La pasada semana en la tertulia de Hora 25, Daniel Bernabé se refería a la polémica sobre la subida del SMI. Venía a afirmar que las posiciones contrarias a su elevación venían de una prevención que nadie va a afirmar de forma explícita: “¿Y si sale bien?”. Es decir, ¿y si en un contexto de fuerte subida de los salarios mínimos, el empleo en España sigue evolucionando favorablemente?
No me parece mal tirada la pregunta retórica. Porque desde hace varios días yo también tengo la impresión de que cuando polemizamos sobre el salario mínimo interprofesional, no se está hablando ya solo del SMI, sino en general de la ideología subyacente a la evolución de los salarios.
Nuestro país ha afrontado todas las crisis económicas desde una apuesta por la devaluación salarial como forma de ganar competitividad externa, una vez que desapareció el recurso a la devaluación de la moneda. Y también, en cada una de las reformas laborales -particularmente las justificadas utilizando la coartada de las crisis, o las tasas de desempleo general y en concreto el desempleo juvenil- se ha apostado por la desregulación de las garantías laborales y facilitando el recurso al despido como forma de ajuste. En una lógica de “cuanto más fácil sea despedir menos miedo hay a contratar”.
En estos años sin embargo algunas cosas han cambiado. El Salario Mínimo Interprofesional ha subido de una forma espectacular en los últimos cuatro años. De 707 euros a 950 en 2020. Un incremento del 34%. Y este incremento ha sido compatible con una recuperación del empleo con pocos precedentes como estamos comprobando en los últimos meses.
Por otro lado, la intervención en el llamado «mercado de trabajo» en esta pandemia ha evitado la destrucción de millones de puestos de trabajo, ofreciendo una alternativa al despido a través de la utilización masiva de ERTES (más de medio millón de empresas y 3,5 millones de trabajadores/as afectados). De ellos ya han vuelto a sus puestos el 93%. Nada más lejos del “dejen hacer, dejen pasar”, que hubiera sido letal para nuestro tejido productivo y nuestro empleo.
Es obvio que la caracterización de esta crisis no es comparable con ninguna otra. No fueron los desequilibrios típicos de la economía española, ni las consecuencias de una crisis internacional, sino la parálisis inducida de la actividad y la movilidad, lo que provocó la histórica caída del PIB de 2020, y la que mediatiza la exuberante subida del mismo en este 2021. Y también es obvio que la política de ERTES que hemos llevado a cabo desde el marco del diálogo social no puede ser reproducida miméticamente ante cualquier crisis, sino que ha sido una respuesta de excepción a una crisis sin precedente en intensidad y causa.
Pero siendo así, lo que es indudable es que la evolución de los datos en España dice que con un fuerte alza en los salarios más bajos, el incremento de la actividad ha recuperado el empleo con celeridad. Y que con una fuerte intervención regulatoria se ha contenido una destrucción de empleo que, en su ausencia, hubiera sido catastrófica.
Y en efecto, se plantea un interrogante. ¿Qué ocurriría si el SMI en España fuera de 1000 euros en enero de 2022 y la evolución del empleo fuera comparativamente buena? ¿Qué ocurriría si una reforma laboral que, en lugar de hacer lo de siempre, esta vez restringiera el recurso a la contratación temporal y al despido como válvula de ajuste empresarial, y lo sustituyera por estabilidad contractual y fórmulas de adaptación pactada de la jornada de trabajo para hacer frente a los ciclos económicos de coyuntura? Pues ocurriría que se vendrían abajo dos de los dogmas que han orientado las políticas de devaluación interna, precarización del empleo y promoción de la externalización de riesgos de las empresas, que han caracterizado históricamente nuestro modelo laboral.
Y llámenme mal pensado, pero creo que algo de eso hay en este regateo sobre la subida o no subida del SMI. Miren. En 2017 España había recuperado la producción de bienes y servicios previa a la crisis de 2008. El PIB crecía el 3% en términos reales. Pero ese año 17 se cerraba con menos de 18 millones y medio de afiliaciones a la seguridad social. Eran 1 millón menos que los que había antes del estallido de 2008. Es decir, en una década no habíamos recuperado los niveles de afiliación que en esta pandemia han sido ya superados con 19.473.724 de población afilada media en agosto de 2021 (superados respecto a los datos previos a la pandemia me refiero).
Pero no es solo eso. La remuneración de asalariados/as era en 2017, 20.461 millones de euros inferior a la que había antes de 2008, mientras que por el contrario, los beneficios de las sociedades no financieras y su reparto de dividendos superaban ampliamente ya las cifras previas a la crisis de Lehman Brothers.
La productividad nominal por hora trabajada había crecido, entre 2013 y 2017, un 13%, mientras que la remuneración de asalariados por hora cayó un 2% descontada la inflación. La tasa de temporalidad (cuya reducción se supone que había sido una de las motivaciones de la reforma laboral) ascendía al 26,7%, y el número de personas desempleadas era de 3.916.900 (373 mil más que en la actualidad). Insisto. Casi una década después del estallido de la crisis, y tras siete años largos desde que se impulsaran las políticas de austeridad en aquel nefasto mayo de 2010.
Es decir, había un fuerte incremento de la desigualdad, una prolongada caída de los salarios (según el Índice de Precios del Trabajo de 2017 que elabora el INE, el recorte salarial era del 9,5% real en comparación con 2008, pero en el primer decil -el 10% que menos gana- el recorte era del 16% real), y una recuperación muy lenta de empleo, además de baja calidad.
Promover una salida distinta de la crisis implica atreverse a intentar lo contrario. Continuar con la subida del SMI hasta llegar al 60% de la media salarial, apostar por la contratación estable y por el refuerzo de la negociación colectiva como forma de equilibrar los resultados de las empresas entre beneficios, dividendos, salarios o inversión. La idea de que la oferta genera la demanda y que, por tanto, abaratando y conteniendo salarios se crece es una idea equivocada, empobrecedora y antigua.
Tras dedicar más de 25.000 millones de euros a salvar empresas y empleos a través de los ERTE, y prever otros 70.000 millones procedentes de los fondos de recuperación europeos, sería incomprensible una apuesta distinta por parte del Gobierno. Y sería la mejor opción para reforzar relatos progresistas (no solo a través de la justicia social, también desde la eficacia) desde la base material (los salarios), avalada por la realidad empírica (los datos comparados).
¿Y si sale bien?