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Las pensiones tienen futuro si se quiere que lo tengan…


 

El futuro de las pensiones vuelve al centro de disputas políticas y opiniones varias. Lo primero, una cuestión clara: la viabilidad de un sistema depende da la voluntad política de mantenerlo y se concreta en una pregunta ¿Se quiere dedicar un porcentaje suficiente de la renta que genera un país a mantener un sistema público de pensiones? Si la respuesta es sí, hay que plantearse cómo se financia.

CCOO apuesta por un sistema público, suficiente, contributivo y de reparto. Solidario entre rentas, generaciones y territorios. Las pensiones han sido un gran factor de estabilización ante la crisis en estos años de deterioro salarial, desempleo y precarización social

Después de los enunciados hay que bajar a las cuestiones concretas. ¿Está el sistema en crisis? ¿Qué tipo de crisis? ¿Se puede solucionar?

Por partes. El sistema español de pensiones ha tenido una de sus fortalezas en un amplio consenso político y social que habría que recuperar. Sabíamos que se iban a pagar más pensiones (más personas jubiladas), durante más años (mayor esperanza de vida) y de mayor cuantía (por las mayores salarios que determinaban las bases de cotización).

Sabíamos ya de los “problemas estructurales” que iba a tener el sistema. En el año 2030 va a haber 12 millones de pensionistas y en 2050, 15 millones. Las estimaciones después de la última reforma de pensiones pactada en 2011 era que en ese momento álgido, el gasto iba a estar en torno al 14% del PIB. Cantidad importante pero asumible por un país si democráticamente así lo decide.

Como la previsión de ingresos era inferior (en torno al 10,4%), teníamos que optar por varias opciones. Disminuir las pensiones futuras o incrementar los ingresos. La apuesta de CCOO es inequívoca: mejorar la estructura de ingresos del sistema, incorporando fuentes de financiación adicionales (imposición general y presupuestos) para salvar los momentos de mayor gasto, sin deteriorar las prestaciones.

Sin embargo, la crisis económica y la destrucción de empleo primero y la precarización salarial después han adelantado el problema. La nefasta gestión del Gobierno del Partido Popular lo ha agravado.

En estos momentos el desequilibrio financiero anual de la Seguridad Social puede superar en 2016, según la previsión que el Gobierno ha enviado a Bruselas, los 18 mil millones.

En lugar de abordar el adelanto de medidas que estaban previstas para más adelante, el Gobierno ha optado por el camino contrario. Ha acudido al Fondo de Reserva (la hucha) suspendiendo los límites máximos de utilización que recogía la Ley. Ha adoptado dos medidas destinadas a reducir de forma sustancial las pensiones futuras: el cálculo de la cuantía de la pensión inicial en función de la evolución de la esperanza de vida (factor de sostenibilidad) y la nueva fórmula para calcular la revalorización de pensiones. La combinación de ambas medidas puede reducir la tasa de reemplazo (relación entre pensión/último salario) del 79% de 2013 al 48,6% para 2060.

Y además, con medidas como las llamadas “tarifas planas” ha reducido los ingresos (2.457 millones de euros en 2014, 0,23% del PIB). Estas acciones de efectividad discutible, en caso de ponerse en marcha no deben financiarse con cargo a las cotizaciones sociales.

Los retos en este momento pasan por reequilibrar la situación financiera de la Seguridad Social, regular de otra forma tanto el factor de sostenibilidad como las fórmulas de revalorización y adoptar medidas sobre los ingresos del sistema.

CCOO plantea una batería de propuestas viables en términos financieros. Mejorar las bases mínimas de cotización mejorando el SMI; las bases máximas manteniendo un “diferencial solidario” (un incremento de la base máxima del 15% supondría 1.900 millones, un 0,18% del PIB); financiar los gastos de administración de la Seguridad Social con la imposición general y no con la “caja de las pensiones” (0.25% del PIB); equiparar la base media de cotización del régimen de autónomos, un 58% inferiores a las del régimen general, etc.

Otra variable es la cantidad y calidad del empleo que se cree. La desregulación laboral y la devaluación salarial son los peores caminos para mejorar cotizaciones.

De fondo, y como se enunciaba al principio, cuestiones de voluntad política. Hay que dejar de cavar en el foso de los ingresos de la seguridad social, eliminar medidas paramétricas destinadas a reducir las pensiones futuras, y abordar las fuentes de financiación para inyectar 40.000 millones en el sistema de forma progresiva hasta el año 2040.

De otra manera la pérdida de expectativa sobre tener una pensión futura, impulsará planeamientos alternativos de capitalización (pensión privada), cosa que seguramente desea el Gobierno. E impulsará planteamientos territoriales de ruptura del sistema,  uno de los principales elementos vertebradores de la legitimidad del estado, cosa que seguramente no desea el Gobierno pero que facilita con sus actuaciones (incluso en Euskadi, donde el déficit entre ingresos y gastos es crónico desde 2002).

 

 

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