El Consejo de la Unión Europea ha hecho públicas las “RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO relativas al Programa Nacional de Reformas de 2020 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2020 de España”.
Al igual que para los demás países europeos, están presididas por la prioridad absoluta de luchar contra la crisis de la pandemia en términos sanitarios, económicos y sociales. Hay un discurso machaconamente reiterado en medios de comunicación y tertulias en nuestro país, que viene a decir que se están tomando medidas de un hondo calado ideológico, a caballo entre el social-comunismo propio del momento, y el bolivarianismo, que nadie sabe lo que es, pero que dicho de corrido al final de una frase, suena fatal. Esta semana que viene, con la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital vendrá una nueva ofensiva sobre la “paguita” y el desincentivo al trabajo que supone una prestación, que en el fondo esconde un maquiavélico plan urdido para que las masas dependientes del estipendio público vuelvan a votar al Gobierno, en la perversa pretensión de no volver a trabajar más y vivir a cuerpo de rey con 460 euros al mes.
Si todo esto fuese así, el Consejo de la Unión (compuesto de ministras/os de los países de la UE y sin presencia cubana ni venezolana), sin duda realizaría un severo examen de nuestras veleidades.
Pues bien, leamos -con perdón-:
Tras comenzar recordando que se ha activado la cláusula derogatoria general del Pacto de Estabilidad y crecimiento, prevista en el mismo para situaciones de emergencia, el documento pasa a analizar la situación económica española y a realizar una serie de recomendaciones que son perfectamente compatibles con las decisiones que está tomando el Gobierno de España, a las que da un apoyo explícito o implícito.
De hecho en el texto se afirma literalmente “Globalmente, las medidas tomadas por España están en consonancia con las orientaciones establecidas en la Comunicación de la Comisión sobre una respuesta económica coordinada al brote de COVID-19”.
Recuerda, eso si, que las recomendaciones de junio de 2018 proponían un ajuste anual del déficit en un 0,65% del PIB y que esto no se estaba cumpliendo en 2019. Quizás tenga que ver con la insuficiencia fiscal española, que con una contribución fiscal del 6-7% inferior a la de la UE -75.000 millones al año menos de recaudación-, tuvo la ocurrencia de bajar impuestos mientras se crecía entre el 2 y el 3% del PIB. Políticas, aquellas si profundamente ideológicas, no cuestionadas por la timidez del actual Gobierno en materia fiscal (esto lo digo yo, no el Consejo)
“Globalmente, las medidas tomadas por España están en consonancia con las orientaciones establecidas en la Comunicación de la Comisión sobre una respuesta económica coordinada al brote de COVID-19”.
Las previsiones de la CE son de un déficit público del 10,1% del PIB, en 2020, y de 6,7% del PIB, en 2021. La deuda crecerá hasta el 115 % del PIB , en 2020, y será del 113,7% del PIB, en 2021. Las otras variables macroeconómicas mencionadas son la caída del PIB, del -9,4% en 2020, y el aumento del desempleo hasta el 18,9%, en 2020, bajando al 17,0% en 2021.
El Consejo de la UE analiza las medidas del programa de choque del Gobierno de España tienen un volumen del 3,2% del PIB -en gastos presupuestarios- y del 9.4% del PIB las de apoyo a la liquidez de las empresas. En total 145.000 M€. España no está haciendo nada sustancialmente distinto a otros países.
La Recomendación valora como esencial la mejora de las dotaciones del sistema sanitario (“El sistema sanitario español –dice- presenta buenos resultados a pesar de un nivel de inversión relativamente bajo”). Y apunta por donde tienen que ir las cosas en el futuro: “La pandemia ha revelado problemas estructurales existentes, algunos de los cuales se derivan de ciertas deficiencias en la inversión en infraestructuras físicas y en la contratación y las condiciones de trabajo de los trabajadores sanitarios.”
Con el fin de respaldar una recuperación sostenible y la cohesión social, se requiere garantizar cuanto antes que todos los trabajadores, incluidos los temporales y los autónomos, tengan acceso a una protección social adecuada
También hace referencia a las medidas de protección por desempleo -para los precarios y atípicos-, la utilización de los ERTEs, así como a garantizar ingresos mínimos para todos (implícito apoyo a la propuesta de renta mínima) para combatir la pobreza y la desigualdad.
Enfatiza en la necesidad de invertir en las transformaciones verde y digital de la economía española y en superar el déficit de innovación de las empresas. Subraya la importancia de la educación y formación profesionales y considera imprescindible que todas las familias tengan acceso a Internet y equipos informáticos, mencionando la insostenible situación de las familias que no lo tienen en la enseñanza on-line en el confinamiento.
Sobre el mercado laboral propone como objetivos de las reformas estructurales terminar con su segmentación y con la precariedad, fomentar la formación y reforzar los servicios públicos de empleo, siempre infrautilizados en la contratación.
Vincula los problemas específicos para España a la tasa de temporalidad, el pequeño tamaño medio de nuestras empresas, y el especial impacto de esta crisis en sectores como el turismo y el comercio, de tanto peso en nuestra estructura económica. Y remata con esta aportación, supongo que de inspiración directamente guevarista: “Con el fin de respaldar una recuperación sostenible y la cohesión social, se requiere garantizar cuanto antes que todos los trabajadores, incluidos los temporales y los autónomos, tengan acceso a una protección social adecuada y a las políticas activas del mercado de trabajo”.
La advertencia sobre el gran problema que puede suponer el exceso de endeudamiento es seria pero su remedio se deja para después. Literalmente se dice en la recomendación 1: “Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplicar políticas fiscales destinadas a lograr situaciones fiscales prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al mismo tiempo que se fomenta la inversión.”
Lo dicho, ¡Von der Leyen vive, la lucha sigue!.