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La OCDE recomienda que quienes trabajan en las subcontratas estén cubiertos por el mismo convenio colectivo que el de la empresa principal.

Es bastante habitual que cuando alguna instancia internacional o multilateral presenta algún informe que avala las políticas económicas ortodoxas del neoliberalismo, ese informe “ocupe escena”. “Rigidez del mercado laboral”, “dualidad laboral”, “insostenibilidad de las pensiones”… si usted quiere relevancia pública de un informe use esta terminología: el éxito de crítica y público lo tiene garantizado, diga después lo que diga.

Otros pronunciamientos tienen más difícil su salto al estrellato. Sin embargo se están moviendo cosas. El relato vinculado a las políticas de austeridad, de desregulación del modelo laboral, la desfiscalización en la economía, etc., es un relato cada vez más contestado. No solo por una deseable apelación a la justicia social, sino a la  propia eficacia económica. De hecho el fundamentalismo neoliberal en el que se han puesto a competir nuestras derechas patrias (el último episodio la reacción hiperbólica con los anuncios sobre la ley de vivienda) empieza a ser una cierta excentricidad rigorista. Falta poco para que el mítico bote que las cuadrillas de txikiteros ponen para tomar potes (chatos de vino) pase a ser otra muestra de comunismo ortodoxo que atenta contra la libertad de mercado y empresa…

La pasada semana en la tertulia de Hora 25, Daniel Bernabé se refería a la polémica sobre la subida del SMI. Venía a afirmar que las posiciones contrarias a su elevación venían de una prevención que nadie va a afirmar de forma explícita: “¿Y si sale bien?”. Es decir, ¿y si en un contexto de fuerte subida de los salarios mínimos, el empleo en España sigue evolucionando favorablemente?

No me parece mal tirada la pregunta retórica. Porque desde hace varios días yo también tengo la impresión de que cuando polemizamos sobre el salario mínimo interprofesional, no se está hablando ya solo del SMI, sino en general de la ideología subyacente a la evolución de los salarios.

Estamos asistiendo a la concreción de algunos de los proyectos con los que se quieren utilizar los fondos de recuperación europeos. El PERTE sobre el automóvil o el anuncio de la “Manifestación de Interés” para una inversión mil millonaria en ARCELOR que avance en el proceso de des-carbonización en la producción de sus plantas, son dos ejemplos.

Estas noticias relevantes pueden reforzar una tentación que se viene apreciando en el Gobierno de España en las últimas semanas. Sucumbir a la idea de que la inercia del crecimiento económico del segundo semestre de 2.021 y del año 2.022, junto a la paulatina concreción de las inversiones de los fondos NGUE, le bastan para ir ganando posiciones electorales. Y deslizándose por la pendiente de esa inercia, optar por relajar o incluso dejar en vía muerta la agenda reformista comprometida en su programa de Gobierno.

El pasado 5 de julio “Cinco Días” publicaba una reseña sobre un informe de la OCDE con un impactante titular “La OCDE advierte de que los altos precios de la vivienda pueden ahogar la reactivación del consumo”, seguido de algunos datos demoledores:

La familia española dedica a vivienda el 35,6% de su renta, un récord histórico. Este dato -ya de por sí relevante- es una media. En el quintil de hogares con ingresos más bajos la cantidad asciende al 37% del total de la renta. Por encima de lo dedicado a la “comida y ropa” (26%) y más que triplicando a cualquier otra “partida” del presupuesto familiar.

También hacía lecturas comparadas afirmando que “la vivienda, principalmente la que está en régimen de alquiler, representa en promedio el mayor gasto de los hogares en el conjunto de la OCDE en todos los grupos de ingresos, por delante de la alimentación y la ropa, el transporte, el ocio, la salud y la educación”.

“Este ajuste ha sido especialmente grave para los trabajadores temporales. Mantenemos una tasa de temporalidad de casi el 25%, mucho más elevada que el resto de nuestros socios europeos. La temporalidad media en la UE27 es del 14%, 11 puntos inferior a la española.”

“El capítulo III agrupa diversas medidas para favorecer la flexibilidad interna en las empresas como alternativa a la destrucción de empleo. El problema de la dualidad laboral es consecuencia, en buena medida, de un sistema de instituciones laborales inadecuado que ha quedado evidenciado durante la última crisis. En un sistema que genera incentivos adecuados, las empresas pueden hacer frente a las oscilaciones de la demanda recurriendo a mecanismos diferentes al despido”

Estos párrafos están sacados de la exposición de motivos del Real Decreto Ley del año 2012 sobre medidas urgentes para la reforma del mercado  laboral. Es decir, la traída y llevada reforma laboral del Gobierno Rajoy.

Casi seis años después de la entrada el vigor del citado decreto, el año 2017 terminaba con una tasa de temporalidad del 27%. Es decir que 27 de cada 100 personas con un puesto de trabajo tenían un contrato temporal. Campeones de Europa. Este dato podría dar una idea de hasta qué punto la reforma laboral fue un fracaso… si los objetivos de la exposición de motivos hubieran sido los reales.