El pasado viernes se consumó el desencuentro entre organizaciones empresariales y sindicales sobre los términos en los que deben negociarse salarialmente los convenios colectivos. La causa, como ya es de conocimiento público, es la incorporación de las cláusulas de revisión salarial. CEOE las rechaza; para CCOO y UGT, son imprescindibles.
Se nos va a achacar que vincular la evolución de los salarios a la de la los precios, puede provocar un efecto de inflación de segunda vuelta. No compartimos el análisis. Hoy la inflación no es consecuencia de la evolución de los salarios como todo el mundo puede entender. Es el resultante de varias dinámicas que se vienen dando desde la segunda parte de 2021 y que la guerra en Ucrania ha agravado: precios energéticos (ligados a una disparatada forma de configurar los precios del mix energético), encarecimiento de algunas materias primas y productos esenciales, en un contexto de bloqueos en algunas cadenas de suministro. También tendría que ver con algunas cuestiones menos coyunturales (posiciones de mercado oligopolísticas, y políticas expansivas y monetarias) que en este artículo no vienen al caso.
Esta dinámica de pérdida de poder adquisitivo de los salarios es inasumible, un polvorín social, y un serio hándicap para la recuperación económica.
Lo cierto es que la evolución de los precios lleva ya varios trimestres erosionando seriamente los salarios. En el mes de febrero de 2021 la inflación interanual se situó en el mínimo del 0%. Comenzó una progresiva escalada que la llevó a superar el 3% en verano, y se desató en la última parte del año hasta alcanzar el 6,5% de subida al cierre de diciembre.
En todo ese tiempo, buena parte de los salarios pactados en convenio colectivo se habían determinado en un periodo diametralmente distinto, casi de deflación. Por ello la subida media (aun provisional) de los salarios pactados en convenio colectivo en el año 2021 se situará en torno al 1,7%. Esta dinámica de pérdida de poder adquisitivo de los salarios es inasumible, un polvorín social, y un serio hándicap para la recuperación económica.
No es fácil pactar convenios con una inflación disparatada, y que partiendo de un 0% hace apenas un año, se haya asomado al 10% en el mes de marzo. Por ello los sindicatos hemos propuesto una fórmula que garantice el mantenimiento del poder de compra, no provoque riesgo inflacionario de segunda ronda, y sea realista. La propuesta consiste en que sobre un incremento inicial situado en el entorno de la inflación subyacente (ahora en un 3,4%) pactar cláusulas de revisión salarial que compensen la diferencia de ese porcentaje con la evolución real de los precios. Estas cláusulas no pueden operar al final del ciclo que dure este pacto salarial (3 años). Lo tienen que hacer al final de cada uno de los años (2022, 2023, 2024). De otra manera en la práctica las personas asalariadas pasarían un via crucis inasumible.
los sindicatos hemos propuesto una fórmula que garantice el mantenimiento del poder de compra, no provoque riesgo inflacionario de segunda ronda, y sea realista.
Negar estas clausulas supone en estos momentos enviar a la intemperie los salarios de millones de trabajadores, cuando aun existen muchas incógnitas sobre como evolucionarán los precios en los próximos meses. Si las medidas para limitar los precios del gas en el mix energético surtieran efecto, y teniendo en cuenta que la inflación inter-anual en la segunda parte del año se moderará (la “base” sobre la que se está calculando ahora el IPC estaba en abril 2021 en el 2,2%, pero en otoño se situará entre el 5 y el 6,5%, con lo que el diferencial caerá con toda probabilidad), puede ocurrir que tengamos una inflación a fin de año, mucho más moderada que ahora.
Pero esto no quiere decir que los precios bajen. Las empresas habrán repercutido los incrementos de costes en precios; si los costes bajan y los precios se mantienen, los excedentes empresariales aumentarán. Y ese escenario no se puede configurar sin que participen de él los salarios. Por eso es fundamental la certidumbre de las clausulas de revisión, que en mi opinión solo se están rechazando por puro dogmatismo, o por el intento de hacer caja en el medio plazo, de una forma muy irresponsable y muy oportunista por parte de las organizaciones empresariales.
Ya hicimos de facto un pacto de rentas en plena pandemia, que evitó el desplome del empleo y en que todas las partes aportaron.
Somos conscientes de que las recomendaciones salariales ligadas a un nuevo Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) serían muy convenientes. Por eso no cejaremos en el empeño de alcanzarlo. La negociación de los convenios sin el “paraguas” del AENC corre el riesgo de dualizarse. Los sectores más organizados y sindicalizados podrán alcanzar acuerdos que incluso mejoren lo que ahora está encima de la mesa; los menos sindicalizados y/o precarizados pueden sufrir una devaluación salarial intensa. Intentaremos contrarrestar esa situación. Pero la recomendación salarial no se va a pactar a cualquier precio. Las cláusulas de revisión salarial son condición necesaria.
En 2017 nos negamos a suscribir un acuerdo en el AENC porque sus contenidos no eran suficientes. Iniciamos movilizaciones ligadas a la negociación colectiva. Un tiempo después llegábamos a un acuerdo que mejoraba la oferta salarial de CEOE y situaba el salario mínimo de convenio en 14 mil euros anuales. La participación de la remuneración de asalariados en el PIB comenzó a recuperarse en 2018 con la firma de este IV AENC en el mes de junio, y experimentó el alza más importante de toda la serie histórica en 2019, incrementándose en 0,9 puntos porcentuales, gracias al pleno despliegue del acuerdo de negociación colectiva y al importante incremento del SMI (un 22,3%).
Los incrementos posteriores observados durante la pandemia, en 2020 y 2021, fueron circunstanciales y debidos al fuerte sostenimiento del empleo que proporcionaron los ERTE en un momento de una fuerte caída de los beneficios empresariales. El hecho de que se produjera una menor caída del empleo que la reducción de beneficios empresariales y que la contracción de la propia economía, fue un hecho sin precedentes en la historia de las crisis españolas. Ya hicimos de facto un pacto de rentas en plena pandemia, que evitó el desplome del empleo y en que todas las partes aportaron. Y salimos más rápido de la crisis pandémica y recuperamos más rápido que nunca el empleo.
Esta es una crisis diametralmente distinta en sus causas y caracterización, lo sabemos. Y no va a servir la misma fórmula para afrontarla, lo sabemos igualmente. Pero también sabemos que la fórmula que no va a servir -desde luego, no con nuestro beneplácito- es la de la devaluación salarial de los años posteriores a 2011 y la reforma laboral -que hemos laminado dando un salto adelante en la estabilización del empleo, que espero no haya hecho más que comenzar-.