(Artículo publicado en el Boletín de Juezas y Jueces para la Democracia, con motivo de su 34º Congreso.
CCOO y el sindicalismo, en general, nos movemos en una especie de tensión que se genera entre lo urgente y lo necesario. Lo urgente, como bien sugiere el lema del 34 Congreso de Juezas y Jueces para la Democracia, es la defensa de los derechos conquistados tras los efectos sobre los mismos de las “reformas estructurales” impuestas durante el periodo de austericidio sufrido entre 2010 y 2015. Lo necesario sería impulsar la adaptación de nuestro marco regulatorio e institucional a los profundos cambios socioeconómicos que están afectando a la economía y la sociedad, además un impulso en nuestra acción sindical.
Los derechos conquistados, no en exclusiva obviamente, pero sí de forma protagónica por el sindicalismo de clase, tienen que ver con el pacto social de postguerra -tardío en España-. Sistemas fiscales progresivos, redistribución a través de la acción pública, un marco institucional que habilitaba espacios para disputar los salarios y de forma muy limitada, la participación en la capacidad de decisión empresarial.
Los derechos cuestionados tienen que ver con la forma de gestionarde la crisis económica del año 2008, implementada a partir del año 2010. Una gestión que consistió en una apuesta por la devaluación interna de los países con peores cuadros macroeconómicos como supuesta forma de ganar competitividad. Si miramos con un poco más de perspectiva, descubrimos que desde la irrupción neoliberal de Reagan y Thatcher, en los primeros años 80 del pasado siglo, se venía poniendo en solfa el propio ‘pacto keynesiano’ inaugurado en Bretton Woods.
En el plano laboral asistimos a un continuo proceso de externalización de riesgo empresarial tras la fragmentación del viejo modelo de producción fordista y la desintegración de la empresa. Las cadenas de subcontratación, la internacionalización selectiva de las cadenas de valor, la utilización perversa de la llamada economía de plataforma, son ejemplos de la ruptura de los viejos consensos sobre como organizar y retribuir el empleo. Esa dinámica de gestión empresarial se acompaña de un intento de “huida” del derecho laboral para mercantilizar las relaciones laborales y de dependencia productiva.
La lógica es doble. Por un lado, un intento de reducir el coste salarial en un modelo de globalización librecambista desligada de contrapuntos democráticos. Por otro, se incrementa el poder autoritario del empresariado, que en España recorre nuestro modelo laboral desde las formas de contratación al creciente desequilibrio en la negociación colectiva; desde la capacidad casi unilateral del empresario para modificar lo pactado colectivamente, hasta la utilización del Código Penal para cohibir el ejercicio del derecho de huelga.
Para CCOO, no se puede interpretar correctamente la orientación de las reformas laborales ejecutadas en la crisis y su catálogo de consecuencias, si se pierde de vista este cambio de paradigma que lleva tiempo operando en nuestro país.
Desde el sindicato interpretamos que estas reformas no solo son socialmente rechazables porque generan más precariedad, peores salarios, rotación laboral, desigualdad, fragmentación
. Además, son contraproducentes para abordar “lo necesario” que referíamos al inicio de este artículo.
Necesidad que tiene que ver, inevitablemente, con el gobierno de las transiciones de empleo. La velocidad de las transformaciones productivas relacionadas con la digitalización, la robotización, las formas de producir, intercambiar, informar, aprender etc… exigen prever en tiempo y forma los cambios y su efecto
en el aparato productivo. Reclaman políticas de prospección sectorial que informen sobre las necesidades de adaptación de las competencias y habilidades para ejercer esos puestos de trabajo en transformación. Y demandan la suficiente cercanía a la realidad múltiple de la empresa y el centro de trabajo, especialmente en un país como España, donde las empresas de pequeña o muy pequeña dimensión son la inmensa mayoría del total y emplean a la mayoría de la clase trabajadora.
Las últimas reformas laborales, hechas desde la miope óptica ideológica del neoliberalismo, pretenden debilitar el sujeto colectivo del mundo del trabajo, que eso y no otra cosa es el sindicato. A través de la mercantilización del trabajo ya citada, mediante la individualización de las relaciones laborales, debilitando el marco sectorial de negociación colectiva o cuestionando del papel del diálogo y la concertación social; elementos, todos, que presuponen la existencia de los agentes sociales como sujeto de representación democrática.
Las reivindicaciones de CCOO se incardinan en una línea opuesta. Necesitamos democratizar nuestro marco de relaciones laborales mediante una mejor regulación de los derechos de participación de las y los trabajadores en sus empresas. Hay que recuperar el papel estructurante del convenio colectivo sectorial y sus comisiones paritarias a la hora de abordar las necesidades de adaptación y flexibilidad en las empresas, frente a la apuesta por la unilateralidad empresarial.
El modelo de contratación en España es ineficaz, favorece la dualidad laboral y otorga un poder de decisión radical al empresariado basado en la coerción del despido o rescisión contractual. El fraude en la contratación es sistemático y el sistema de incentivos perversos para la contratación precaria es evidente. Necesitamos subvertir la cultura empresarial de la temporalidad persiguiendo el fraude y buscando formas alternativas de hacer frente a los ciclos económicos desfavorables, mediante medidas de flexibilidad interna pactada en la empresa que sustituyan a la vieja inercia del contrato temporal y despido como fórmula de ajuste.
La estructura de la negociación colectiva en España ha mantenido un alto nivel de cobertura –en términos comparados-, aunque, eso sí, debilitando la capacidad contractual del sindicato. Recuperar la ultraactividad es una forma de eliminar tensiones innecesarias en la negociación de los convenios en un momento en el que necesitamos dotarlos de cualidad en contenidos.
La negociación colectiva debe tener la capacidad autónoma de articular sus distintos ámbitos de actuación. Ocurre que otorgar preferencia aplicativa a los convenios de empresa respecto a los sectoriales solo ha servido para favorecer la competencia desleal entre empresas que cumplen el convenio y otras que tiran a la baja los salarios. En contra de lo que dicta la doctrina liberal dogmática, esta preferencia aplicativa no se utiliza por las pequeñas y medianas empresas para desatarse de la supuesta rigidez del convenio sectorial. Y la prueba es evidente: de los nuevos convenios de empresa suscritos en el año 2018, la media de trabajadores afectados en cada uno, es de más de 100. Por el contrario las inaplicaciones de convenios registradas ese mismo año afectaban de media a 21 personas trabajadoras. Es decir, los convenios de empresa a la baja se han utilizado con otras intenciones, muchas veces por grandes empresas multiservicios para explotar abiertamente a trabajadores y trabajadoras.
En definitiva la recuperación de derechos laborales se enmarca en una enmienda general a las políticas de devaluación y autoritarismo económico que han caracterizado la gestión de la crisis en Europa. La crisis política y social que produjo la creciente desigualdad, el crecimiento sin equidad y la pérdida de expectativas vitales de amplías capas de la población trabajadora –y también la denominada clase media aspiracional- no está superada.
El tiempo actual requiriere de nuevas formas de agregación de intereses, representaciones democráticas, canales de distribución y redistribución de rentas. Incluso reclama elementos simbólicos que catalicen la recuperación de lealtades mutuas y colectivas que galvanice a la sociedad. La opción reaccionaria toma forma en Europa (y fuera) mediante espejismos nacionalistas o identitarios de distinto tipo. La opción progresista pasa por la recuperación de un contrato social que no se puede hacer sin el concurso del trabajo organizado, del sindicato.