Jueves 15 de diciembre. Nos manifestamos para exigir que se sitúen las necesidades de las personas en el centro de las prioridades políticas. En un contexto económico, político y social distinto que el que había en el anterior legislatura.
Se está dando un crecimiento (macro)económico. Es cierto. El tercer trimestre el PIB en Euskadi crece un 3% interanual. Crecen el empleo, crecen las exportaciones, la afiliación a la seguridad social, etc.
Sin embargo hay otra realidad palpable. Este crecimiento se está repartiendo de manera muy desigual. Si miramos las fuentes de renta, la remuneración de las personas asalariadas supone el 46,7% en la distribución del PIB, cayendo 2,7% desde el año 2009.
La recuperación de las cifras globales de empleo no puede ocultar la precaried
ad de una buena parte del mismo. La incorporación de jóvenes se da sistemáticamente con contratos temporales, las personas de cualquier edad que perdieron su empleo y han encontrado otro lo hacen con mermas salariales que según algunas encuestas se acerca al 40%.
Nos enfrentamos por tanto a un crecimiento que según las previsiones tiende a desacelerarse; un crecimiento que aunque parezca vigoroso no lo es tanto teniendo en cuenta el contexto de política monetaria expansiva, tipos de interés bajísimos y precios de carburantes y materias primas igualmente bajos.
Pero sobre todo nos encontramos ante un paradigma en el que el crecimiento económico va acompañado de creciente desigualdad. Esto es así porque las reformas realizadas tras la coartada de la crisis se han hecho EN la crisis, pero no (sólo) PARA la crisis. Han venido para quedarse. Y son reformas muy regresivas en la distribución de poder y renta en la sociedad.
Debemos aprovechar todos los resquicios para revertirlas. Esos resquicios hoy son ventanas de oportunidad no demasiado grandes, pero que existen. La situación política ha devenido en un Gobierno de España sin mayoría absoluta y que necesita de la oposición. Puede verse necesitado a abrir mesas del diálogo social que obvió la pasada legislatura. Debemos tratar de aprovechar esa ventana siempre y cuando haya contenidos reales de negociación y no sean escenarios ficticios, como hasta ahora promueve el Gobierno (la consulta sobre el SMI tras acordar su insuficiente subida con el PSOE es un buen ejemplo).
Pero esa ventana se ensanchará o no en función de hacer partícipe a la sociedad, a nuestro activo sindical y a nuestros entornos, de procesos de conciencia y movilización social. Sería muy perjudicial que la oposición, singularmente el PSOE pero también otros como el PNV, confirmaran un apoyo más o menos estratégico a las “vigas maestras” de la legislatura del Gobierno Rajoy.
Y sería perjudicial porque más allá de necesidades coy
unturales de tiempos políticos, o la amenaza del “botón rojo” del adelanto electoral, las “reformas que habría que reformar”, es decir, revertir, son reformas de hondo calado. De consolidarse perpetuarán una sociedad fragmentada, desigual, individualizada. Una sociedad que tenderá en las situaciones de crisis a soluciones corporativas, neo-proteccionistas y con rasgos que ya amenazan en países de Europa como Francia, Gran Bretaña, Italia y otros. Es decir, sociedades donde las opciones redistributivas, de solidaridad por interés compartido y colectivo en los que se basa cualquier propuesta progresista, pierden la batalla frente a la demagogia que algunos llaman populista de derechas, pero a veces se parece mucho a una versión de ultraderecha 2.0.
Hay al menos tres batallas fundamentales. Una la que tiene que ve con la negociación colectiva, elemento clave para la distribución primaria de riqueza a través del trabajo, y la concepción de éste como un bien social, reglado en base a instituciones y construcciones jurídicas sociolaborales. Recuperar convenios colectivos, mejorar salarios, reducir brechas de desigualdad
Otra segunda son los sistemas de protección social y servicios públicos, con especial actualidad y urgencia el sistema público de pensiones. Uno de los grandes elementos legitimadores del poder público, factor de solidaridad entre generaciones, sectores y territorios, y por tanto institución de solidaridad entre anónimos fundamental. Mejorar la estructura de ingresos del sistema también con fuentes adicionales de financiación, revertir medidas que reducen la expectativa de pensión futura.
Y una tercera, algún sistema de garantía de rentas que junto a los salarios mínimos (interprofesionales y de convenio) teja una red anti-exclusión. La velocidad de los ciclos económicos y las transiciones de empleo requieren combinar buenas políticas públicas de adecuación a los cambios, con garantías de ingresos para que nadie quede en la cuneta. Desarrollar la ILP que las Cortes Generales tienen pendiente de tramitar, reforzar la RGI en Euskadi.
Las políticas de los últimos años, bajo el dogma de la austeridad y la devaluación interna en los países deficitarios e hiper-endeudados, han ido por la vía de 
la liberalización de las instituciones de redistribución, la mercantilización del derecho laboral, y el deterioro presente y mucho más futuro de los sistemas de protección social.
Un país con una tasa de cobertura de convenios colectivos que disminuya paulatinamente, con una tasa de sustitución en las pensiones que pase del 79 al 48% respecto al último salario, con peores servicios públicos y donde las personas excluidas o precarizadas en el empleo no encuentre redes de protección y representación, es un país que camina a la reacción.
Necesitamos complicidades sociales y en cierto modo también económicas, pues el agotamiento de las medidas de estímulo hasta ahora utilizadas, hacen que sea necesario (y no ya sólo para los sindicatos) una mayor equidad redistributiva de la riqueza.
Tenemos propuestas y voluntad de ponerlas encima de las mesas. Y necesitamos mover la calle para abrir esos escenarios de negociación y que tengan el vigor suficiente para cambiar las cosas.
