No hace demasiados meses, eran frecuentes los debates sobre la paradoja de que España creciera económicamente pero los salarios permanecieran estancados. Un acuerdo entre el PP y el PNV revalorizaba las pensiones un 1,6% enmendando (de forma temporal, eso sí) la propia reforma de pensiones que el PP consideraba intocable. El Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva que suscribíamos CCOO, UGT, CEOE y CEPYME (subidas salariales en torno al 3% y 14 mil euros de Salario Mínimo de Convenio) tenía una buena acogida y se generalizaba la idea de que hacía falta una subida salarial en España. El debate socioeconómico se abría, mal que bien, paso en una realidad política monopolizada en los últimos años por la “cuestión catalana”.
Tras la moción de censura que desalojó al Gobierno de Mariano Rajoy, la llegada a Moncloa de Pedro Sánchez, y el relevo al frente del Partido Popular se ha emprendido una escalada de degradación del debate político verdaderamente preocupante. Se están haciendo causas políticas de cuestiones que afectan a cómo cada uno entiende su relación con las tradiciones o entretenimientos, se está elevando de nuevo el tono en las disputas territoriales, y por si fuera poco asistimos a un discurso que cuestiona de forma primaria las políticas de igualdad de género y de lucha contra la violencia machista, en las que queda tanto por hacer.
El Gobierno de Pedro Sánchez y el Grupo Confederal de Unidos Podemos situó un hito en el acuerdo programático para sacar adelante los PGE. Acuerdo muy relevante en medidas como la subida del SMI hasta 900 euros mensuales y que recogía un catálogo de materias fiscales o laborales de interés, no especialmente ambiciosas y que daban una perspectiva social a la legislatura. Incierta, por la precariedad parlamentaria del Gobierno (incluso si contase con el apoyo de Unidos Podemos), pero potencialmente interesante para recuperar derechos.
Apenas unos meses después el debate político está altamente contaminado, y como decía en la mañana del 8 de enero Iñaki Gabilondo parafraseando al politólogo Pablo Simón “la primera batalla política que se avecina es la batalla por imponer el argumento”. Hay que situar una agenda social en España que mediatice la disputa política.
En este país sigue habiendo tasas muy altas de paro, de desigualdad, de precariedad. Y hay vigentes reformas pensadas para la devaluación interna que han acentuado todos estos datos negativos en la fase recesiva y en la fase expansiva Las organizaciones sindicales estamos en la obligación de forzar un escenario de mejora de los salarios y la calidad del empleo (para eso emplazamos a las patronales) y de corrección de las reformas del PP (y para eso emplazamos al Gobierno).
Claro que somos conscientes de los condicionantes externos e internos, de tipo de aritmética parlamentaria y de tipo fáctico en un marco como el europeo. Pero no hay excusas para intentar corregir lo que la gestión austericida de la crisis se llevó por delante. Ni para resignarnos a que el relato lo marque la ola reaccionaria que se abre paso no ya en España, sino en Europa y otros países del mundo. No queremos que el debate político pivote sobre la celebración de la reconquista de Granada o el tamaño de las banderas, sino de los salarios de las camareras de piso o las pensiones de los próximos 30 años.