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España es hoy un país más libre que ayer. Se ha derogado el artículo 315.3 del Código Penal en base al que se imputó a más de 300 personas por delitos relacionados con el ejercicio del derecho de huelga.

Ha pasado poco más de una década desde aquella apuesta por las políticas de austeridad como fórmula de enfrentar la crisis financiera desatada en el 2008. Fórmula que iba a acarrear un fortísimo incremento del paro, de la pobreza y de la desigualdad. Se emprendía un camino de reformas antisociales que -se sabía, lo sabían bien- iba a generar una fuerte contestación social. En el plano laboral en innumerables conflictos y en tres huelgas generales. En otros planos, movilizaciones de todo tipo ante el desmantelamiento del sector público o los desahucios, por citar dos.

La crispación de la vida política instalada en España llega al esperpento en la Comunidad de Madrid. Que una opción -la de la actual presidenta- acuñe el slogan “Comunismo o libertad” es la traslación ibérica del trumpismo más desvergonzado. Sin embargo este tono que promueve una parte de la política acaba contaminando el debate general y eso es bastante peligroso.

Lo es porque debilita la convivencia; pero lo es sobre todo porque las fuerzas políticas de izquierdas se pueden ver tentadas a  que la disputa de ese terreno “cultural” o “simbólico” les lleve a descuidar las políticas reales y materiales, tan necesarias para la mayoría social. Necesarias para sostener el día a día de millones de personas, pero también para la caracterización que esas personas hagan sobre por dónde deben discurrir las políticas públicas en los próximos años.

Artículo publicado en Mundo Obrero

Estamos sumidos en una tercera ola de la pandemia de la COVID-19. Desde la gravedad de la situación, y sabiendo que la prioridad total como país debe seguir siendo la lucha contra el virus y acelerar el proceso de vacunación de la población, hay que pensar también en el escenario post-COVID.

A estas alturas es evidente que las secuelas de la crisis sanitaria se han extendido a una crisis económica cuya evolución va a ser compleja. Si en un primer momento, ante el desconocimiento generalizado sobre como evolucionaría la pandemia, se especuló con una crisis de intensidad enorme pero duración corta, este escenario está superado por los acontecimientos.

La respuesta dada a la crisis económica hasta ahora es muy distinta a la que se puso en marcha a partir de 2010 y que se extendió durante el siguiente lustro. En aquel momento se impulsó una agenda para la devaluación salarial de países como España, deteriorando las condiciones de trabajo, debilitando la capacidad de respuesta colectiva de las y los trabajadores, así como recortando el gasto en los servicios públicos, lo que conllevó su deterioro.

Hace una década España emprendía el camino de la devaluación interna. Las políticas contra la crisis mundial del 2008 que se definieron a partir de mayo de 2010 y en los años sucesivos, se caracterizaron por un agresivo paquete de medidas de recorte de gasto público, determinadas subidas de impuestos y reformas antisociales, que provocaron al menos dos tipos de consecuencia.

Una, de índole socioeconómico. Aumentó la desigualdad, disminuyeron los salarios, empeoró la calidad de los servicios públicos. Una parte muy importante de la sociedad española vio mermado su nivel de vida de una forma importante. Precariedad, inseguridad vital, ruptura de expectativas vitales.

Otra de índole socio-política. El paquete de medidas citado se justificó dentro de las condiciones que “Europa” le imponía a España para rescatar el sistema financiero y con él la economía. Instancias externas (una nebulosa Troyka, Bruselas, los “hombres de negro”…), saltaban las preferencias democráticas que pudiera tener nuestro país para imponer una agenda antisocial.

Sorprende el tono de la polémica sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). En España existe una voluntad declarada (acuerdo de Gobierno) de elevar su cuantía hasta el 60% del salario medio a lo largo de la legislatura. Este itinerario debía haberlo situado para 2021 en los 1000 euros (recordemos que esta cifra ya estaba acordada como salario mínimo de convenio por parte de CCOO, UGT, CEOE y CEPYME en el último Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva -AENC-).

Sin embargo han aparecido circunstancias imprevistas en este año 2020 (COVID y profunda crisis económica). En todas las conversaciones informales que hayamos podido tener estas últimas semanas en las que nos han planteado relajar el ritmo de subida del SMI, producto de la incertidumbre y la prioridad absoluta de recuperar el empleo perdido, hemos dicho lo mismo “lo hablamos, claro. Llamadnos a consultas y hablamos”. Pero lo que resultaba sorprendente era la idea de la congelación del SMI, felizmente descartada ayer por el Gobierno. Para CCOO, es necesario renovar el compromiso de subida del SMI en la perspectiva de la legislatura, para disminuir la brecha salarial.

El 26 de noviembre se ha rubricado el VI Acuerdo para la Solución Autónoma de Conflictos laborales (ASAC), en la sede del SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje), entre los sindicatos más representativos, CCOO y UGT, y las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME.

Los servicios para la solución autónoma de conflictos colectivos rinden un servicio muy relevante a nuestro país, y suponen una fórmula para la des-judicialización de una parte de los conflictos laborales. Por citar un dato, en el año 2019 se tramitaron 424 expedientes en el SIMA, pero si añadimos los tratados en organismos análogos de las CCAA el número asciende a 48.488, con una afectación total de casi 6,5 millones de personas trabajadoras.