“El Gobierno y su partido, y de forma indirecta el conjunto de fuerzas progresistas, necesitan perfilar el tipo de país que quieren en el medio-largo plazo, tomando medidas en el medio-corto plazo que den fiabilidad al proyecto estratégico¨… “En este momento creo que no hay mayor elemento de potencial aglutinante de mayorías sociales que la lucha contra la desigualdad.”
La moción de censura que sustituía a Rajoy por Pedro Sánchez en la Presidencia del Gobierno, ha abierto un escenario de esperanza, ha inducido un cambio en el estado de ánimo en una parte importante de la sociedad española. Esta especie de catarsis de optimismo, sin embargo, concilia mal con las dificultades objetivas a las que se enfrenta el nuevo ejecutivo.
Dificultades por la debilidad parlamentaria del Gobierno, donde además de necesitar un acuerdo más o menos expreso con el Grupo de Unidos Podemos y sus confluencias, va a requerir de apoyos de quienes apoyaron la moción de censura, cosa ésta compleja y que dependería con toda probabilidad de la evolución de la situación en Catalunya. Las otras alternativas con apoyos puntuales de Ciudadanos o del propio PP no parecen sencillas, a priori.
Dificultades relacionadas con la duración que le queda a la legislatura, dos años a los sumo. Y es probable que según se aproxime la fecha electoral, los apoyos parlamentarios que haya podido tejer el ejecutivo de Sánchez tenderán a cierta inestabilidad para marcar perfiles propios de cara a la “contienda”.
Y dificultades producto de los condicionantes macroeconómicos que tiene el Gobierno. Se está poniendo el foco en la aceptación de los PGE para 2018, entendible en la emergencia política y que condiciona la política económica de este año. Pero sobre todo hay que tener en cuenta los términos del Programa de Estabilidad 2018-2021 que propone llegar a un superávit del 0,1% del PIB para 2021, con un ligero aumento de la contribución fiscal, pero sobre todo con una pérdida de peso del gasto público en la economía, que pasaría del 41% del PIB al 38,6% en 2021.
Por tanto vamos a tener un Gobierno y una mayoría parlamentaria incierta que tiene la obligación, y yo diría que la necesidad, de no defraudar a las expectativas creadas. Y para eso tan malo sería ser incapaces de dibujar un escenario de políticas alternativas en el largo plazo, como fijarse un retos inmaterializablesen el corto plazo.
El Gobierno debe demostrar que no se resigna a los estrictos márgenes de los planes de Estabilidad, y para ello debe abordar un planteamiento de política fiscal más ambiciosa en el medio y largo plazo. La reducción del déficit público y la estabilidad macroeconómica no puede asumir con resignación, que estemos más de 6 puntos por debajo de la media europea en materia de presión fiscal. De cómo se orienten estas decisiones (y el primer capítulo es el debate y la aprobación sobre el techo de gasto para 2019, que determinará los futuros presupuestos) van a depender planteamientos de largo recorrido como la financiación de los servicios públicos, las pensiones, la financiación autonómica o las políticas industriales y de gobierno de las transiciones productivas y de empleo, donde España necesita el concurso del poder público.
Estas políticas de amplio recorrido y carácter estratégico se desarrollarán tras un refrendo en las urnas, sea éste cuando sea (y dependiendo de su resultado, obviamente). Y mientras tanto hay políticas que sí se pueden adoptar, y van a dar la medida de la fiabilidad del Gobierno y quienes le apoye para recorrer los caminos del largo plazo.
Dicho de otra manera. El Gobierno y su partido, y de forma indirecta el conjunto de fuerzas progresistas, necesitan perfilar el tipo de país que quieren en el medio-largo plazo, tomando medidas en el medio-corto plazo que den fiabilidad al proyecto estratégico. Y lo deben hacer poniendo en el tablero orientaciones políticas sobre materias determinantes para aglutinar mayorías de progreso, imantando a la parte de la población española que compartiendo esas orientaciones, se expresa hoy en formas políticas distintas o directamente anti-políticas.
En este momento creo que no hay mayor elemento de potencial aglutinante de mayorías sociales que la lucha contra la desigualdad. De forma más o menos evidente es la gasolina que ha movido las mayores manifestaciones sociales y que genera mayor discurso hegemónico en España. La distribución de la renta a través de los salarios, o la igualdad de género, o la defensa de un sistema público de pensiones o de servicios púbicos, desbordan los contornos partidistas.
Creo que es fundamental identificar materias sobre las que actuar. Apunto cuatro:
- Salarios. Sería oportuno un acuerdo de salarios en España que permitiera orientar la negociación de los próximos dos años y medio, en una línea clara de recuperación de sueldos en general, y de los más bajos en particular. Para ello el Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva es un catalizador. Pero para que esto se pueda trasladar al conjunto de la negociación colectiva, hay que remover las vigas maestras de la reforma laboral del 2012, y cuestiones también de la del 2010. No habría que renunciar de mano a recorrer el camino a través del marco tripartito del acuerdo social contando con las organizaciones empresariales. Serían cambios mucho más estables y útiles para la mayoría social. Más que una derogación que nos lleve a la legislación laboral del año 2007 o del 2009 (convivíamos con tasas de temporalidad de más del 30% que fueron el preludio de un aluvión de despidos ante la crisis, no lo olvidemos), se trata de una derogación por elevación. Por la construcción de un marco laboral más democrático, más equilibrado, menos segregador y que incentive comportamientos virtuosos y no perversos, como ocurre actualmente.
- Pensiones. Adoptar medidas en materia de pensiones que por un lado alivien la situación económica de la seguridad social (y esto se puede ir haciendo ya), y por otro eliminen los factores que iban a determinar un caída futura de la calidad de las pensiones medias. Hay que situar una idea-país: España tiene que acometer las medidas necesarias para incrementar en las próximas décadas 3-4 puntos sobre PIB su gasto en pensiones, y esto es perfectamente viable, aunque no fácil. Habrá fiscalización europea, pero hay que sacar del imaginario colectivo la idea de que no habrá pensiones públicas suficientes en el futuro.
- Prestación de desempleo, rentas mínimas. La actual prestación de desempleo y las prestaciones que se han ido renovando los últimos años (PAE, PREPARA…) han cumplido una función protectora claramente desbordada por la profundidad de la crisis y la tipología del paro de larga duración. Hay que reformular estas prestaciones, darlas estabilidad en el tiempo, y abordar la idea de una Renta Mínima Garantizada (la ILP que promovimos los sindicatos y que está en el congreso debiera ser la percha ideal). De igual manera se pueden habilitar prestaciones que sirvan para incentivar el mantenimiento del empleo ante problemas económicos temporales en las empresas, siempre que se eviten despidos, y mediante procedimientos de control de las reducciones de jornada alternativas a esos despidos (una especie de modelo alemán). Sería una paso paralelo a las medidas para reducir drásticamente la temporalidad, que afecta de forma particular a la juventud trabajadora que muchas veces tiene la sensación de “outsider” del sistema.
- Externalización productiva. Uno de los grandes focos de precariedad laboral, y con un sesgo de género bastante claro, son los procesos de externalización de parte de las actividades de las empresas a través de redes de subcontratación. En España se ha formado un sistema de incentivos perversos que llevan a un modelo que no busca la especialización productiva, sino la reducción de costes y la transformación de la responsabilidad empresarial en precariedad laboral. Las propias administraciones públicas han fomentado estas prácticas, para ajustar sus propias cuentas. En parte por la regulación de la reforma laboral, en parte por estar mal resuelto este tema en el Estatuto de los Trabajadores, promueve este auténtico “precariado” dependiente del sector público y privado, así como dinámicas de competencia desleal entre empresas.
Modificar vigas maestras de la reforma laboral, regular la aplicación de convenios en la subcontratación, y subir los salarios mínimos (de convenio o interprofesional), supondrían un cambio importante que afectaría en positivo a la parte más debilitada del mundo del trabajo. Esa que convive con la precariedad, pero sobre todo con el agravio comparativo, y que, a veces con razón, desconfía de los elementos regulatorios/institucionales ya sean políticos o, a veces, incluso sindicales.
Todas estas cuestiones son abordables en el corto-medio plazo. Algunas pueden generar consensos en el marco del diálogo social, y los sindicatos ya hemos hecho pública nuestra voluntad de recorrer ese camino. Otras seguramente no podrán ser acordadas, y habrá que elegir…
Algunas serían deseables que se asentaran en amplios consensos políticos porque determinan estabilidad (el ejemplo más claro es el sistema de pensiones, cuya defensa es muy trasversal en España y genera una hegemonía progresista en su conceptualización que hay que aprovechar porque, ¡ojo!, se puede romper). Otras seguramente requerirán definir las mayoría políticas para llevarlas a cabo, y habrá que elegir…