Terminamos la semana en la que llegamos al acuerdo para la renovación de los ERTE, a través de una serie de normas que van a incentivar -con toda seguridad- su utilización durante los próximos meses, en sustitución del despido como formula de ajuste de las empresas.
Y esta tendencia, utilizar el recurso al ERTE en lugar del despido, rompe una inercia clásica en el modelo laboral español. Esto, que lo venimos repitiendo agentes sociales y gobierno, supone una novedad que conviene valorar adecuadamente. Y a veces, para ello, hay que poner números a los mensajes.
se puede decir con certeza estadística que el recurso a los ERTE ha salvaguardado no ya cientos de miles de puestos de trabajo, como solemos decir con un exceso de prudencia, sino millones.
El modelo laboral español y las características de nuestro sistema productivo, han provocado siempre que las variaciones a la baja en el PIB se tradujeran en caídas del empleo muy intensas.
Según datos de Contabilidad Nacional, en el 2009 el PIB cayó el 3,8%. Los puestos de trabajo se desmoronaron en un 6,1%. Es decir, por cada punto porcentual de bajada en la producción de bienes y servicios, el empleo caía en un 1,6%.
En el primer semestre de 2020, la caída del PIB ha sido del 12,8%. La caída del empleo del 9,5%. Es decir por cada punto de caída de la producción, el empleo lo ha hecho en un 0,7%.
Por expresarlo de otro modo, si en este semestre de 2020, el empleo hubiera variado en la misma proporción de 2009 respecto a la rebaja de la actividad económica, en España hubieran desaparecido 4.315.000 puestos de trabajo. Más de cuatro millones, que se dice rápido.
Es verdad que estas cosas siempre son algo más complejas, y no son mono-causales. Por ejemplo, en 2009 se venía abajo todo un sector como era el de la construcción residencial, intensivo en mano de obra. Según como impacte una crisis en distintos sectores con distintos niveles de productividad, las pérdidas de empleo son mayores o menores.
No se puede fomentar a futuro el ERTE o una figura análoga, con la solución de que “el estado pague todo”
Pero se puede decir con certeza estadística que el recurso a los ERTE ha salvaguardado no ya cientos de miles de puestos de trabajo, como solemos decir con un exceso de prudencia, sino millones.
Si alguien piensa que nos referimos al año 2009 para encontrar una estadística llamativamente favorable, se equivoca. Esos doce meses supusieron la mayor caída del PIB en la anterior crisis, pero en el periodo 2011-2013, también menguó nuestra economía. Y en cada uno de esos años el empleo lo hizo en una mayor proporción. En 2011 por cada punto de bajada de PIB la proporción de empleo destruido era de un 3,1%…
Uno de los problemas endémicos de nuestro modelo laboral es el uso exagerado e indebido de la temporalidad. Somos el país europeo donde esta forma de contratación tiene más peso respecto al total. Buena parte de las empresas -y de las administraciones públicas- se han “acostumbrado” al recurso a bolsas de temporalidad cuyos contratos se extinguen al más mínimo contratiempo. Despedir temporales es fácil, es barato, y refuerza el poder unilateral del empresariado.
En esta crisis por primera vez estamos utilizando un mecanismo alternativo de flexibilidad interna, por la vía de la reducción o suspensión de las jornadas a través de los ERTE, facilitando la incorporación de trabajadores a los mismos (pudiendo afectarse al ERTE sin el suficiente periodo de cotización, con la reposición de la prestación de desempleo, o con mayor protección a los fijos-discontinuos), y con medidas de incentivo a las empresas vía exoneración temporal de cotizaciones sociales.
sabemos que hay ERTE de fuerza mayor que realmente no responden a esa causa y “han colado”, así como que existe un fraude creciente en la utilización de los mismos
A nadie se le escapa que los incentivos para esta dinámica se basan en una utilización ingente de recursos públicos. Pero no olvidemos que una parte importante de esos recursos también se hubieran consumido si la respuesta a la crisis-COVID hubieran sido millones de despidos de trabajadores que hubieran accedido a sus prestaciones ordinarias de desempleo.
Tampoco olvidemos que el aluvión en la utilización de ERTE -sin precedente con más de medio millón de expedientes y hasta casi tres millones y medio de personas afectadas en el momento álgido- se ha hecho sin un control de causa suficiente. Sabemos que hay ERTE de fuerza mayor que realmente no responden a esa causa y “han colado”, así como que existe un fraude creciente en la utilización de los mismos, que hay que perseguir sin desmayo.
Pero sin duda está siendo una experiencia exitosa de la que caben extraer aprendizajes para uno de los retos de nuestro modelo laboral: como sustituimos la vieja inercia de la precariedad/despido como forma ordinaria de ajuste al ciclo económico por parte de las empresas, por otra formula de adaptación de la jornada evitando el despido, cuando las cosas vienen mal dadas.
Solo tres apuntes. Uno. Los incentivos no pueden ser solo económicos. No se puede fomentar a futuro el ERTE o una figura análoga, con la solución de que “el estado pague todo”. Tendrá que haber algún tipo de aportación económica, sin duda, que tendrá que compensar las reducciones de jornada que minoran los ingresos del trabajador/a (aunque se mantenga la base reguladora en el 70% como hemos hecho, supone una reducción de ingresos, no lo olvidemos), pero las empresas tendrán que asumir también su parte.
Dos. Incentivar el uso de formulas alternativas al despido, tienen que ser complementado con medidas para desincentivar la contratación temporal y dificultar el despido. La reforma laboral de 2012, que en su exposición de motivos apostaba por prácticas como las descritas en este post -al menos declarativamente-, precarizó la contratación y abarató el despido por la vía de las causas. Y cuando se abren todas las compuertas el río sale por donde tiene el cauce habitual: más temporalidad. Por tanto, hay que favorecer unos caminos y taponar otros.
Tres. Hay que recuperar control de causa en los ERTE -y en los ERE porque el Estado está desasistido en este momento ante decisiones indignantes como la de ALCOA por citar una- y la administración laboral tiene que dar un salto en la gestión de datos. De igual manera hay que transparentar la información económica de las empresas, para cotejar las causas de tipo económico y empoderar a la representación colectiva de los trabajadores para afrontar estos procesos de negociación y consultas.