La portada del ABC del 18 de noviembre abría el periódico con un titular impactante: “La inversión extranjera en España se lo piensa”, jalonado con la cara del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en un fondo morado en el que también podía leerse que “operaciones de fondos internacionales quedan en suspenso mientras grandes fortunas meditan trasladarse a Portugal si la presión fiscal aumenta”.
Me vino inmediatamente a la cabeza la escena de la película Casablanca, en la que el capitán Renault decide cerrar el café de Rick Blane alegando para ello su cínica frase “qué escándalo, qué escándalo, he descubierto que aquí se juega”, en el mismo momento que un empleado del local le entrega en mano “sus ganancias”.
Cerca del 40 % de la Inversión Extranjera Directa –IED- del mundo, unos doce billones de dólares, es «inversión fantasma»
Viene esto a colación de la preocupación sobrevenida por las decisiones de la inversión extranjera, que contrastan con el escaso eco del titular que, este sí, debiera haber ocupado todas las portadas de cualquier medio de comunicación: El 40% de la Inversión Extranjera Directa va a parar a “empresas fantasmas”.
Este hecho de tanta trascendencia, puesto que afecta a una de las principales variables macroeconómicas, fue desvelado en un artículo publicado en la revista del FMI, en junio de 2018*.
Las conclusiones más relevantes del estudio que han realizado los autores son:
Cerca del 40 % de la Inversión Extranjera Directa –IED- del mundo, unos doce billones de dólares, es «inversión fantasma». Es decir, se trata de inversión financiera que circula por sociedades instrumentales que no tienen actividad real. El volumen de capitales que transitan por empresas fantasmas supone nada menos que cerca del 16% del PIB mundial.
Se está detrayendo a los Estados de todos los tipos de economías –desarrolladas, emergentes y en vías de desarrollo- unos ingentes recursos esenciales para la distribución de la riqueza en el nivel secundario. Y se hace con la participación activa de buena parte de las élites económicas y la colaboración necesaria de los gobernantes políticos de muchos países que, en bastantes ocasiones, son también sujetos del delito, como lo demuestran los Panama Papers y los Paradise Papers.
Las grandes fortunas españolas tienen pues guardados en paraísos fiscales, según el FMI, 132.000 millones de dólares (120.000 millones de euros).
El papel de algunos gobiernos europeos en estos hechos es decisivo: son colaboradores necesarios y los actores más importantes. Los datos del artículo, al respecto, son demoledores:
“Las ocho principales economías de transferencia (los Países Bajos, Luxemburgo, Irlanda, Singapur, la RAE de Hong Kong, las Islas Vírgenes Británicas, las Bermudas, las Islas Caimán -los tres son territorios de soberanía británica-) albergan más del 85 por ciento de la inversión mundial en entidades de propósito especial, que a menudo son creadas por razones fiscales. Las características de estas entidades incluyen el registro legal sujeto a la ley nacional, la propiedad final por parte de extranjeros, pocos o ningún empleado, poca o ninguna producción en la economía anfitriona, poca o ninguna presencia física, principalmente activos y pasivos extranjeros, y actividades de financiación o tenencia grupales como su negocio principal. La importancia de dicha inversión offshore está creciendo”.
Es decir, tres Estados de la UE y tres territorios bajo soberanía del Reino Unido, están en cabeza del ranking de los promotores de unos procedimientos de fraude y elusión fiscal de enormes proporciones. A ellos hay que añadir, con un volumen menor, en la UE: Malta, Chipre y la propia Bélgica. También algunos Estados del Este de Europa como Eslovaquia y Hungría, y recientemente Bulgaria y Rumania. Y, lógicamente, Suiza.
Europa tiene pues un papel de primer orden en los paraísos fiscales de tránsito. Menor en los de destino final, sobre los que el artículo establece el volumen de capitales que se ocultan en los paraísos fiscales:
Lo cifra en 7 billones de dólares, el 9,8% del PIB mundial. Uno de los gráficos más ilustrativos del artículo es el que muestra el ranking por países según el porcentaje de la riqueza nacional que las grandes fortunas tienen colocadas en paraísos fiscales. Lo encabeza Emiratos Árabes Unidos, con el 73%, y le siguen Venezuela (64%), Arabia Saudita (56%) y Rusia (47%). España ocupa un destacado lugar número 16, con el 11% de la riqueza nacional, lo que le sitúa por encima de la media, pero por debajo de otros Estados europeos: Portugal, Bélgica, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia. Las grandes fortunas españolas tienen pues guardados en paraísos fiscales, según el FMI, 132.000 millones de dólares (120.000 millones de euros).
Ante la dimensión de esas cifras, resulta bastante llamativa la sobreactuación ante las supuestas medidas fiscales cuasi-confiscatorias que introduciría el nuevo Gobierno, de conformarse. Basta poner encima de la mesa dos cifras.
La primera, el diferencial en recaudación fiscal sobre PIB de España respecto a la media de los países de la UE es de algo más del 7% del PIB, es decir, más de 90 mil millones de euros anuales.
Es decir, tres Estados de la UE y tres territorios bajo soberanía del Reino Unido, están en cabeza del ranking de los promotores de unos procedimientos de fraude y elusión fiscal de enormes proporciones
La segunda, el proyecto de PGE que suscribieron PSOE y UP recogía un paquete de medidas fiscales que en las previsiones que hacía entonces CCOO, situaba el incremento de la recaudación por la nueva fiscalidad en 2.900 millones entre 2019 y 2020. Es decir, una ínfima parte del margen fiscal que podría recorrer España para asemejarnos a nuestros vecinos europeos.
*Piercing the Veil: Some $12 Trillion Worldwide Is Just Phantom Corporate Investment (Levantar el velo: unos doce billones de dólares del mundo son solo de inversión corporativa fantasma), por J. Damgaard, T. Elkjaer y N. Johannesen: Finance&Development, FMI 10 de junio de 2018
Thomas Elkjaer es senior economist del Departamento de Estadista del FMI; Jannick Damgaard es senior economist del Banco Nacional de Dinamarca y Niels Johannsen es profesor del Centro de Estudios para la conducta económica y la desigualdad de la Universidad de Copenhague.