En círculos de opinión y en alguno seudo-sindical se pretende menospreciar la huelga del 14-N como política. Parto de considerar que las huelgas generales son un elemento de irrupción política de la representación y organización colectiva de las y los trabajadores (sindicatos). Entendiendo la política como el ámbito de decisión para conseguir los objetivos que una sociedad se fije en los asuntos públicos, está claro que una huelga general pretende influir en esa decisión desde el ejercicio democrático de la misma.
Si lo que se pretende es mezclar el carácter “político” con el “partidista” ahí se pincha en hueso. Es difícil tachar de partidista una convocatoria de ámbito europeo. No parece que hacer oposición a Rajoy sea lo que motive a sindicatos portugueses, italianos, griegos, malteses o chipriotas a convocar paros generales. Extraña pensar que la DGB alemana, la CGT o la CFDT francesa, la FGTB belga o sindicatos checos y eslovenos tengan entre sus desvelos los desvaríos de Fátima Báñez.
Pero más allá de estas zarandajas hay un tema que no se debiera pasar por alto cuando se habla con tanta frivolidad de “lo político”. Y más en un momento donde vende y levanta aplausos “lo anti-político”.
Esta crisis es económica sin duda. Pero entre sus elementos detonantes está la profunda crisis política previa forjada, especialmente en Europa. La construcción de un espacio monetario, con una deficiente construcción económica y una débil construcción política tienen mucho que ver con lo que nos está pasando.
La debacle económica en la que nos hallamos no puede ocultar una corriente de fondo que explica muchas actitudes, por ejemplo del gobierno alemán y las instancias europeas: la profunda recomposición del poder político que se está gestando.
Europa se encuentra en una auténtica encrucijada. El desgobierno económico es ya un problema de primer orden y esto lo sabe todo el mundo. La cuestión es cómo se define el gobierno económico que salve los muebles del naufragio y a qué intereses responda este salvamento.
Por parte de los países centrales, dominados por gobiernos conservadores y con una preeminencia de los intereses financieros, hay un planteamiento que no desagrada ideológicamente al resto de fuerzas liberal-conservadoras de Europa.
Constitucionalizar un orden liberal donde los márgenes de actuación públicos sean muy limitados. Reducciones dogmáticas de la posibilidad del déficit o la inversión pública. Incluso como actuación contra los ciclos económicos de crisis. Es decir la política económica será una, grande y libre(ral).
Por otro lado, pretenden un férreo control de las finanzas públicas de los estados endeudados. Las tutelarán los estados centrales con algún supervisor interpuesto sin descartar procedimientos sancionadores con quien no cumplan con la disciplina impuesta, a través del Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
Se trata de usurpar la soberanía que residía en los estados, hacia instituciones con escaso o nulo pedigrí democrático para aplicar una sola política posible. La debilidad de los países atenazados por la fusión de los problemas de la deuda privada y pública deja ese escenario en bandeja.
Sin avanzar en esta línea, Merkel y lo que representa se opondrá a medidas que alivien el coste de la financiación de la deuda a países como España, Italia, Grecia o Portugal. Su negativa a la capitalización directa de las entidades financieras, sin que los estados actúen como avalistas (y por tanto responsables últimos de esos rescates, repercutiendo es sus niveles de endeudamiento) son una prueba.
Esto, se vista de asepsia técnico-económica o se vista de lagarterana, es poco menos que un golpe de estado económico o una auténtica colonización económica. No es integración económica, no es un espacio común. Es una imposición de unos intereses bajo un paraguas ideológico y para una política única, lineal y homogénea.
El sindicalismo europeo debe oponerse a este modelo. Pero debe hacerlo sin tirar al niño con el agua sucia. No se trata de una defensa numantina de la soberanía de los estados frente a las instituciones comunes. Esta ficción está demostrando dramáticamente sus límites en esta crisis, donde el poder público y político aparece subyugado a los requerimientos de “los mercados”.
Se trata de que la cesión de soberanía se dé a instancias democráticas, abiertas al contraste democrático, en una Europa que pueda oponer políticas coordinadas. Como dijo el otro día Susanna Camusso, Secretaria General de CGIL “No tememos Europa como perspectiva política sino aquella que construye políticas de extrema dureza, la que defiende los intereses de los bancos y la economía en lugar de los intereses del trabajo».
En este sentido cobra todo su valor la convocatoria de la CES el 14-N, la huelga general compartida. La defensa de un contrato social europeo, la coordinación de políticas económicas o los estándares sociales mínimos como dice la resolución del pasado 17 de octubre en Bruselas. O que el Presidente de la DGB alemana haya denunciado el Pacto Fiscal como un pacto de estados frente a las instituciones comunes, reivindicando estas últimas.
Alguien dirá que todo esto son palabras. Sí, lo son. Pero son palabras que se canalizan ahora en una acción de protesta y deben servir para fortalecer un movimiento sindical global.
Son palabras, pero lo son en un momento donde las izquierdas políticas no son capaces de armar una alternativa, a veces avalan estas visiones conservadoras y estamos más cerca del repliegue populista que de otra cosa.
Serán palabras, pero también eran palabras las utilizadas para una convocatoria de huelga en Euskadi hace apenas unas semanas, que decían “España nos arruina” al más puro estilo de la Liga Norte.
Si alguien sigue pensando que el 14-N es una convocatoria política…