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Autor: unai

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Retórica incoherente


Estamos asistiendo a la concreción de algunos de los proyectos con los que se quieren utilizar los fondos de recuperación europeos. El PERTE sobre el automóvil o el anuncio de la “Manifestación de Interés” para una inversión mil millonaria en ARCELOR que avance en el proceso de des-carbonización en la producción de sus plantas, son dos ejemplos.

Estas noticias relevantes pueden reforzar una tentación que se viene apreciando en el Gobierno de España en las últimas semanas. Sucumbir a la idea de que la inercia del crecimiento económico del segundo semestre de 2.021 y del año 2.022, junto a la paulatina concreción de las inversiones de los fondos NGUE, le bastan para ir ganando posiciones electorales. Y deslizándose por la pendiente de esa inercia, optar por relajar o incluso dejar en vía muerta la agenda reformista comprometida en su programa de Gobierno.

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Escoger las preguntas. Vivienda, empleo y SMI


El pasado 5 de julio “Cinco Días” publicaba una reseña sobre un informe de la OCDE con un impactante titular “La OCDE advierte de que los altos precios de la vivienda pueden ahogar la reactivación del consumo”, seguido de algunos datos demoledores:

La familia española dedica a vivienda el 35,6% de su renta, un récord histórico. Este dato -ya de por sí relevante- es una media. En el quintil de hogares con ingresos más bajos la cantidad asciende al 37% del total de la renta. Por encima de lo dedicado a la “comida y ropa” (26%) y más que triplicando a cualquier otra “partida” del presupuesto familiar.

También hacía lecturas comparadas afirmando que “la vivienda, principalmente la que está en régimen de alquiler, representa en promedio el mayor gasto de los hogares en el conjunto de la OCDE en todos los grupos de ingresos, por delante de la alimentación y la ropa, el transporte, el ocio, la salud y la educación”.

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La hora de la verdad del modelo laboral


“Este ajuste ha sido especialmente grave para los trabajadores temporales. Mantenemos una tasa de temporalidad de casi el 25%, mucho más elevada que el resto de nuestros socios europeos. La temporalidad media en la UE27 es del 14%, 11 puntos inferior a la española.”

“El capítulo III agrupa diversas medidas para favorecer la flexibilidad interna en las empresas como alternativa a la destrucción de empleo. El problema de la dualidad laboral es consecuencia, en buena medida, de un sistema de instituciones laborales inadecuado que ha quedado evidenciado durante la última crisis. En un sistema que genera incentivos adecuados, las empresas pueden hacer frente a las oscilaciones de la demanda recurriendo a mecanismos diferentes al despido”

Estos párrafos están sacados de la exposición de motivos del Real Decreto Ley del año 2012 sobre medidas urgentes para la reforma del mercado  laboral. Es decir, la traída y llevada reforma laboral del Gobierno Rajoy.

Casi seis años después de la entrada el vigor del citado decreto, el año 2017 terminaba con una tasa de temporalidad del 27%. Es decir que 27 de cada 100 personas con un puesto de trabajo tenían un contrato temporal. Campeones de Europa. Este dato podría dar una idea de hasta qué punto la reforma laboral fue un fracaso… si los objetivos de la exposición de motivos hubieran sido los reales.

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El discreto encanto de la tecnocracia


Las elecciones de Madrid, tras el rocambolesco episodio de las mociones de censura en Murcia o Castilla-León, parecía que dejaban temporalmente estático el mapa de la correlación de fuerzas institucionales. El paso necesario sobre los indultos de los condenados por el procès debía poner las bases para un periodo de diálogo y negociación política en Catalunya que tuvieran como efecto colateral una cierta estabilización de la segunda parte de la legislatura, pese al ruido intenso que la oposición de derecha -cada vez más uniformemente populista- pronostica para los tiempos que están por venir.

Es este contexto el ritmo de vacunación, la creciente normalidad en la vida cotidiana, y la intensa recuperación económica que se perfila para para los próximos trimestres, sitúan un punto de inflexión social, político y económico bastante evidente.

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Martina y Martín


A todas las víctimas del amianto

Martina se levantó como un resorte de la cama cuando escuchó el motor del coche. Se dirigió a la ventana y levantó la persiana. Aunque se apresuró a saludar con el brazo, el coche, un viejo Citroën Xsara azul celeste, enfiló la avenida sin que su padre pudiera verla. Oculta tras los cristales perlados por gotas de agua. Llovía. No demasiado, pero llovía.

Martina volvió a su cama y miró el despertador. Apenas quedaban cinco minutos para la hora en que se levantaba habitualmente. Abrió la puerta de su habitación y se dirigió a la cocina. La luz ya estaba encendida.

Buen día ma.. Buen día, gorda. ¿Cómo dormiste? Bien, pero no pude despedir a papá. Sí, se fue un poco antes. Ya sabes que cuando llueve se forma caravana en la carretera y tiene que salir con un poco más de tiempo si no quiere llegar tarde al laburo. Ma, ¿papá se puso el buzo que le lavé ayer? ¿O no se había secado? Sí Martina, se fue a trabajar muy contento con el buzo que le lavó su hijita. Dale Marti, andá a ducharte. No ma, porfa, prefiero desayunar primero mientras se calienta el baño. Hace frío. Qué va a hacer frío,  dale friolenta,  que nos vamos a fundir con la cuenta de la luz.

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Miremos al futuro con una rémora menos del pasado. Huelga no es delito.


España es hoy un país más libre que ayer. Se ha derogado el artículo 315.3 del Código Penal en base al que se imputó a más de 300 personas por delitos relacionados con el ejercicio del derecho de huelga.

Ha pasado poco más de una década desde aquella apuesta por las políticas de austeridad como fórmula de enfrentar la crisis financiera desatada en el 2008. Fórmula que iba a acarrear un fortísimo incremento del paro, de la pobreza y de la desigualdad. Se emprendía un camino de reformas antisociales que -se sabía, lo sabían bien- iba a generar una fuerte contestación social. En el plano laboral en innumerables conflictos y en tres huelgas generales. En otros planos, movilizaciones de todo tipo ante el desmantelamiento del sector público o los desahucios, por citar dos.

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