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Artículo para Gaceta Sindical


En el último número de Gaceta Sindical previo al XII Congreso de CCOO escribí este artículo -de cierta extensión- sobre las políticas sociolaborales tomadas en pandemia y, por elevación, del papel que debieran tener en la recomposición social en disputa. Aprovecho la entrada para homenajear a Almudena Grandes desde el blog, con una foto en alguno de los múltiples actos en los que colaboró.

Las políticas en la pandemia vistas desde el mundo del trabajo. La contribución del sindicalismo de clase y el diálogo social a la democracia y las políticas públicas solidarias

El 13 de marzo de 2020 terminé un dúplex en el programa matinal de RTVE y de inmediato partí en coche hacia Bilbao. Llegué a primera hora de la tarde. El tiempo justo para descansar, dar una vuelta por el Casco Viejo y regresar a casa para preparar maletas para una temporada. Al día siguiente, sábado, había que volver a Madrid, junto a mi compañera que habitualmente reside en Euskadi. Pronto iba a comparecer Pedro Sánchez a anunciar el decreto de un estado de alarma que nos restringiría durante un tiempo indeterminado la movilidad.

El día anterior por la tarde, jueves, habíamos mantenido una videoconferencia con buena parte del Consejo de Ministros, incluido el propio Presidente del Gobierno, las Vicepresidencias (entonces Calvo, Iglesias y Rivera) y varios Ministerios (Díaz, Escrivá, Planas, M.J. Montero, Maroto y probablemente alguno más que no recuerdo). La misma mañana del 12 de marzo las organizaciones CCOO, UGT, CEOE y CEPYME habíamos enviado a la mesa del Presidente y de la Ministra de Trabajo una propuesta para una regulación express de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, con un acrónimo -ERTE- entonces casi desconocido fuera del mundo sindical.

La intención de la propuesta era prever una modificación legal en la regulación de esta fórmula de reducción o suspensión de jornada, de manera que se incentivara su uso para evitar la sangría de despidos que -previsiblemente- se precipitarían si la parálisis de la actividad civil y económica se confirmaba. Este acto de previsión, tan poco habitual en España, era un precedente inédito de una situación que nos desbordó como un tsunami. Porque en efecto, ni en los peores augurios podíamos pensar que aquella herramienta (los ERTE) que se regularon e incentivaron en un tiempo record en el siguiente consejo de ministros, iban a terminar por afectar a más de medio millón de empresas y a más de tres millones y medio de personas trabajadoras en nuestro país.

En todo caso la singularidad de la situación era un entremés de lo que venía. Una pandemia global con unos efectos demoledores sobre la población en términos de personas contagiadas, fallecidas, y con una parálisis de la actividad que provocó la mayor caída de la economía en tiempos de paz.

Una crisis que asolaba un país que, aunque había recuperado hacía tres años su nivel de producción de bienes y servicios previos a la crisis del año 2008, aun sufría secuelas en términos de desigualdad, situaciones de pobreza y pérdida de expectativas vitales de una parte relevante de la ciudadanía y particularmente de la clase trabajadora.

En septiembre de 2021 la situación ha cambiado notablemente. La investigación y la ciencia hallaron varias vacunas que, distribuidas y suministradas desde nuestra sanidad pública en tiempo record, han reducido notablemente la contagiosidad y la letalidad del virus. En la medida que se consolidaban espacios de normalidad y movilidad, la recuperación económica ha avanzado con vigor. Aún lejos de poder cantar victoria, la recuperación del empleo es más que notable en España. Por primera vez en la historia de nuestras crisis económicas, la caída del PIB no se ha traducido en una caída porcentualmente mayor del empleo, sino todo lo contrario. Esto ha situado a nuestro tejido productivo en mucha mejor disposición para traducir la recuperación económica en empleo (muchas de las empresas acogidas al periodo de socialización temporal de una parte de los costes salariales no hubieran sobrevivido a la pandemia si hubieran tenido que arreglarse “por su cuenta” ante la parada o caída de actividad).

El diálogo social y la Unión Europea, instancias reforzadas

La gestión socioeconómica de la pandemia ha conllevado a mi juicio el reforzamiento de dos instancias, dos instituciones, que habían tenido un protagonismo cuestionado en la anterior crisis. El diálogo social ha producido una serie de acuerdos que han dado cobertura a medidas decisivas para contener la destrucción de empleo y de empresas durante la pandemia. La puesta en marcha de los fondos de recuperación y resiliencia Next Generation, sufragados con deuda común europea suponen un cambio cualitativo respecto a la promoción de las políticas de austeridad con que la Unión condenó al empobrecimiento interno a los países más sobre-endeudados en la anterior fase recesiva. En este trabajo nos centraremos más en el diálogo social.

Respecto al diálogo social, la evaluación positiva de lo acontecido en los últimos 18 meses no debe llevarnos a lecturas equívocas por ingenuas. Ojalá el marco de concertación social y el papel determinante de los agentes sociales se consolidase de forma definitiva, pero tenemos que analizar los contextos en los que se ha desempeñado en la anterior crisis, en esta, y en el escenario que tenemos abierto en la post-pandemia.

En la anterior crisis se precipitaron una cascada de reformas de contenido regresivo para las mayorías sociales. La reforma laboral del año 2010, y de forma mucho más intensa la de 2012; la reforma de pensiones o de la prestación de desempleo del año 2013; o las políticas de desinversión en los sectores públicos, se hicieron desde la unilateralidad y saltando por encima del diálogo social. Fueron políticas de devaluación que perseguían un ajuste de las cuentas públicas en tiempos e intensidades temerarias, y una caída de los salarios como supuesta fórmula para recuperar competitividad y equilibrar nuestras balanzas exteriores.

Pero estos ajustes no se realizaron desde la unilateralidad solo por cuestiones de urgencia, sino porque eran coherentes con una estrategia general de mutación del modelo social. Si esas reformas estuvieran vigentes y aplicadas literalmente hasta el día de hoy, si no hubieran sido contestadas mediante la movilización social y la acción judicial (pensiones, sanidad, huelgas generales, sectoriales o de empresa, infinidad de demandas jurídicas en materia laboral etc.), y como consecuencia de ello parcialmente suspendidas o revertidas, el proceso de privatización de servicios públicos y la protección social en España sería casi irreversible.

Para entender la profundidad del progresivo cambio de modelo, veamos algún ejemplo. Recientemente la Federación de Enseñanza de CCOO presentaba la perspectiva sobre el inicio de curso escolar 2021-22. Y en ella arrojaba algunos datos sobre el silente proceso de privatización de nuestro modelo educativo. Desde la aprobación de la LOMCE hasta 2019 se ha aumentado el gasto público destinado a conciertos y subvenciones en un 18%. En bachillerato, mientras el número de alumnos creció en un 15% tomando como referencia el curso 2013-2014, las aulas públicas perdieron un 1,9% de su alumnado. En Formación Profesional en los últimos ocho cursos el alumnado matriculado en centros privados ha crecido en un 25,7%, mientras que en los centros públicos ese aumento se limita al 4,7%. Si nos ciñéramos al Grado Superior en la FP,  el dato es aún más escandaloso: la matrícula privada ha crecido un 67% por un 18,7% en la pública.

Combinar un abandono paulatino de la formación y la educación pública y facilitar el acceso selectivo a redes privadas o concertadas, es el camino más inteligente para provocar un efecto huida de las mayorías sociales de la red de educación pública. El proceso se retroalimenta al darse una mayor concentración de alumnado con problemas de aprendizaje “en la pública” -que refuerza el temor a una menor calidad educativa-, junto al señuelo de procesos selectivos de los centros concertados respecto al alumnado (mediante tasas falsamente voluntarias o procedimientos de acceso sin exigencias de equidad). Una vez completado el círculo vicioso de la segregación aspiracional (aspirar a que mis hijas/os no se mezclen con quien pueda lastrar su proceso formativo), ya no hacen falta posiciones radicales en defensa de la enseñanza privada. Será el propio sentido común de la mayoría social quien la demande para autonomizarse de las clases más desfavorecidas (es decir, el que tengo inmediatamente por detrás en la “escala social”)

Otro ejemplo tendría que ver con las pensiones. Si se hubieran aplicado los factores recogidos en la reforma de pensiones del año 2013, la caída de la expectativa de pensión en España se hubiera desplomado para las siguientes generaciones. Por poner un ejemplo, una persona que tenga 18 años en la actualidad y que generase una pensión futura de 1.500 euros, hubiera perdido 343 euros de su futura pensión en caso de aplicar el “factor de sostenibilidad” (recientemente derogado en acuerdo social), si atendemos a la evolución de la esperanza de vida que se desprende del INE.

Y es que el efecto diferido de la reforma de pensiones del 2013 no era solo una contención temporal del déficit público mediante una revalorización insuficiente a través del 0,25% que determinaba el IRP (Índice de Revalorización de Pensiones). Como se demostró, la movilización social fue capaz de suspender su aplicación. Pero las medidas no eran para la coyuntura, sino para instalar en el subconsciente colectivo la idea de la insuficiencia en el largo plazo de las pensiones públicas. Y si esta idea se instala en la mayoría social, es más sencillo que se abra paso antes o después la convicción de que hay que un procurarse el aseguramiento privado (no complementario, sino sustitutorio), lo que a su vez facilita el camino para un deterioro del sistema público (por ejemplo promoviendo una reducción de cotizaciones sociales) una vez que desaparece del citado sentido común social la idea de que el retiro por jubilación debe ser protegido desde una cobertura pública y suficiente.

Es decir, y aquí es donde quiero llegar, las políticas del austericidio fueron unilaterales no solo por un elemento de coyuntura (la presión de los mercados sobre la deuda soberana española, y la condicionalidad del rescate financiero a nuestro país) sino porque eran perfectamente coherentes con políticas transformadoras de amplio espectro que pretendían (y pretenden) modificar en profundidad la fisonomía socioeconómica de nuestro país, y arrumbar cualquier suerte de contrato social para el siglo XXI. Luego volveremos sobre esto.

Las políticas ante la pandemia y sus secuelas económicas por el contrario han sido consensuadas en buena parte de sus vertientes socio-laborales. Uno de los elementos mas reseñables de esta pandemia es que en medio de la dramática situación sanitaria y la extrema polarización política, ha habido una importante secuencia de acuerdos sociales. Los ya citados de los ERTE son los más reconocidos, pero no es menos importante el acuerdo en pensiones, la subida del SMI de 900 a 950 euros,  ni son despreciables la regulación del trabajo a distancia, la llamada “ley rider” o el compromiso en materia de dependencia. Únicamente a fecha de hoy han sido impulsados mediante acuerdos bipartitos (sin CEOE que se negó a apoyarlos) el desarrollo reglamentario de los planes de igualdad, y la subida del SMI de 950 a 965 euros.

Cabría especular aquí si las razones últimas que han llevado a CEOE a suscribir estos acuerdos tienen que ver con la convicción firme sobre los contenidos de los mismos, o más bien, con un intento de condicionarlos y buscar el “mal menor” ante un gobierno que -interpretan- en ausencia de acuerdo podría legislar de manera más desfavorable a sus intereses a través de acuerdos exclusivamente con los sindicatos. También cabría especular con que la negociación en una situación de emergencia y donde las medidas vinculadas a los ERTE han supuesto una socialización temporal y multimillonaria del coste salarial y de cotizaciones sociales, era buen lubricante para engrasar los acuerdos. Es decir, pacto cuando los recursos públicos salvan empresas porque la alternativa es un desastre empresarial y económico.

En todo caso creo que conviene hacer la lectura más benéfica en un triple sentido. Uno. Los acuerdos entre Gobierno, patronal y sindicatos dan mucha mayor solidez a aquellas medidas que se pactan que si fueran tomadas unilateralmente. Dos. La actitud de CEOE debe valorarse en la medida en que se da en un contexto de polarización política extrema y donde las presiones para que la patronal española no se corresponsabilizase en ningún caso con políticas del gobierno, no han debido ser menores. Tres. Se ha avalado empresarialmente una política de fuerte intervención pública en el “mercado de trabajo”, y esta intervención (anatema ideológico para tantos), ha evitado una catástrofe económica y empresarial, hasta el punto como ya se ha señalado que la secuencia “destrucción-creación de empleo” ha respondido de forma inversa a las fluctuaciones económicas respecto a crisis anteriores.

Para no perder mucho tiempo en especulaciones sobre motivaciones ajenas, sí situaré que creo que el fiel de la balanza para valorar el grado de reforzamiento del marco del diálogo social en España, tendrá que ver con la fase que abordamos en esta última parte de 2021. Pero no querría conducir esta colaboración por el análisis coyuntural que vincule las posibilidades del diálogo social y la actitud que pueda adoptar CEOE. Más bien querría abrir un poco el foco para insertar las reformas que debemos abordar en un camino disyuntivo al que se va a enfrentar la sociedad española y que debiera servir de auténtico contexto para analizar lo que está en juego a nivel sindical, político y de propia determinación como país.

Las reformas pendientes en el contexto sobre la recomposición social

No haría mucha falta extenderse sobre la importancia que tienen las reformas laborales o de pensiones para un sindicato como CCOO. Cabría resumirlas en que abordamos por un lado,  la reforma de la principal palanca para generar derechos laborales colectivos (el fortalecimiento de la negociación colectiva junto a la reducción de la temporalidad y precariedad de los contratos, que condicionan la política reivindicativa de la clase trabajadora). Por otro, el “mayor convenio colectivo” que puede suscribir un país como es la materia de las pensiones, en las que hay que decidir como se protegen las rentas de más de 15 millones de personas en los próximos años.

Estas reformas tendrían trascendencia en cualquier periodo temporal, pero en este momento creo que se sitúan en un proceso histórico que debiéramos examinar con detalle y voluntad no tanto de sentenciar, sino de abrir espacios de debate.

En este proceso histórico concurren varias dinámicas complejas: por un lado tenemos aun presentes las consecuencias de las políticas de austeridad y devaluación interna. Por otro los efectos (aun por evaluar con suficiente perspectiva y desde todas las ópticas: económicas, sociales y sociológicas, de salud pública, etc.) de una pandemia. Y por otro el acelerón en las transiciones digital y energético/ecológica.

Creo que las reformas que tenemos que abordar se sitúan en relación a la decisión sobre cómo se reconfigurar sociedades más duales, más fragmentadas y con altos niveles de incertidumbre, en las sociedades post-covid. Y en como se integran esos acelerones que la propia pandemia ha traído en las transiciones referidas,  digitales y energético/ecológicas.

Respecto a la primera circunstancia, se viene dando una pugna cada vez menos soterrada sobre como recomponer las bases materiales de las llamadas “clases medias”. Una parte de ellas sufrieron un deterioro en sus condiciones de vida tras la gestión de la anterior crisis. Casi todas esas “clases medias” -y esto es relevante- perdieron expectativas y certidumbres vitales. Y una buena parte de la clase trabajadora (que vendría a ser lo mismo que es la clase media, pero con menor acceso al crédito y a la herencia como forma de mejorar su expectativa patrimonial y de consumo) sufre un proceso de proletarización donde la figura del asalariado pobre no es excepcional.

Esa pugna se disputa entre la reconstrucción de un nuevo contrato social para el siglo XXI o la reconfiguración de una sociedad despiadada, privatizada e individualista. Puede parecer una caracterización excesivamente simple, pero creo que a veces hay que situar ejes de abscisas y coordenadas para dotarnos de una interpretación periférica de lo que ocurre, que pueda sacrificar fineza analítica para dotarnos de operatividad en la acción. También se puede decir que hay que separar el grano de la paja…

El contrato social tiene que partir de algunas de las viejas aspiraciones del movimiento obrero (trabajo con derechos y distribución primaria de la riqueza a  través de los salarios, fiscalidad justa y redistributiva, servicios públicos). Pero debe incorporar nuevas realidades producto de procesos como los cuidados a las personas, la digitalización creciente de la actividad económica (y su capacidad disruptiva sobre cómo fijar condiciones laborales o acelerar transiciones de empleo), o la transición a una economía baja en emisiones de CO2. El envejecimiento de la población española plantea toda una batería de retos. Las futuras tasas de natalidad y/o la integración de futuros procesos migratorios, exigen repensar las políticas de cuidados y las políticas de orientación, inserción y formación laboral.

No debiéramos ser ilusos. La opción de la “sociedad despiadada” tiene a favor que el neoliberalismo ha instalado en el sentido común contemporáneo las bases para que sus ideas se materialicen en una potente alternativa al modelo inclusivo del contrato social.

La emergencia del nuevo fascismo 4.0 busca respuestas alternativas al contrato social mediante “la política del señalamiento” de un culpable: el migrado, el pobre, la mujer feminista. La emergencia del trumpismo castizo da alternativas mediante la trampa anti-impuestos y la privatización como opción de segregación aspiracional, es decir, aislarme del de detrás (escuela concertada, políticas urbanísticas, aseguramiento sanitario o de la pensión como alternativa a los sistemas públicos -previa y conscientemente deteriorados tales servicios públicos-). Y estas dos corriente confluyen en una -acorralando opciones liberal/conservadoras ilustradas, al menos en España y por ahora- cuando sienten levemente amenazada su posición de dominación, como estamos comprobando.

Es desde esta perspectiva dual entre el contrato social y la sociedad despiadada -disputa poco tecnocrática dicho sea de paso- desde la que a España se le han abierto oportunidades que vale la pena explorar, y que demandarían políticas de estado. Hoy estas políticas parecen imposibles de atisbar, en un contexto ya citado de  polarización política, a veces cercana a la política de desestabilización institucional. Quizás por ello, el diálogo social tiene una oportunidad inédita de operar. Una especie de “estabilizador automático” social que se sitúe como vanguardia en el intento de modernizar nuestras instituciones laborales y socioeconómicas.

Los NGUE y la planificación

La utilización de los fondos de recuperación europeos ha actualizado un debate que algunos querían encerrar en el baúl de los recuerdos: el de las políticas de desarrollo sectorial, la planificación -inherente a la gestión eficiente de recursos públicos-, concebir la colaboración público-privada no como una mera forma de acceso parasitario de empresas a recursos comunes, sino  como un “quid pro quo” que movilice recursos privados y donde el estado co-determine las estrategias de inversión y compromisos respecto al empleo.

Los cambios vinculados a una economía que emita menos gases contaminantes están modificando las cadenas de valor. En cierta manera se vuelven a “tirar los dados” sobre como estructurar la distribución de esas cadenas. España debiera ubicarse mejor tras comprobar lo que supone la desindustrialización y una posición totalmente subalterna en las decisiones de los emporios económicos del mundo. Ahí debieran emplearse con acierto los fondos NGUE. Las ventajas comparativas para nuestro país no debieran volver a ser ni los bajos salarios, ni una fiscalidad menguante.

Si se me permite una licencia respecto a los fondos Next Generation y las políticas palanca asociadas a ellos, resulta curioso que lo que ahora todo el mundo ve como algo estratégico, deseable, fundamental -cuando los recursos vienen “de fuera”- antes se viese como un política decimonónica -cuando debiera haberse sufragado con recursos propios-. Hagan el ejercicio contrafactual de imaginar una política temporal de recargos para mejorar la recaudación fiscal pública durante un tiempo, que sirviera para impulsar media docena de PERTES (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) con los que impulsar una transformación de media docena de sectores productivos en España. El advenimiento de los soviets hubiera sido lo más sutil que hubiéramos oído…

En cualquier caso, y pese al flujo temporal de recursos europeos, España no puede resignarse a estar siempre entre 6 y 7 puntos de PIB por debajo de la media de la Unión Europea en recaudación fiscal. Salvo que añoremos el berlanguiano “Bienvenido Mister Marshall” o el mal día de Unamuno con el “que inventen ellos”, no podemos dejar de recaudar un NGUE cada año.

Un elefante solo se puede comer mordisco a mordisco, o hacer camino al andar.

La España de las próximas décadas requerirá de un nuevo modelo laboral y formativo. Desde un sindicato como CCOO no podemos dejar de enfatizar la vertiente laboral de esa reconstrucción del contrato social al que aludimos. No hay pacto social completo sin una puesta en valor del mundo del trabajo organizado y desde la institucionalización (en el mejor sentido de la palabra, entendida como reconocimiento necesario, vertebrado mediante las instancias precisas, y no desde el mero voluntarismo) de un sistema de relaciones laborales. Desde este punto de vista, el liberalismo trató de situar el trabajo como una mercancía más, un input productivo, cuya regulación es mejor cuanto más tenue es.

Una vez más aparece un doble enfoque. El que interpreta que la norma (en este caso laboral) debe dar carta de legalidad a la realidad que ya se impulsa de facto en el mundo económico, o la norma destinada a condicionar la evolución del mundo económico desde la preferencia democrática. En este caso las últimas reformas laborales de forma particular, pero casi todos los cambios legales acaecidos en el llamado “mercado laboral” desde finales de los ochenta, han ido por la primera línea. Y en este momento de fuertes disrupciones en el modo de producir, de distribuir, de consumir, de interrelación entre empresas, trabajadores, entornos, etc. recomienda no arrastrarse por la inercia desreguladora. Si los cambios y las transiciones exigen ejercicios de prospectiva, planificación, y gobierno de esos cambios, esto es inviable en un modelo empresarial, económico y laboral, desvertebrado, atomizado y desgobernado.

Sirva como ejemplo el modelo de descentralización productiva que hemos conocido hasta ahora. Concebido más como un modelo de abaratamiento de costes laborales y externalización de riesgos empresariales, que como una apuesta por la especialización. Cambiar el sistema de incentivos de ese modelo es clave, y por tanto necesitamos una regulación laboral que no aspire a competir por abajo, sino a producir mejor, con empleo de calidad, priorizando la estabilidad y el conocimiento acumulado que ello conlleva.

Contratas y subcontratas, falsas cooperativas de trabajo autónomo, temporalidad, empresas multiservicios, falsos autónomos, o trabajadores/as de plataformas, han sido habitualmente distintas fórmulas para endosar riesgos (laborales, fiscales, medioambientales etc.) desde las partes fuertes de las cadenas de generación de valor de las empresas a las parte debilitadas de las mismas y finalmente, a la clase trabajadora.

Hay que equilibrar estas realidades para que se distribuya mejor la riqueza que se crea en el país, y para fomentar los modelos económicos que se hacen productivos por una mejora en los sistemas de trabajo, incorporación de tecnología, inversión productiva, etc.

Necesitamos recuperar la autocomposición en la negociación colectiva. La autonomía de las partes es la que tiene que regular la estructura y la articulación de los distintos convenios, eliminando el disparate de que los convenios de empresa puedan rebajar los salarios de los convenios sectoriales aunque no medie ninguna causa económica que justifique estas medidas. Tampoco la vigencia de los convenios se puede ligar a un plazo vinculado al acuerdo de renovación de ese convenio. La ultraactividad indefinida que existía en la legislación española hasta la reforma laboral del 2010 ya podía ser limitada en el tiempo por la voluntad de las partes, pero esto apenas ocurría en ningún caso ni era reclamado por nadie en las mesas de negociación ¿Por qué se irrumpió en esa realidad pacifica desde la norma? Para debilitar la posición de negociación de los trabajadores/as en la negociación de los convenios.

Hay que garantizar un estándar de condiciones laborales en cualquiera de los modelos de externalización productiva que existan. Precisamente si se refuerza ese estándar con la garantía del convenio colectivo al menos sectorial, la subida de salarios mínimos (interprofesional y de convenios), mejora de las responsabilidades solidarias y subsidiarias de las empresas principales respecto a las prácticas de las externas, se regula la utilización perversa de la economía de plataforma, etc., se estará fomentando una descentralización productiva para la mejora de la especialización. Trabajar mejor. Y no una descentralización para el abaratamiento de costes. Trabajar más barato.

Necesitamos reforzar un modelo de formación permanente que sea la consecuencia de una mejor integración de los distintos subsistemas de formación (reglada, para el empleo, y los dispositivos de reconocimiento de competencias adquiridas por la experiencia profesional). Son claves la detección de necesidades formativas, la existencia de una potente red de centros públicos de Formación Profesional, la implementación de planes adecuados a los nuevos requerimientos competenciales no solo desde la visión de necesidad inmediata de la empresa, sino de la mejora curricular del trabajador/a en una perspectiva de largo plazo y más periférica. Los sistemas de orientación de esos itinerarios formativos son una magnífica oportunidad de poner en valor los servicios públicos de empleo y es un ámbito en el que los propios agentes sociales podemos jugar un papel determinante, sobre todo en PYMEs donde tenemos una capilaridad incomparable (de los más de 94 mil representantes de los trabajadores/as elegidos con las siglas de CCOO, más de un tercio lo son en empresas de muy reducida dimensión).

Y desde luego es fundamental reducir los niveles de precariedad, temporalidad y rotación contractual que persisten en España. Para ello, es necesario restringir la fórmula de contratación temporal y despido como forma prioritaria de las empresas para adaptarse a los ciclos económicos o las transiciones productivas, y sustituir tal fórmula por la estabilidad en los contratos y, en todo caso, por fórmulas alternativas de adaptación temporal del tiempo de trabajo para facilitar el tránsito por situaciones de dificultad o transformación.

El reforzamiento de la intervención colectiva de la clase trabajadora (el sindicato en definitiva) en la negociación sobre el establecimiento y la modificación de las condiciones de trabajo, sería el último aspecto que quiero señalar sobre la dimensión laboral de este contrato social. No es casual que los conflictos más agudos con las organizaciones empresariales en el diálogo social en tiempos de pandemia vengan de atribuir a los sindicatos la capacidad de intervención preferente en las negociaciones de los planes de igualdad, y del acceso a la información sobre los algoritmos de las plataformas de reparto de comida que se regularon en la “ley rider”. Como ocurrió en tiempos pasados cuando desde el Estatuto de los Trabajadores se reguló la información sobre la contratación que el empresario debía facilitar a la representación legal de las plantillas, CEOE ha tratado de impedir cualquier avance para fortalecer los espacios de intervención sindical en el centro de trabajo o la empresa. La versión autoritaria del ejercicio de organización y dirección empresarial sigue estando muy presente en la mentalidad de nuestro empresariado.

El paradigma del hombre y la mujer contemporáneo pasa por una creciente despolitización de muchos de los aspectos que determinan su vida en el plano material, laboral y económico que acaban más vinculados a la biografía individual y meritocrática que a la dialéctica de dimensión social y colectiva. En sentido contrario se politizan aspectos colaterales, secundarios e identitarios, que fácilmente caen en las redes de posiciones reaccionarias. Sin duda las fuerzas de centro derecha y liberal conservadoras han tenido la habilidad (y así hay que reconocérselo) de hacer bandera de que “el poder público no debe meterse en cómo se organizan la vida los ciudadanos” y a desarrollar una acción política que no hace otra cosa que determinar cómo se organizan la vida los ciudadanos (y las ciudadanas). Política performativa, enuncia cosas que convierte en acciones y transforma realidad. Política educativa, sanitaria, fiscal, urbanística, laboral, etc. El nuevo contrato social para el siglo XXI no debiera perder esa perspectiva. Convertir los enunciados y las intenciones en acciones que transformen realidades e induzcan comportamientos.

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