Una evolución inédita del empleo
Desde el año 2018 se han incrementado el número de cotizantes a la Seguridad Social en 3 millones de personas. Nunca ha habido más personas trabajando en España. La población española se asoma a los 50 millones de habitantes cuando a inicios de 2018 éramos poco más de 46,6 millones. No es que la emigración genere crecimiento y empleo, es que el crecimiento y el empleo facilitan y demandan emigración, aumentando las personas en edad de trabajar y explicando la mitad del crecimiento de la economía. Es más, nuestro país va a requerir de flujos migratorios en los próximos años para no frustrar sus posibilidades económicas.
No es la primera vez que dinámicas de este tipo se instalan en España. La expansión de la construcción a finales del siglo XX y los primeros años del XXI, y el crecimiento de la economía, también impulsaron una fuerte creación de empleo, reducción del paro, crecimiento de la población, así como un intenso flujo migratorio.
La diferencia es que, en aquel caso, el fundamento del crecimiento era un inmenso endeudamiento externo e interno, privado (hogares, empresas y entidades financieras), asociado a una enorme burbuja inmobiliaria, con profundos desequilibrios exteriores de nuestra economía, y expansión del empleo en sectores intensivos en mano de obra y de baja productividad, mientras que la actual situación tiene fundamentos notablemente más sólidos.
Entonces se habló de milagro económico y ahora hay quien pretende hablar de hecatombe económica. Si hoy, como afirmaba Enric Juliana, hubiera en España un gobierno y una mayoría parlamentaria distinta (de derechas, para entendernos), faltarían epítetos, metáforas, metonimias e hipérboles, para glosar la dimensión de tal gesta patria en términos que dejarían el Cantar Mío Cid como una discreta letrilla asonante.
Refiriéndonos a los datos de empleo, las personas cotizantes a la Seguridad Social en el régimen general se han incrementado un 25,3% desde el año 2018. Pero cabe destacar que quienes cotizan en el grupo 1 (ingenieros y licenciados) se han incrementado un 47,2%, sobrepasando los dos millones; quienes lo hacen en el grupo 2 (ingenieros técnicos, peritos…) en un 32,6%, y en el grupo 3 (jefes administrativos y de taller) en un 38,1%. Entre las mujeres la variación es aún más positiva y acusada.
La evolución de la ocupación en España muestra cierto cambio en el patrón de crecimiento y de modelo productivo. Y esto es muy relevante. Sin duda aún insuficiente para un país que debe reducir su dependencia de actividades estacionales, fortalecer el sector industrial y los servicios de alto valor, y mejorar la productividad de su aparato económico y no solo la productividad por hora trabajada. Insuficiente por tanto, pero un cambio que no se había dado en otros momentos históricos. Compatible con una subida del SMI de un 61% nominal, una reducción de la temporalidad a menos de la mitad de la que solíamos tener (hasta un 15,6%, que se reduce hasta el 13% en el sector privado) y un notable incremento de la contratación indefinida. Las mejoras de algunas variables laborales como las citadas, históricamente se apreciaban como deseables -por parte de la ideología dominante-, pero únicamente posibles si previamente había una mejora de la productividad. En este momento cobra vigor un argumento alternativo defendido desde CCOO: que mejorar los parámetros generales del marco laboral, es un incentivo a mejoras de la productividad por vías alternativas al ajuste salarial y a la depreciación del trabajo.
En un reciente documento del servicio de estudios del BBVA se apuntaba a que la mejora del empleo era una de las principales variables para explicar la mejor situación comparada de la economía española. Pero además daba cuenta de la mejora de la productividad total de los factores, contradiciendo el relato de que crecemos “al peso”, por acumulación de trabajadores, pero sin una mejora cualitativa de nuestro aparato económico.
La oportunidad del pleno empleo
No es solo eso. España está ante una oportunidad sin precedente de consolidar esa transformación, si aprovechamos nuestra disposición geográfica y dimensión, para convertirnos en una potencia energética gracias a las energías descarbonizadas como las renovables, el hidrógeno verde, etc. Reducir la dependencia de los combustibles fósiles, de los que somos totalmente dependientes, es más que un objetivo de sostenibilidad medioambiental. Es una oportunidad de conseguir cotas de soberanía energética y atracción de inversión industrial desconocida anteriormente para nuestro país. La electrificación de la economía y la movilidad, junto con la buena situación comparativa en conectividad y digitalización, abundan en esa idea de la oportunidad, cuyo aprovechamiento es aún mejorable. El pleno empleo debe ser el gran objetivo de país en un plazo no demasiado largo.
Revertir estas estrategias de transformación citadas, al calor de la oleada reaccionaria, negacionista, y atrasista que amenaza con arrojar Europa a la insignificancia absoluta, además de constituir la mayor amenaza democrática desde las dictaduras militares del anterior siglo, es un suicidio que España no debiera ni contemplar.
Toda transformación genera efectos múltiples, incertidumbres, e incluso damnificados. Bien lo sabemos en el mundo sindical donde las reconversiones que no han ido aparejadas a transiciones justas han provocado grietas sociales muy dolorosas. Por eso en tiempo de mudanza hay que dar certezas. Hay que cohesionar la sociedad, la distribución de la riqueza, y el refuerzo de los espacios de protección mutua que definen un estado social y de bienestar, en la realidad compleja del siglo XXI.
Los salarios “que no llegan”
Pero si antes hacíamos una aproximación de los alentadores datos de empleo, y de los cambios parciales en la composición de este, no podemos obviar otra realidad compatible con la citada. En nuestro país siguen existiendo millones de personas cuyas rentas salariales no les permiten alcanzar unos niveles de bienestar suficientes. Por definir a grandes rasgos lo que está sucediendo:
- Los salarios más bajos han subido con intensidad en los últimos años… pero siguen siendo bajos.
- Los salarios medios y medios bajos permanecen estancados, ya que han subido nominalmente pero no en la cuantía necesaria para hacer frente al incremento de determinados precios.
- Los salarios medios-altos y altos suben nominalmente y también en términos reales.
Desarrollemos estas aseveraciones con datos, pero también con razonamientos de orden más sociológico para tratar de interpretar qué pasa, y qué se puede y se debe hacer. Según los datos de la EPA en 2024, el 64% de la población asalariada (11,8 millones de un total de 18,5 millones) tiene unos ingresos medios mensuales por debajo del salario medio (2.618 euros al mes). El 50% de la población trabajadora gana por debajo de 2.265 euros, es decir, del salario mediano.
Los distintos niveles salariales han evolucionado de forma diferente en los últimos años. Los salarios más bajos se han elevado en España con las subidas consecutivas del SMI. Si dividimos los salarios en 10 grupos (deciles), podemos observar algunas cosas ilustrativas. Los salarios situados en los primeros 3 deciles (el 30% de los salarios más bajos) suben en términos nominales, y también en términos reales. Pese a los dos picos de inflación vividos tras la pandemia y tras la invasión de Ucrania, la subida de estos sueldos se sitúa el 12% y el 2,7% en términos reales, es decir, descontando la inflación. Pero hay que tener en cuenta que hablamos de salarios que engloban la mayor parte del tiempo parcial y, como se ha dicho, de los sueldos más bajos en general, por lo que pese a esa subida intensa porcentualmente hablando, la media salarial efectiva en esos primeros tres deciles está entre los 710 y 1489 euros.
Después, cuando avanzamos en las escalas salariales medias la evolución de los salarios nos habla de estancamiento en términos reales. Las subidas han servido para paliar en buena parte el impacto de la inflación (que como se citaba ha sido históricamente alta por diversos factores), pero sin mejoras en términos reales del poder de compra. Cuando estas familias y hogares estancados se enfrentan además a determinados gastos estructurales, algunos de ellos no recogidos en la cesta de precios que define el IPC, la situación se agrava, asomando en algunas ocasiones las situaciones de necesidad, y generalizándose un hondo malestar compatible con la buena marcha “macro” de la economía. “El país irá como un cohete, pero a mí no me toca”, podría ser la síntesis de esta situación.
Los precios del malestar que nadie mira
Conviene analizar con cierto detenimiento cuales son esos gastos que se han incrementado, que hacen que los sueldos no lleguen, y que provocan malestar entre determinados espectros sociales. No vaya a ser que los responsables políticos que con más fiereza señalan que la “gente común no llega a fin de mes”, sean los principales responsables de que “la gente común no llegue a fin de mes”.
Entre estos gastos destaca el del precio de la vivienda del que se habla por activa y por pasiva. Y con razón. La subida interanual del tercer trimestre de 2025 fue ni más ni menos que de un 12,1%. Bien sea en régimen de alquiler o a través de una hipoteca, el drenaje de rentas familiares destinadas al pago de un bien básico como es tener un sitio en el que vivir, es socialmente inasumible, y un lastre económico de primer orden. Es el problema por antonomasia.
Este problema está más que diagnosticado, aunque los análisis son diversos y las soluciones también. Este artículo no pretende plantear una propuesta integral en materia de vivienda, no porque no la tengamos , sino por no dispersarnos ni hacerlo eterno. Pero una política efectiva de reducción del precio de la vivienda es estratégica, alude al conjunto de administraciones públicas, debe contemplar medidas con efectos a corto, medio y largo plazo, no se puede resolver con medidas mágicas, y debe plasmarse de forma creíble como un gran compromiso de país.
Pero además de la vivienda, hay otros gastos que paulatinamente deterioran la renta de los hogares como son los suministros y necesidades básicas (que pesan más en la cesta de la compra de las familias con ingresos más modestos) y otros sobre los que se suele poner menos atención. Y, dicho sea de paso, no es ninguna casualidad que la evolución de estos precios esté pasando más desapercibida en la conversación pública. La razón es que este incremento de gastos es consecuencia de una opción política de deterioro del modelo social, y las competencias sobre las materias a las que se hará referencia, recaen en gran medida en las Comunidades Autónomas.
En España se ha duplicado el gasto que soportan en Formación Profesional los hogares con alguno de sus miembros cursando esa modalidad. En apenas 7 años, entre 2016 y 2023, el gasto que destinan los hogares para la FP superior ha pasado de 1.069 euros a 2.085 por hogar. En la FP de grado medio al gasto sube un 45% hasta los 944 euros. Igualmente, el gasto en estudios universitarios de máster o doctorado ha aumentado un 66% pasando de 2.379 a 3.941 euros por hogar. Una familia con una hija haciendo una FP superior y un hijo cursando un doctorado, habría visto incrementar (en media) su gasto solo en formación en un 75% hasta los 502 euros mensuales.
Los distintos formatos de privatización sanitaria abundan en la misma lógica. Si bien en general no se puede hablar directamente de privatización de hospitales o centros de salud, la derivación de pacientes a la sanidad privada mediante conciertos y, sobre todo, el deterioro en la calidad percibida del servicio empuja a un mayor porcentaje de la población a la suscripción de seguros privados. Si analizamos la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE, la evolución del gasto sanitario de los hogares se ha incrementado en un 30% (descontando la inflación) ente 2006 y 2023. Desde 2016 a 2023 el gasto por hogar que recurre a seguros sanitarios ha aumentado un 19% pasando de 432 a 512 euros.
Si a este panorama añadimos la insuficiente oferta pública de cuidados a personas dependientes, y por tanto la necesidad de cubrir esas necesidades en el mercado, o en tiempo personal y laboral (que normalmente emplean las mujeres y que lastra sus carreras profesionales), podemos aproximarnos a las desiguales afectaciones que el crecimiento económico español tiene sobre la ciudadanía. Existe un déficit de información sobre el volumen de los costos en dependencia que asumen las familias, y las CCAA suelen ser muy reacias a facilitar esta información, limitándose a señalar la infrafinanciación de la administración general. Esta infrafinanciación de la adminstración central ha sido cierta, se ha paliado parcialmente en estos últimos años, pero no puede servir de excusa para que tampoco las autonomías cumplan con su parte de gasto, endosando, entre unos y otros, un abultado coste a las familias.
En este contexto cala la idea de que el país crece, pero ese crecimiento no llega a todos pese a la intensa creación de empleo, e incluso pese a la recuperación de (al menos una parte) de los salarios. Cala en parte porque hay una realidad que lo avala con datos, y en parte porque es una opinión inducida mediante una permanente estrategia política y mediática nada inocente.
Y es que, en gran medida, quienes diagnostican el desastre en la economía española y proclaman la falsedad de los datos que dicen lo contrario, utilizan para avalar ese diagnóstico la situación de millones de hogares. Pero más que un diagnosticadores neutrales o asépticos, son quienes están recetando el tratamiento doloroso. ¿Cómo? A través del paulatino deterioro de los servicios públicos y del estado de bienestar, de su privatización selectiva, y de la trampa anti-impuestos. El empobrecimiento de los hogares se puede dar por la vía de la caída de los salarios en relación con la evolución de los precios, por la disminución del empleo, pero también por el deterioro de los servicios y prestaciones públicas que empeoran la vida de amplias capas sociales y detraen recursos de la renta de las familias. Y las Comunidades Autónomas son el ámbito competencial para ejecutar esas políticas. El estrangulamiento financiero de las universidades públicas es el ejemplo más grosero.
Menos recursos públicos implican una caída de las rentas de las familias con rentas medias o bajas como hemos visto, pero sobre todo descosen sociedades, porque aumentan las brechas de desigualdad y son una apuesta por la segregación social. No es una falla del sistema, es la esencia del sistema en la ideología social imperante en las últimas décadas, y que hay que confrontar. Más cuando una nueva extrema derecha asalvajada amenaza, no ya con deteriorar los modelos sociales, sino romper los consensos básicos constituyentes de las democracias sociales surgidas a mediados del siglo pasado.
Es necesario profundizar en una distribución de la riqueza mediante el reforzamiento de los bienes públicos recuperando la idea de un contrato social para el Siglo XXI (sanidad, educación, vejez, o desempleo, pero también cuidados, acceso a la vivienda, sostenibilidad climática) que abra espacios de desmercantilización de tales bienes; también desde un impulso a las rentas salariales, con una ofensiva que sitúe el objetivo de mejorar los salarios y especial atención a los más bajos y medios-bajos; contener los precios que asfixian a las familias; y continuar con la transformación del modelo económico español, con empresas más productivas al calor de las oportunidades de la transformación digital y energética. Este es el principal objetivo del país. Y es el epicentro de la pugna por la defensa de la democracia, cada vez más cuestionada no como sistema político en abstracto, sino como condición de posibilidad para construir sociedades igualitarias.