Artículo publicado el El País el 12 de junio de 2019
España ha concluido un largo ciclo electoral tras varios años de inestabilidad política e incapacidad manifiesta de gestionar la nueva realidad posbipartidista. El ciclo concluye con una cierta recomposición de la correlación de fuerzas en el “bloque progresista” —reforzando con nitidez al PSOE— y una disgregación del voto liberal conservador en tres partidos entre los que irrumpe —limitadamente, eso sí— uno de carácter extremista que ha sido capaz de contaminar el discurso político de sus presumibles socios
En todo caso, el nuevo mapa político demanda acuerdos estables que garanticen una legislatura normalizada y que afronten los retos fundamentales del país. Y eso debe hacerse con una visión estratégica de la que adolecemos desde hace bastante tiempo. Para CC OO estos retos pasan, en primer lugar, por hacer frente a la desigualdad creciente instalada y a la precariedad laboral y vital que afecta a millones de personas de forma cada vez más cronificada. En segundo lugar, por abordar las reformas y la adecuación regulatoria y de incentivos ante los profundos cambios que se están dando en la economía y en la sociedad.
La lucha contra la desigualdad y la precariedad pasa por una corrección de las reformas impuestas llevadas a cabo entre el año 2010 y 2014. Dos reformas laborales, particularmente la de 2012 y la de pensiones en 2013, que se instaron desde ámbitos supranacionales pensando en la devaluación interna de un país sometido a una intensa presión en los mercados de deuda. Ambas se hicieron desde una intención evidente: reducir los costes salariales y aligerar en gasto en pensiones mediante una reducción sostenida de las mismas.
Un reciente informe de la OCDE relacionaba el mejor comportamiento de la economía española respecto a otras en la recuperación salarial relativa —los convenios colectivos firmados suponen ganancia de poder adquisitivo, el SMI impulsa al alza los salarios más bajos—, así como en la revalorización de este año en las pensiones basándose en el IPC.
Sin embargo, las reformas estructurales lo son porque están pensadas más allá de la coyuntura. Si no se deroga la reforma de pensiones, éstas volverán a perder poder de compra. Si no se corrige la reforma laboral, será muy complicada una recuperación salarial sostenida. La mejora de los saldos exteriores de la economía española no puede basarse en una reducción salarial que es incompatible con un vigor en nuestra demanda interna y una mejora de las tasas de ahorro. CC OO va a exigir que el Gobierno y la mayoría parlamentaria impulsen estas correcciones. En la anterior legislatura, tras la moción de censura, se alegó que no existía una mayoría parlamentaria para ejecutar los compromisos adquiridos. Bien, ahora existe. Ejecútense.
Pero somos conscientes de que no todo puede ir de correcciones y derogaciones. La economía española y, por tanto, el mundo del trabajo y la mayoría social, se enfrentan a profundos cambios en las formas de producir, distribuir, aprender, innovar…
España necesita abordar algunas reformas estratégicas de calado. Una de ellas sería la revisión del Estatuto de los Trabajadores, que algunos denominan, con cierta pompa, ‘para el Siglo XXI’. Otra, una revisión de nuestro modelo de formación profesional y para el empleo sabiendo que la cualificación permanente, a lo largo de toda la vida, es una variable clave ante el salto tecnológico y de digitalización aplicada a la producción. De importancia capital serían las políticas transicionales, energéticas, ecológicas, de empleo, industriales, que nos someten a cambios y tensiones que hay que pactar. Además, debemos afrontar la reducción de la brecha fiscal con la Unión Europea, que nos lleva a recaudar casi ocho puntos de PIB menos que nuestro entorno. Y, por último, la suficiencia financiera de un sistema público de pensiones que, cuando aún no ha salido de los efectos de la crisis de empleo, se enfrenta ya a los efectos previsibles de la jubilación de generaciones más numerosas, con mayor esperanza de vida y bases de cotización más altas. Todas estas materias y algunas otras exigen de una cierta calma prospectiva en la política española.
Para CC OO, estos escenarios de cambios para el corto y el largo plazo se deben abordar desde la convicción del papel insustituible de los agentes sociales y los marcos de diálogo social. No demandamos pasivamente a la política. Ofrecemos la legitimidad de nuestra función constitucional como primera organización social del país en tasas de afiliación y primer sindicato español por representatividad, para abordar negociaciones tripartitas. Emplazamos a la CEOE a jugar el papel que le corresponde. No debiéramos caer nadie en la tentación de buscar algún ventajismo en la situación política tras el ciclo electoral y los resultados de las elecciones generales. Más bien reivindicar la autonomía, que no indiferencia, de los agentes sociales para poner de relieve nuestro papel democrático.
Pero hay una segunda convicción con la que afrontar la tarea: este proceso de modernización inclusiva del país debe hacerse desde una perspectiva progresista. Necesitamos un Gobierno estable, sustentado en una mayoría parlamentaria que desarrolle un programa sólido y monitorizable, que sirva para salir del periodo de inestabilidad de los últimos tres años.
Solicitamos que un acuerdo estable entre el PSOE y Unidas Podemos sea el vector central de la legislatura porque es la opción más coherente para corregir políticas en relación con la distribución y redistribución de la riqueza. En esta tarea deberá recabar más apoyos, obviamente. Además, debe tener amplitud de miras ante las reformas estratégicas que trascienden la duración de una legislatura o van más allá de las atribuciones competenciales de la Administración central. O lo que es lo mismo, un Gobierno capaz de asegurar el diálogo político entre distintos partidos y entre administraciones.
En esta legislatura está en juego restablecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas. Si no se consiguiera, la opción antipolítica tendría un peligroso sesgo conservador. El neoliberalismo ha sido un enorme disolvente de lealtades colectivas y fragmentación social que, tras la catarsis de la crisis económica y sus consecuencias en función de mayor desigualdad, rupturas aspiracionales y precarización de la vida, ha abierto la puerta a una nueva dualidad sociopolítica: las tentaciones reaccionarias, que en forma de identidades cerradas, neonacionalismos e individualismo son un riesgo que atraviesan España y los países de nuestro entorno. En sentido inverso, la oportunidad progresista, que pasa por una reconstrucción de un contrato social que nos dote de certezas y protección de las contingencias de la vida desde un modelo solidario. El sindicalismo tiene clara su opción. Hagamos de la necesidad, virtud.