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Pacto salarial: Las reformas desequilibradas dificultan los acuerdos


Es una mala noticia que patronal y sindicatos no hayamos sido capaces de pactar una recomendación salarial para el año 2017. Para ser más preciso, para la negociación colectiva que queda pendiente para la segunda parte del año, ya que una buena parte de los convenios a negociar han llegado a acuerdos en estos primeros siete meses del año.

Habrá quien quiera minimizar la importancia del desacuerdo teniendo en cuenta que 2017 está ya avanzado y que es  el último año de vigencia del “III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva” suscrito en su día por CCOO, UGT, CEOE y CEPYME (y que habría que renovar en los próximos meses).

No comparto esa minusvaloración. El acuerdo hubiera sido relevante porque lanza un mensaje que debíamos haber podido consensuar: En un momento de evidente salida macroeconómica de las sucesivas recesiones, con alzas del PIB en torno al 3,2%, este crecimiento debe trasladarse a los salarios. Como hemos dicho varias veces por motivos de justicia redistributiva pero también por una cuestión de eficacia económica.

El poder de compra de los salarios ha caído en la crisis. Esto no lo discute nadie. La participación de los salarios en el conjunto de la renta nacional ha perdido más de tres puntos. Esto son evidencias estadísticas.

El ajuste en términos de desempleo ha sido histórico y aunque ahora repunte la creación de empleo en términos también relevantes, está excesivamente marcada por la temporalidad y el tiempo parcial no deseado. Nos encontramos aun con altas tasas de paro y sensiblemente por debajo de la población ocupada del año 2007.

Por tanto tocaba y toca llevar incrementos salariales a los convenios colectivos que paulatinamente corrijan estas realidades, que sean compatibles además con la inversión productiva, la creación de empleo y la modernización del aparato productivo español.

Pero es que además las reivindicaciones salariales de los sindicatos que pretendían impulsar esa negociación de convenios pendientes, son adecuadas en términos de eficacia económica y de consolidación de una salida de la crisis que tiene que pasar por un reparto más equitativo y justo de la riqueza creada.

Según datos del Banco de España el 70% del crecimiento económico anual se produce como consecuencia de “factores externos” a España (los denomina “factores transitorios”). La política monetaria expansiva del BCE, los bajos tipos de interés, el precio del petróleo o el tipo de cambio euro/dólar, explican 2.2 puntos de crecimiento de ese 3.2% que la economía española creció en 2016. Esos mismos factores por el contrario, solo explican el 0,6% del crecimiento en las economías de la zona euro.

Por tanto es momento de consolidar el papel de la demanda interna de manera estable y sostenible para estabilizar otro modelo de crecimiento. El 87% de los hogares españoles tiene su principal fuente de ingresos en salarios y en pensiones. No olvidemos además que el grueso de la devaluación salarial se ha dado en los sueldos más bajos, y que incrementarlos revierte inmediatamente en la renta disponible de quien más restricciones al consumo (muchas veces de productos básicos) tiene. El modelo de crecimiento actual está alimentado por un aumento de la desigualdad de naturaleza estructural que además de deteriorar salarios, alienta dualidades en el “mercado de trabajo” y en la sociedad.

Siendo esto así no es de recibo la última propuesta salarial de la patronal: “desde el 1,2 hasta el 2% más 0,5 variable en función de las características propias de cada empresa y sector” y descartando cualquier tipo de clausula de garantía salarial. Y más preocupante es la razón que alegan  (que los firmados en el primer semestre del año suben de media el 1,27%).

Digo preocupante porque los agentes sociales, cuando negociamos acuerdos marco (en este caso recomendaciones, no lo olvidemos, para luego llevar a cada mesa de negociación que resuelve en función de múltiples factores) no somos notarios estadísticos de la realidad, sino que debemos articular medidas, si es posible compartidas, en base a un análisis, si es posible consensuado.

Siendo cierto que la negociación colectiva finalmente es una materialización de la correlación de fuerzas en realidades diversas, se espera de las direcciones de las organizaciones algo más que constatar que esto es así, y que siga siendo así.

Los profundos cambios que afectan al mundo de la empresa y del trabajo pueden ser abordados de muy diferentes maneras en función de  la voluntad de los negociadores, pero también en función del marco regulador.

Apurar hasta el extremo el desequilibrio que otorga la actual legislación, producto de las últimas reformas laborales, no es el mejor precedente para la renovación del Acuerdo de Negociación Colectiva que tiene que iniciarse en algunas semanas, pero parece que es el que toma CEOE. El Gobierno además de hace apelaciones buenistas a que “es el momento de que los sueldos acompañen la recuperación del empleo” debiera tener claro que sus reformas, particularmente la laboral, han provocado desequilibrio y desincentivan acuerdos necesarios porque una parte (la empresarial) interpreta que no los necesita.  Y actuar en consecuencia.

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