El 26 de noviembre se ha rubricado el VI Acuerdo para la Solución Autónoma de Conflictos laborales (ASAC), en la sede del SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje), entre los sindicatos más representativos, CCOO y UGT, y las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME.
Los servicios para la solución autónoma de conflictos colectivos rinden un servicio muy relevante a nuestro país, y suponen una fórmula para la des-judicialización de una parte de los conflictos laborales. Por citar un dato, en el año 2019 se tramitaron 424 expedientes en el SIMA, pero si añadimos los tratados en organismos análogos de las CCAA el número asciende a 48.488, con una afectación total de casi 6,5 millones de personas trabajadoras.
Han transcurrido 24 años desde la firma del Primer Acuerdo de Solución Extrajudicial de Conflictos, así como de la creación de la propia fundación SIMA. En España han cambiado muchas cosas en estos 24 años, pero no la voluntad de sindicatos y organizaciones empresariales de dotarnos de herramientas útiles para administrar un sistema de Relaciones Laborales desde la propia autonomía de las partes.
Me parece relevante destacar esto, porque si hay un terreno dentro de las relaciones económicas y sociales donde el conflicto de intereses es patente y cotidiano, es el de las relaciones laborales. Y contar con un acreditado servicio de solución autónoma y extrajudicial de conflictos, precisamente allí donde el conflicto es inherente, se debe en gran parte a la existencia de agentes sociales representativos, con capilaridad en el terreno y a la vez con visión periférica sobre cómo se deben abordar las cosas.
En el acto de firma que celebramos el pasado jueves, junto a las negociadoras del acuerdo (cuatro mujeres) así como la directora del SIMA, Beatriz Losada, y con la presencia de la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, todas las organizaciones pusimos en valor los espacios de diálogo bi-partito, y la autonomías colectiva de las partes para ordenar y organizar el modelo laboral español en aquello que nos alude esencialmente a organizaciones sindicales y patronales.
En coherencia con ese argumento hay que recuperar esa autonomía colectiva que fue atacada por la última reforma laboral de 2012 de forma nítida.
Porque si hablamos de autonomía colectiva debemos hablar de la capacidad autónoma de los convenios para fijar su estructura y la articulación de sus distintos ámbitos. Por tanto hay que cambiar la reforma que determina de forma autoritaria que un convenio de empresa pueda disminuir los salarios de un convenio sectorial (incluso aunque los negociadores de los convenios determinemos autónomamente que eso no sea así). El resultado han sido salarios de miseria, cargas de trabajo inasumibles, precariedad y enfermedades profesionales.
Porque si hablamos de autonomía colectiva debemos hablar de la capacidad autónoma de los convenios para fijar la duración de su vigencia, de manera que ante la posibilidad de retrasarse un acuerdo, en ningún caso decae el convenio ni pierde su vigencia. Por tanto hay que cambiar la reforma que determina que un convenio decae si no se produce su renovación en el plazo de un años. El resultado ha sido debilitar la posición negociadora de las y los trabajadores ante la “espada de Damocles” de pérdida del convenio.
Porque si hablamos de autonomía colectiva debemos hablar de la capacidad de los agentes sociales representativos, de ser los interlocutores ante los procesos de modificación de lo pactado colectivamente. Por tanto hay que cambiar la reforma que permite que “representaciones fantasma” y sin ningún tipo de procedimiento ni garantía democrática, puedan decidir la no aplicación de un convenio colectivo, al margen de sindicatos o comisiones paritarias. El resultado ha sido generar una fórmula para reducir condiciones laborales sin que medie ninguna causa, o al menos, no sea comprobable que exista causa alguna. Una vez más, precariedad y bajada salarial (el 96% de los casos).
En efecto. Apostar por la autonomía colectiva, poner en valor el papel constitucional de los agentes económicos y sociales, reivindicar el papel bipartito de sindicatos y organizaciones empresariales, supone -si se afirma sinceramente- la corrección de los aspectos centrales de la última reforma laboral. Una reforma autoritaria, intervencionista, regresiva, y pensada para devaluar las condiciones laborales y salariales.