Mientras celebramos el Congreso de la CES en Berlín, llegan las noticias sobre las recomendaciones de la Comisión Europea en las que se emiten señales sobre la necesidad del ajuste fiscal. Coincide con el día que debatimos el documento congresual que aborda el modelo de gobernanza socio-económica de la UE, la reforma del Semestre Europeo, o el Pacto Verde Industrial. Con el recuerdo de las nefastas consecuencias de las políticas de ajuste de hace algo más de una década aun en la retina, la inquietud se apodera del congreso y se convocan las primeras reuniones para intercambiar opiniones entre varios de los principales sindicatos europeos.
Vivimos un momento trascendente camuflado por el ruido instalado en la política y la degradación del debate público (por llamar algo a este circo en el que las nuevas formas de populismo trumpista han llevado la contienda política cuando es electoral).
En este momento se están disputando los términos en los que se sitúa la reforma del gobernanza económica propuesta por la Comisión Europea. En esa propuesta se mantienen las referencias establecidas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, es decir los objetivos del 3% para el déficit público de cada estado, y del 60% del PIB para la deuda. Tampoco hasta ahora se aceptan propuestas como la llamada “regla de oro de la inversión” que excluiría del cómputo del déficit los gastos de inversión, o al menos los relacionados con las transformaciones verde y digital.
Estas reglas –más allá de la flexibilidad en los plazos de ajuste aún en discusión–, pueden ser incoherentes con los retos que se han precipitado tras las crisis consecutivas originadas por la pandemia y la invasión de Ucrania, las consecuencias en el alza de los precios, y la necesidad asociada de reforzar la autonomía estratégica de la Unión.
Es decir, sería un suicidio colectivo creer que una reducción del déficit y la deuda en plazos demasiado cortos será compatible con afrontar los retos de las transiciones digitales y energético/ecológicas.
Asistimos a una crisis del modelo neoliberal de globalización. Eso y no otra cosa han sido las diversas rupturas e inestabilidades en las cadenas de suministro mundiales, las políticas proteccionista de EEUU –no sólo de Trump– o la inestabilidad en la configuración de un nuevo orden geopolítico mundial multipolar. Todo ello en medio de transformaciones económicas y sociales de envergadura. Europa debe articular un Nuevo Contrato Social Europeo para el Siglo XXI, a la vez que afronta las transiciones citadas.
Y debemos decir con claridad que los costes de abordar la transición verde y alcanzar el objetivo de neutralidad de emisiones en 2050 tiene un coste de tal calibre que solo una minoría de estados con capacidad de endeudamiento puede afrontar, incluso agregando los fondos europeos que están suponiendo los Next Generation y o el Repower a los presupuestos nacionales. Si el resto de estados tiene que dedicarse en plazos irreales a una reducción drástica de la deuda, el incremento de las asimetrías dentro de la Unión puede volver a derivar en una situación sociopolítica explosiva, que imposibilitará las transiciones justas.
Se habla de la necesidad de un Plan Industrial del Pacto Verde. Esa iniciativa, impulsada en buena parte como respuesta a las medidas proteccionistas norteamericanas, permite ayudas estatales a los gobiernos nacionales para favorecer el desarrollo de la industria verde.
Este apoyo financiero requeriría dotar a la UE de una capacidad fiscal mediante deuda europea. No hay que olvidar que desde que se levantó la prohibición de subvencionar a las empresas con ayudas estatales como recurso para hacer frente a la situación excepcional de la pandemia, hasta finalizar 2022, los gobiernos nacionales de la UE han subvencionado con 670.000 millones a las empresas. Pero el 50% de esa cantidad corresponde al gobierno alemán y otro 25% al francés.
Si ahora se pretende que los estados tengan que restringir su capacidad de inversión al adoptar planes de reducción de su deuda pública, y a la vez se permite la ampliación de las ayudas sin que los países más endeudados puedan recurrir a financiación europea, la competencia desleal vendrá no sólo de los EEUU sino del interior de la UE y se erosionará gravemente el mercado único.
Las normas de gobernanza en discusión determinarán el campo de juego y los márgenes para tratar de localizar e impulsar industrias y fortalecer tejido productivo. Es mucho lo que está en juego. Y no, no es ETA ni los okupas.