Los datos de Contabilidad Nacional Trimestral que publica el INE son contundentes. Los beneficios empresariales son los causantes del traslado a precios finales del fuerte incremento de los costes que estamos sufriendo en el último trimestre de 2021 y el primero de 2022.
En concreto, en el último trimestre originaron el 106% de alza de precios (compensando el recorte de impuestos) y en el primer trimestre, el 83%. Por su parte los salarios apenas originan el 3,5 y el 13,7%.
Es evidente que ha habido un incremento muy notable de costes. Los precios energéticos, otras materias primas, o cuellos de botella en las cadenas de suministros, lo explican en buena parte. Sin embargo las empresas tienen la capacidad de repercutir ese incremento de costes a los precios. En cambio los salarios permanecen estancados. Por eso la inflación subyacente está en el 4,4% y los salarios solo suben el 1,5%.
Cuando el Gobierno planteó la necesidad de abordar un pacto de rentas se encontró con la oposición nítida de CEOE. Y se dieron dos circunstancias. La primera que el propio gobierno confundió un pacto de rentas con un pacto salarial, y por tanto no puso en la mesa medidas coherentes con lo que nos emplazaba a hacer a los agentes sociales. Las que tomó (y algunas son de indudable valor político y esperemos que económico como topar el precio de entrada del gas en el pool energético) lo hizo en el marco de su propia agenda y sin perspectiva de favorecer el pacto de rentas. La segunda, es que tal pacto salarial se ha bloqueado por la negativa de CEOE a mandatar a los negociadores de los convenios colectivos la inclusión de cláusulas de revisión salarial.
A partir de aquí tenemos un problema en el marco de la negociación colectiva que los sindicatos vamos a tratar de afrontar desde un proceso de tensionamiento y movilización en torno a los convenios, para evitar otra vez un injusto e inequitativo proceso de devaluación salarial.
Pero más allá del ámbito más estrictamente bipartito (el de la negociación colectiva) esta espiral de precios y sus efectos sobre la demanda interna, tiene efectos negativos para el país. Lo hemos comprobado en el primer trimestre de 2022, donde la ralentización del crecimiento (solo el 0,3% del PIB intertrimestral) ha sido causado fundamentalmente por la caída de la demanda de consumo de los hogares que se ha contraído un 3,7%; un -11,3% en el caso de los bienes de consumo duraderos.
Por tanto, siendo la negociación colectiva una competencia de los sindicatos y organizaciones empresariales, es evidente que concurren causas de interés general que hacen insostenible que los poderes públicos y el Gobierno se pongan de perfil.
En mi opinión una negativa de las organizaciones empresariales a suscribir acuerdos que garanticen incrementos salariales suficientes puede tener tales efectos económicos, que deben mover al Gobierno a tomar cartas en el asunto.
Repartir los costes de forma equitativa y justa tiene un campo de juego determinante en los salarios. Pero tiene o puede tener otro en la política fiscal. Hoy el alza de los precios impacta en el conjunto de la población, pero especialmente en las rentas más bajas. Recomponer el poder de compra de los hogares con menos recursos mediante transferencias públicas es una cuestión de justicia social y de eficacia económica.
Para ello se pueden habilitar medidas de carácter fiscal. En el año 2019, las empresas con más de 1000 millones de facturación pagaban un impuesto de sociedades sobre sus beneficios contables, del 4,8%. Con establecer en tal impuesto de sociedades un tipo mínimo efectivo del 15% (sobre los beneficios contables, eso si), la recaudación permitiría una transferencia a millones de personas, cuyos escasos ingresos están provocando que directamente no lleguen a fin de mes.
CCOO le ha puesto número orientativos a esta posibilidad. Una transferencia de 300 euros a 9,5 millones de personas que les ayudase a hacer frente al incremento del precio de la cesta de la compra tendría un coste inferior a 3000 millones de euros. Esa cantidad se podría obtener sobradamente aplicando ese tipo mínimo efectivo del 15% a las poco más de 1500 empresas que facturan más de 100 millones de euros, e incluso a las 186 que facturan más de 1000 millones de euros.
Más allá de esta propuesta orientativa, una reflexión más de fondo. La inédita crisis que provocó la pandemia en la economía, se saldó con uno de los ejercicios de corresponsabilidad más intenso que hemos visto en décadas. La ingente utilización de recursos públicos por parte del gobierno, la reducción o suspensión del tiempo de trabajo (y por tanto de los ingresos) por parte de la clase trabajadora, y el mantenimiento de 3 millones y medio de puestos de trabajo y una parte de los costes asociados por parte de las empresas, dieron un resultado inédito: se contuvo la destrucción de empleo y se situó al país en mejor disposición para recuperarlo tras las restricciones sanitarias. Como resultado por primera vez la caída porcentual de empleos fue menor que la caída porcentual de la economía, y hoy superamos los 20 millones de cotizantes a la seguridad social. Todo en un contexto de alza del SMI y de una reforma laboral que está disparando el uso de la contratación indefinida. Se podía hacer “de otra manera”, y se hizo. Con mejores resultados que “lo de siempre”.
Ante el alza de precios no podemos resignarnos al escenario del “sálvese quien pueda”. Los sindicatos estamos planteando una estrategia de movilización: Reparto o conflicto. El Gobierno puede y debe jugar un papel bajo una premisa: Tiene que haber reparto, sí o sí. De una manera, o de otra. Y herramientas dispone para hacerlo.