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Artículo para «Juezas y jueces para la Democracia»


Artículo escrito con motivo del 34 congreso de Juezas y Jueces para la Democracia

CCOO y el sindicalismo en general estamos en medio de una urgencia y de una necesidad. La urgencia, como bien sugiere el lema del 34 Congreso de Juezas y Jueces para la Democracia, es la defensa de los derechos conquistados tras los efectos sobre los mismos de las “reformas estructurales” impuestas durante el periodo de austericidio sufrido entre 2010 y 2015. La necesidad, es la adaptación de nuestro marco regulatorio e institucional, unido a un impulso en nuestra acción sindical, a los profundos cambios socioeconómicos que han cambiado y lo seguirán haciendo, la economía y la sociedad

Los derechos conquistados -no en exclusiva obviamente, pero sí de forma protagónica por el sindicalismo de clase- tienen que ver con el pacto social de postguerra (tardío en España). Sistemas fiscales progresivos, redistribución a través de la acción pública, un marco institucional que habilitaba espacios para disputar los salarios y de forma muy limitada, la participación en la capacidad de decisión empresarial.

Los derechos cuestionados tienen que ver con la gestión de la crisis económica del año 2008 implementada a partir del año 2010. Una apuesta por la devaluación interna de los países con peores cuadros macroeconómicos, como una supuesta forma de ganancia de competitividad. Pero si levantamos un poco más la vista, tienen que ver con el cuestionamiento de aquel “pacto keynesiano”, larvado desde la irrupción neoliberal de Reagan y Thatcher.

En el plano laboral asistimos a un continuo proceso de externalización de riesgo empresarial tras la fragmentación del viejo modelo de producción fordista y empresa integrada. Las cadenas de subcontratación, la internacionalización selectiva de las cadenas de valor, la utilización perversa de la llamada economía de plataforma, suponen ejemplos de la ruptura de los viejos consensos sobre cómo organizar y retribuir el empleo. Esa dinámica de gestión empresarial se ve acompañada de un intento de “huída” del derecho laboral en un indisimulado intento de mercantilizar las relaciones laborales y de dependencia productiva.

La lógica es doble. Una reducción del coste salarial en un modelo de globalización librecambista desligada de contrapuntos democráticos. Otra, un incremento del poder autoritario del empresariado, que en España recorre desde el modelo de contratación al creciente desequilibrio en la negociación colectiva; desde la capacidad casi unilateral del empresario para modificar lo pactado colectivamente, hasta la utilización del Código Penal para cohibir el ejercicio del derecho de huelga.

Para CCOO no se puede interpretar correctamente la orientación de las reformas laborales ejecutadas en la crisis y su catálogo de consecuencias, si se pierde de vista este cambio de paradigma que lleva tiempo operando en nuestro país.

Desde el sindicato interpretamos que estas reformas no solo son socialmente rechazables porque generan más precariedad, peores salarios, rotación laboral, desigualdad, fragmentación. Es que además son contraproducentes para abordar “la necesidad” a la que hacía referencia al inicio del artículo.

Necesidad que tiene que ver con el gobierno de las transiciones de empleo. La velocidad de los cambios productivos relacionados con la digitalización, la robotización, las formas de producir, intercambiar, informar, aprender etc. exige prever en tiempo y forma los cambios y su efecto en el aparato productivo. Requiere de políticas de prospección sectorial que informen sobre las necesidades de adaptación de las competencias y habilidades para ejercer esos puestos de trabajo en transformación. Y demanda la suficiente cercanía a la realidad múltiple de la empresa y el trabajo, especialmente en un país como España donde las empresas de pequeña o muy pequeña dimensión son la inmensa mayoría del total, y emplean a la mayoría de la clase trabajadora.

Las últimas reformas laborales, hechas desde la miope óptica ideológica del neoliberalismo, pretenden debilitar el sujeto colectivo del mundo del trabajo, que eso y no otra cosa es el sindicato. A través de la mercantilización del trabajo ya citada; a través de la individualización de las relaciones laborales; a través del debilitamiento del marco sectorial de negociación colectiva; a través del cuestionamiento del papel del diálogo y la concertación social, que presupone la existencia de los agentes sociales como sujeto de representación democrática.

En una línea opuesta se incardinan las reivindicaciones de CCOO. Necesitamos democratizar nuestro marco de relaciones laborales, mediante una mejor regulación de los derechos de participación de las y los trabajadores en sus empresas. Hay que recuperar el papel estructurante del convenio colectivo sectorial y sus comisiones paritarias a la hora de abordar las necesidades de adaptación y flexibilidad en las empresas, frente a la apuesta por la unilateralidad empresarial.

El modelo de contratación en España es ineficaz, favorece la dualidad laboral y otorga un poder de decisión radical al empresariado basado en la coerción del despido o rescisión contractual. El fraude en la contratación es sistemático y el sistema de incentivos perversos para la contratación precaria es evidente. Necesitamos subvertir la cultura empresarial de la temporalidad persiguiendo el fraude y buscando formas alternativas de hacer frente a los ciclos económicos desfavorables mediante medidas de flexibilidad interna pactada en la empresa, que sustituya a la vieja inercia del contrato temporal y despido como fórmula de ajuste.

La estructura de la negociación colectiva en España ha mantenido un alto nivel de cobertura –en términos comparados- eso sí, debilitando la capacidad contractual del sindicato. Recuperar la ultraactividad es una forma de eliminar tensiones innecesarias en la negociación de los convenios en un momento en el que necesitamos dotarlos de cualidad en contenidos.

La negociación colectiva debe tener la capacidad autónoma de articular sus distintos ámbitos de actuación. Otorgar preferencia aplicativa a los convenios de empresa respecto a los sectoriales solo ha servido para favorecer  la competencia desleal entre empresas que cumplen el convenio y otras que tiran a la baja los salarios. En contra de lo que reza la doctrina liberal dogmática esta preferencia aplicativa no se utiliza por las pequeñas y medianas empresas para desatarse de la supuesta rigidez del convenio sectorial. De los nuevos convenios de empresa suscritos en el año 2018, la media de trabajadores afectados es de más de 100. Por el contrario las inaplicaciones de convenios registradas ese mismo año afectaban de media a 21 personas trabajadoras. Los convenios de empresa a la baja se han utilizado por grandes empresas multiservicios para explotar abiertamente.

En definitiva la recuperación de derechos laborales se enmarca en una enmienda general a las políticas de devaluación y autoritarismo económico que han caracterizado la gestión de la crisis en Europa. La crisis política y social que produjo la creciente desigualdad, el crecimiento sin equidad, y la pérdida de expectativas vitales de amplías capas de la población trabajadora, y la denominada clase media aspiracional, no está superada.

Está requiriendo de nuevas formas de agregación de intereses, representaciones democráticas, canales de distribución y redistribución de rentas. Incluso de elementos simbólicos que catalicen la recuperación de lealtades mutuas y colectivas. La opción reaccionaria toma forma en Europa (y fuera) mediante espejismos nacionalistas o identitarios de distinto tipo. La opción progresista pasa por la recuperación de un contrato social que no se puede hacer sin el concurso del trabajo organizado, del sindicato.

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