Normalmente los resultados de una “campaña” se miden en términos de impacto mediático, influencia, retuits, mancha publicitaria… Sin embargo en CCOO hemos presentado los resultados de la campaña “Carne sin fraude” que se puso en marcha en el año 2017 desde parámetros de valoración bien distintos:
- 23.000 trabajadoras/es cuya situación laboral ha sido regularizada, pasando de trabajar en falsas cooperativas de trabajo autónomo a formar parte de las empresas en el régimen general de la seguridad social.
- Más de 200 millones de euros en multas
- Regularizaciones de cotizaciones sociales, aplicación de convenios colectivos…
Y esto es así porque la campaña fue mucho más allá de un slogan o una buena idea visual. Supuso una acción sindical múltiple, emprendida con determinación y desde distintos prismas de la actuación de un sindicato. Hubo (y hay) una decisiva variable judicial pero no se limitó a ganar o perder juicios. La acción sindical consiste también en muchas movilizaciones, huelgas, negociaciones o acuerdos. También en sufrir despidos, amenazas y actuaciones anti-sindicales, por parte de algunas empresas.
23.000 trabajadoras/es cuya situación laboral ha sido regularizada, pasando de trabajar en falsas cooperativas de trabajo autónomo a formar parte de las empresas en el régimen general de la seguridad social.
La campaña tuvo el acierto de no situar el foco exclusivamente donde se manifestaba el problema, es decir, en la existencia de cooperativas que trabajaban para empresas cárnicas, compuestas por personas autónomas, sino que se tuvo en cuenta que estas empresas eran suministradoras en buena medida de las principales cadenas de distribución alimentaria de nuestro país.
Y es que, junto a la acción sindical enumerada, se puso en marcha el “semáforo laboral cárnico”. Bajo el juego de situar en el “rojo, amarillo o verde” de una semáforo a las empresas en función de si sus suministradoras de carne utilizaban o no la figura de las cooperativas de autónomos, se daba el paso de abordar el problema desde la perspectiva del conjunto de la cadena de valor.
La utilización de las cooperativas de trabajo autónomo es una forma de ahorro de costes laborales y sociales, pero también es una forma de externalizar responsabilidades empresariales. Para ello se utiliza la fragmentación de los procesos productivos, a través de fórmulas de “ingeniería empresarial” que diluyen las relaciones laborales y el papel del derecho laboral.
El marco normativo ha ido favoreciendo estas prácticas o bien no las ha regulado aun convenientemente. La reforma laboral del año 2012, mediante la preferencia aplicativa del convenio de empresa respecto a los salarios de los convenios sectoriales, unida a la insuficiente regulación de la subcontratación en España, es un ejemplo de ese proceso de precarización. No se subcontrata para favorecer la especialización productiva, sino la caída de los salarios y el ajuste de coste en el conjunto de la cadena de valor.
se utiliza la fragmentación de los procesos productivos, a través de fórmulas de “ingeniería empresarial” que diluyen las relaciones laborales y el papel del derecho laboral.
La utilización del trabajo en plataforma, también con la ficción del trabajo autónomo o del «emprendedor en bicicleta», apunta en la misma lógica, recientemente vapuleada por el tribunal supremo. La regulación legal y mediante la negociación colectiva de esta realidad es imprescindible.
La precariedad laboral funciona en nuestro modelo de competencia “low cost” como la “Hidra de Lerna”. Un monstruo acuático con múltiples cabezas al que si le cortas una, se regenera en dos o tres. Por ejemplo, se crearon las Empresas de Trabajo Temporal en un modelo delirante de puesta a disposición de mano de obra en condiciones indignas. Se consiguió regular este despropósito, reconociendo por ley la aplicación del convenio de la empresa usuaria, pero a continuación aparecieron las empresas multi-servicios como una fórmula empresarial para burlar la norma. La reforma laboral del 2010 les abrió la puerta a reducir condiciones laborales y la del 2012 les consolidó esa opción que hoy constituye una invitación a la competencia desleal entre empresas, y al puro dumping salarial.
nuestro país debe abordar una modernización de la legislación laboral que revierta ese modelo de externalidad de riesgos y costes a espaldas de los trabajadores.
Como en el castigo de Sísifo, a veces la sensación de pugna contra la precariedad se parece a subir una pesada piedra por la pendiente de una ladera, y cuando se está a punto de llegar a la cima, la roca cae y toca volver a empezar.
Los resultados de la campaña #CarneSinFraude animan a seguir ejerciendo de Sísifo, y seguir peleando con la roca, la ladera, y el castigo. Pero nuestro país debe abordar una modernización de la legislación laboral que revierta ese modelo de externalidad de riesgos y costes a espaldas de los trabajadores.
Regularizar a 23 mil personas, con bastante complicidad desde la Inspección de Trabajo, es una de las noticias laborales más importantes en mucho tiempo. A la que -extrañamente- se le ha prestado poca atención. Pero marca una iniciativa sindical, rica, multifacética y llena de buenas prácticas, dentro de CCOO y también fuera.
Pese a la urgencia de la pandemia no podemos perder de vista que la acción sindical debe ir acompañada de un proceso de reconstrucción del marco normativo laboral para hacer frente a estas múltiples cabezas de la hidra. Empezando por la reforma laboral.