“Este ajuste ha sido especialmente grave para los trabajadores temporales. Mantenemos una tasa de temporalidad de casi el 25%, mucho más elevada que el resto de nuestros socios europeos. La temporalidad media en la UE27 es del 14%, 11 puntos inferior a la española.”

“El capítulo III agrupa diversas medidas para favorecer la flexibilidad interna en las empresas como alternativa a la destrucción de empleo. El problema de la dualidad laboral es consecuencia, en buena medida, de un sistema de instituciones laborales inadecuado que ha quedado evidenciado durante la última crisis. En un sistema que genera incentivos adecuados, las empresas pueden hacer frente a las oscilaciones de la demanda recurriendo a mecanismos diferentes al despido”

Estos párrafos están sacados de la exposición de motivos del Real Decreto Ley del año 2012 sobre medidas urgentes para la reforma del mercado  laboral. Es decir, la traída y llevada reforma laboral del Gobierno Rajoy.

Casi seis años después de la entrada el vigor del citado decreto, el año 2017 terminaba con una tasa de temporalidad del 27%. Es decir que 27 de cada 100 personas con un puesto de trabajo tenían un contrato temporal. Campeones de Europa. Este dato podría dar una idea de hasta qué punto la reforma laboral fue un fracaso… si los objetivos de la exposición de motivos hubieran sido los reales.

Las elecciones de Madrid, tras el rocambolesco episodio de las mociones de censura en Murcia o Castilla-León, parecía que dejaban temporalmente estático el mapa de la correlación de fuerzas institucionales. El paso necesario sobre los indultos de los condenados por el procès debía poner las bases para un periodo de diálogo y negociación política en Catalunya que tuvieran como efecto colateral una cierta estabilización de la segunda parte de la legislatura, pese al ruido intenso que la oposición de derecha -cada vez más uniformemente populista- pronostica para los tiempos que están por venir.

Es este contexto el ritmo de vacunación, la creciente normalidad en la vida cotidiana, y la intensa recuperación económica que se perfila para para los próximos trimestres, sitúan un punto de inflexión social, político y económico bastante evidente.

A todas las víctimas del amianto

Martina se levantó como un resorte de la cama cuando escuchó el motor del coche. Se dirigió a la ventana y levantó la persiana. Aunque se apresuró a saludar con el brazo, el coche, un viejo Citroën Xsara azul celeste, enfiló la avenida sin que su padre pudiera verla. Oculta tras los cristales perlados por gotas de agua. Llovía. No demasiado, pero llovía.

Martina volvió a su cama y miró el despertador. Apenas quedaban cinco minutos para la hora en que se levantaba habitualmente. Abrió la puerta de su habitación y se dirigió a la cocina. La luz ya estaba encendida.

“Buen día ma.. Buen día, gorda. ¿Cómo dormiste? Bien, pero no pude despedir a papá. Sí, se fue un poco antes. Ya sabes que cuando llueve se forma caravana en la carretera y tiene que salir con un poco más de tiempo si no quiere llegar tarde al laburo. Ma, ¿papá se puso el buzo que le lavé ayer? ¿O no se había secado? Sí Martina, se fue a trabajar muy contento con el buzo que le lavó su hijita. Dale Marti, andá a ducharte. No ma, porfa, prefiero desayunar primero mientras se calienta el baño. Hace frío. Qué va a hacer frío,  dale friolenta,  que nos vamos a fundir con la cuenta de la luz.”

España es hoy un país más libre que ayer. Se ha derogado el artículo 315.3 del Código Penal en base al que se imputó a más de 300 personas por delitos relacionados con el ejercicio del derecho de huelga.

Ha pasado poco más de una década desde aquella apuesta por las políticas de austeridad como fórmula de enfrentar la crisis financiera desatada en el 2008. Fórmula que iba a acarrear un fortísimo incremento del paro, de la pobreza y de la desigualdad. Se emprendía un camino de reformas antisociales que -se sabía, lo sabían bien- iba a generar una fuerte contestación social. En el plano laboral en innumerables conflictos y en tres huelgas generales. En otros planos, movilizaciones de todo tipo ante el desmantelamiento del sector público o los desahucios, por citar dos.

La crispación de la vida política instalada en España llega al esperpento en la Comunidad de Madrid. Que una opción -la de la actual presidenta- acuñe el slogan “Comunismo o libertad” es la traslación ibérica del trumpismo más desvergonzado. Sin embargo este tono que promueve una parte de la política acaba contaminando el debate general y eso es bastante peligroso.

Lo es porque debilita la convivencia; pero lo es sobre todo porque las fuerzas políticas de izquierdas se pueden ver tentadas a  que la disputa de ese terreno “cultural” o “simbólico” les lleve a descuidar las políticas reales y materiales, tan necesarias para la mayoría social. Necesarias para sostener el día a día de millones de personas, pero también para la caracterización que esas personas hagan sobre por dónde deben discurrir las políticas públicas en los próximos años.

Artículo publicado en Mundo Obrero

Estamos sumidos en una tercera ola de la pandemia de la COVID-19. Desde la gravedad de la situación, y sabiendo que la prioridad total como país debe seguir siendo la lucha contra el virus y acelerar el proceso de vacunación de la población, hay que pensar también en el escenario post-COVID.

A estas alturas es evidente que las secuelas de la crisis sanitaria se han extendido a una crisis económica cuya evolución va a ser compleja. Si en un primer momento, ante el desconocimiento generalizado sobre como evolucionaría la pandemia, se especuló con una crisis de intensidad enorme pero duración corta, este escenario está superado por los acontecimientos.

La respuesta dada a la crisis económica hasta ahora es muy distinta a la que se puso en marcha a partir de 2010 y que se extendió durante el siguiente lustro. En aquel momento se impulsó una agenda para la devaluación salarial de países como España, deteriorando las condiciones de trabajo, debilitando la capacidad de respuesta colectiva de las y los trabajadores, así como recortando el gasto en los servicios públicos, lo que conllevó su deterioro.