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Artículo publicado en Mundo Obrero

Estamos sumidos en una tercera ola de la pandemia de la COVID-19. Desde la gravedad de la situación, y sabiendo que la prioridad total como país debe seguir siendo la lucha contra el virus y acelerar el proceso de vacunación de la población, hay que pensar también en el escenario post-COVID.

A estas alturas es evidente que las secuelas de la crisis sanitaria se han extendido a una crisis económica cuya evolución va a ser compleja. Si en un primer momento, ante el desconocimiento generalizado sobre como evolucionaría la pandemia, se especuló con una crisis de intensidad enorme pero duración corta, este escenario está superado por los acontecimientos.

La respuesta dada a la crisis económica hasta ahora es muy distinta a la que se puso en marcha a partir de 2010 y que se extendió durante el siguiente lustro. En aquel momento se impulsó una agenda para la devaluación salarial de países como España, deteriorando las condiciones de trabajo, debilitando la capacidad de respuesta colectiva de las y los trabajadores, así como recortando el gasto en los servicios públicos, lo que conllevó su deterioro.

Hace una década España emprendía el camino de la devaluación interna. Las políticas contra la crisis mundial del 2008 que se definieron a partir de mayo de 2010 y en los años sucesivos, se caracterizaron por un agresivo paquete de medidas de recorte de gasto público, determinadas subidas de impuestos y reformas antisociales, que provocaron al menos dos tipos de consecuencia.

Una, de índole socioeconómico. Aumentó la desigualdad, disminuyeron los salarios, empeoró la calidad de los servicios públicos. Una parte muy importante de la sociedad española vio mermado su nivel de vida de una forma importante. Precariedad, inseguridad vital, ruptura de expectativas vitales.

Otra de índole socio-política. El paquete de medidas citado se justificó dentro de las condiciones que “Europa” le imponía a España para rescatar el sistema financiero y con él la economía. Instancias externas (una nebulosa Troyka, Bruselas, los “hombres de negro”…), saltaban las preferencias democráticas que pudiera tener nuestro país para imponer una agenda antisocial.

Sorprende el tono de la polémica sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). En España existe una voluntad declarada (acuerdo de Gobierno) de elevar su cuantía hasta el 60% del salario medio a lo largo de la legislatura. Este itinerario debía haberlo situado para 2021 en los 1000 euros (recordemos que esta cifra ya estaba acordada como salario mínimo de convenio por parte de CCOO, UGT, CEOE y CEPYME en el último Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva -AENC-).

Sin embargo han aparecido circunstancias imprevistas en este año 2020 (COVID y profunda crisis económica). En todas las conversaciones informales que hayamos podido tener estas últimas semanas en las que nos han planteado relajar el ritmo de subida del SMI, producto de la incertidumbre y la prioridad absoluta de recuperar el empleo perdido, hemos dicho lo mismo “lo hablamos, claro. Llamadnos a consultas y hablamos”. Pero lo que resultaba sorprendente era la idea de la congelación del SMI, felizmente descartada ayer por el Gobierno. Para CCOO, es necesario renovar el compromiso de subida del SMI en la perspectiva de la legislatura, para disminuir la brecha salarial.

El 26 de noviembre se ha rubricado el VI Acuerdo para la Solución Autónoma de Conflictos laborales (ASAC), en la sede del SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje), entre los sindicatos más representativos, CCOO y UGT, y las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME.

Los servicios para la solución autónoma de conflictos colectivos rinden un servicio muy relevante a nuestro país, y suponen una fórmula para la des-judicialización de una parte de los conflictos laborales. Por citar un dato, en el año 2019 se tramitaron 424 expedientes en el SIMA, pero si añadimos los tratados en organismos análogos de las CCAA el número asciende a 48.488, con una afectación total de casi 6,5 millones de personas trabajadoras.

Desde junio de 2017 soy secretario general de CCOO. Antes, lo fui durante 8 años de las CCOO de Euskadi. Sé por tanto que cuando asumes según qué responsabilidades tus palabras ya no son tuyas, y el margen de expresar opiniones personales está limitado por la responsabilidad que ejerces, y que te ha cedido temporalmente mucha gente. Mucha y buena gente que además tiene un pensamiento diverso porque Comisiones Obreras es una organización confederada y plural. Y hay temas, que obviamente no son cómodos.

También soy vasco. Una contingencia casual en la vida, que ni quita ni pone mérito y es tan destacable como ser de cualquier otro lugar. He vivido en Bilbao hasta hace tres años y medio cuando vine a Madrid, y aún hoy vuelvo regularmente a mi ciudad y a mi casa, en el  barrio en el que viví desde niño, apenas a doscientos metros de “mi cole”.

Terminamos la semana en la que llegamos al acuerdo para la renovación de los ERTE, a través de una serie de normas que van a incentivar -con toda seguridad- su utilización durante los próximos meses, en sustitución del despido como formula de ajuste de las empresas.

Y esta tendencia, utilizar el recurso al ERTE en lugar del despido, rompe una inercia clásica en el modelo laboral español. Esto, que lo venimos repitiendo agentes sociales y gobierno, supone una novedad que conviene valorar adecuadamente. Y a veces, para ello, hay que poner números a los mensajes.

se puede decir con certeza estadística que el recurso a los ERTE ha salvaguardado no ya cientos de miles de puestos de trabajo, como solemos decir con un exceso de prudencia, sino millones.

El modelo laboral español y las características de nuestro sistema productivo, han provocado siempre que las variaciones a la baja en el PIB se tradujeran en caídas del empleo muy intensas.