI en la perspectiva de la legislatura, para disminuir la brecha salarial.

Se argumenta que con inflación negativa, simplemente con congelar el SMI se gana poder adquisitivo. Esto no es cierto para la vida real de las personas reales que cobran el SMI. Con un salario de 950 euros mensuales (brutos), solo se pueden mal-cubrir los gastos esenciales. Y en este momento, se están incrementando fuertemente los precios de los productos que tienen un mayor peso en la cesta de la compra de quienes perciben el SMI. Por ejemplo el precio medio de los alimentos y las bebidas no alcohólicas se ha incrementado un 2,6% y lo mismo ocurre con los precios de servicios básicos.

Se alega también que muchas de las pequeñas empresas y autónomos de los sectores más afectados por la pandemia, pueden verse penalizados por una subida que supone más costes en un momento de caída de ingresos. Esta afirmación resulta sorprendente. Los negocios vinculados a actividades como las citadas (hostelería o comercio) están incluidos en el ámbito de aplicación de los convenios colectivos. Estos convenios tienen tablas salariales cuyos cuantías están por encima del SMI, por tanto no se ven afectados por él.

Si de verdad existe una preocupación por la estructura de costes de negocios familiares, bares, restaurantes o comercios, me atrevo a hacer una sugerencia mucho más útil para evitar su quiebra. Analicemos los gastos de alquileres y arrendamientos. ¿Cuánto pagan por sus lonjas? ¿Quiénes son los propietarios? ¿Han renegociado los precios de alquileres en esta brutal pandemia? ¿Hay opciones legislativas para modificar esta situación? El rentismo inmobiliario en España es un lastre para la economía productiva, y afecta muchos más a la pequeña empresa y economía familiar, que subir 10, 15 o 20 euros el salario mínimo interprofesional, o llevarlo a los 1.000 euros mensuales.

Por otro lado  la relación entre cómo evolucionan los salarios mínimos y la generación o destrucción de empleo, hay que hacerla con visión general. En el año 2019, el SMI subió un 22,3% hasta alcanzar los 900 euros, y los datos dicen que no ha tenido repercusiones negativas sobre el empleo. El último análisis sobre su impacto publicado por la AIReF en julio de este año, concluía afirmando que ese incremento del 22% destruyó entre 19.000 y 33.000 empleos. Pero si tenemos en cuenta que a su vez ese alza del SMI incrementó la masa salarial entre 1.906 y 1.928 millones de euros, y que toda esa cantidad se destina a consumo, no cabe duda que el saldo final es de creación neta de empleo. Un incremento de masa salarial de esas características -con una casi total propensión al consumo- genera no menos de 62.000 puestos de trabajo.

En definitiva, no hay ninguna razón que justifique congelar el SMI, ni sobreactuar con las consecuencias de incrementar un salario que no es ni de supervivencia y que afecta a algo menos de 2 millones de personas: las personas que viven en el umbral de la pobreza salarial, y que no pueden sentir que precisamente son ellas las que se descuelgan de una política de rentas más igualitaria. Que otros países de Europa lo estén haciendo, también nos da una pista.

La senda de llevarlo al 60% del salario medio debe continuar en la perspectiva de la legislatura. Se puede y se debe hacer de forma prudente porque, en efecto, el shock económico actual es tremendo y era imprevisible hace un año. CCOO ha marcado algunas referencias mínimas que deben dar luz a esa “prudencia”, como es la evolución de los salarios que estamos pactando en convenios este 2020 (por encima del 1,5%) o las pensiones mínimas (1,8%).

En el medio y largo plazo, no debiéramos perder perspectiva. España es un país con un modelo de negociación colectiva de aplicación general, lo que implica que la gran mayoría de los salarios se determinan por convenio colectivo. La aplicación del SMI era marginal en nuestro país hasta hace unos pocos años. Fue a partir de la política de devaluación salarial y el cuestionamiento de la negociación colectiva (reforma laboral), cuando se situó cada vez más como una última tabla de salvación para mayor número de “náufragos salariales”.

El objetivo de nuestro país debe ser una mayor equidad salarial a través de la una negociación colectiva que debe dar cobertura a la inmensa mayoría de las personas trabajadoras. Que el SMI afecte a cuantas menos personas, mejor. Y que el modelo de competencia del tejido económico español no se base en salarios bajos, sino en formas más productivas de generar bienes y servicios. La negociación colectiva es una herramienta muchos más funcional para adecuar seguridad salarial y adaptabilidad a los cambios de ciclo. Por eso hay que modernizar sus utilidades, y revertir su deterioro provocado por la secuencias de reformas laborales del periodo 2010-2013. Si, la reversión de la reforma laboral sigue siendo el objetivo.

Secciones