El 40 aniversario de la Constitución Española define un periodo histórico en el que nuestro país ha cambiado de una forma indiscutible y sin precedentes. Es evidente que imputar a un texto legal, por mucho que nos refiramos a la “ley de leyes”, la responsabilidad exclusiva o principal de esta mutación, sería un exceso.
Porque España ha cambiado, pero lo ha hecho en un mundo y una Europa que han cambiado. De forma acelerada, a caballo entre un proceso de integración económica y política, el impulso a nuevas tecnologías, el cambio en los aparatos de producción, los nuevos paradigmas en la transacción de información o la velocidad en la comunicación… hacen que el mundo que “normativizó” el texto de 1978 sea muy distinto al actual.
La Constitución supuso la adecuación del marco relacional entre el poder público y la ciudadanía, así como entre los distintos poderes del estado e institucionales tras otra etapa, también de 40 años, de anomalía democrática en forma de dictadura. La incorporación a la CEE (luego UE) jalona este camino.
En esta visión global, España ha dado un salto enorme con la pértiga de la Constitución sobre la fosa que el franquismo había abierto con los sistemas de democracia representativa de nuestro entorno. Es un periodo de éxito en ese sentido, o al menos con muchas más luces que sombras. Pese a las dificultades endógenas vinculadas al reducto del régimen franquista en los aparatos del estado, nuestro sistema de libertades públicas, derechos civiles, democráticos y sociales es formalmente equiparable a los de las democracias circundantes consolidadas tras la Segunda Guerra Mundial.
El desarrollo real de todas las previsiones constituyentes no pudo abstraerse sin embargo al retraso secular que arrastraba nuestro país. Distábamos aun del nivel de desarrollo y cohesión social de los principales países europeos, cuando la crisis económica de 2008 hizo emerger los déficits estructurales de nuestro sistema socio-económico.
En este baño de realidad, España (como otros países) se encuentra sumida en una crisis política y social con pocos precedentes. En nuestra opinión, si la transición política y el desarrollo constitucional contó con un aval de intensa legitimidad social (reforzado por la respuesta ciudadana a las intentonas involutivas como el 23-F) el proceso de integración europea se caracteriza por todo lo contrario.
El nihilismo político posterior, en las décadas de los 90 y los primeros dos mil, hacen que el actual marco constituyente (que dista ya de ser el formal del 78 pues está totalmente mediatizado por el modelo de gobernanza europeo), se haya tolerado por el efecto benéfico que se entendía del proceso de incorporación comunitaria para España. Pero una cosa es tolerarlo y otra cosa es que agregue voluntades y consensos sobre cómo se relaciona la ciudadanía, el poder público y la institucionalidad.
La desigualdad es disolvente de democracias y cuando el proceso de legitimación representativo no cuenta con un amplío aval ciudadano, este disolvente actúa de forma más corrosiva.
Reivindicar el papel de la Constitución del 78 que, insisto, en términos históricos tienen un saldo netamente positivo, requiere de una recomposición de un pacto social que genere certidumbres, cohesión social y vínculos colectivos en base a lealtades recíprocas. Si éstas no aparecen en el terreno de las solidaridades socioeconómicas aparecerán en el terreno de las identidades, que acelerará el proceso de corrosión constitucional.
Es por tanto necesaria una reforma del marco constitucional que lo legitime sin perder (probablemente es el ámbito decisivo) la referencia del marco europeo. Las crisis territoriales o de desafección de la ciudadanía al hecho representativo, a las instancias mediadoras (partidos sin ir más lejos), y a las instituciones, no son más que síntomas de ese agotamiento del marco constitucional.
Producto en buena parte de la asimetría entre la relación entre el poder político y económico que se ha acelerado en las últimas décadas, y que como se indicaba, aparece con toda su crudeza tras la crisis del 2008. Las políticas de austericidio no serían, según esta perspectiva, más que la expresión máxima del desencuentro entre el deseo mayoritario de las sociedades, y la realidad de las políticas de los últimos años, con sus consecuencias de mayor polarización social en forma de empobrecimiento, inseguridades y ruptura de expectativas.
CCOO y el sindicalismo europeo lleva tiempo reclamando el impulso de un nuevo modelo de Gobierno político y económico capaz de dar credibilidad a los mandatos que nuestras constituciones prevén en materias como los derechos democráticos, la responsabilidad pública sobre las contingencias vitales de las personas (desempleo, jubilación, enfermedad, atención de cuidados, etc.) o las alternativas económicas frente al “monólogo neoliberal”.
Analizar la Constitución Española de 1978 desde la realidad compleja del año 2018 debe huir de ejercicios nostálgicos pues las situacio
nes tienen poco que ver. La Constitución Española requiere de actualizaciones vinculadas a una constitucionalización europea que hoy es netamente insuficiente.
Actualización que desde nuestra perspectiva debe abordar el blindaje de derechos sociales, que si bien en buena parte ya aparecen en la norma del 78, se han visto desarbolados por la gestión de la crisis de 2008.
Actualización en la profundización de las libertades democráticas, pues un subproducto de la gestión socioeconómica es un nuevo autoritarismo cada día más evidente.
Actualización para abordar los retos de un modelo de estado cuyas costuras territoriales presenta síntomas de agotamiento, y que debiera (y aquí el marco europeo induce a una lógica aplastante) mejorar el carácter federal que vincule espacios de autogobierno con espacios de gobierno compartido.
En definitiva una nueva escala de construcción de un contrato social democrático y de cohesión compartida por las mayorías sociales y las clases trabajadoras.