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La responsabilidad de las instituciones en el tipo de acción sociopolítica de los sindicatos vascos


El debate no es si el sindicalismo tiene que jugar un papel sociopolítico o no. Faltaría más a estas alturas tener que discutir lo que ganamos hace 40 años. La cuestión en Euskadi es que el rol de los sindicatos en la relación con las instituciones y con las patronales no está normalizada, ni renovada a las nuevas necesidades del contexto socioeconómico. Y en eso el Gobierno Vasco tiene buena parte de responsabilidad; y eso es algo que fomenta que algunas organizaciones jueguen a ejercer papeles en la arena política.

 

Lleva un tiempo instalada una polémica bastante artificial en Euskadi. Sobre qué papel debe jugar un sindicato a la hora de verter críticas, meterse en “arenas políticas”, o la utilización de su representatividad y legitimidad para “inmiscuirse” en disputas partidarias. Digo que es artificial porque se plantea desde contradicciones irreales y que no debieran estar en disputa.

En primer lugar, es absurdo plantear que una organización sindical no pueda (incluso deba) tener una posición definida, activa y explícita sobre cuestiones que van más allá del estricto perímetro de la relación laboral. Un ejemplo socorrido es la fiscalidad. Alguna vez he escuchado a responsables políticos decir poco menos eso de que “se presenten a las elecciones”, cuando las críticas por la política fiscal de las diputaciones es afilada.

Faltaría más que hubiera que pedir permiso para que las organizaciones representativas del mundo del trabajo no pudiéramos plantear nuestras propuestas. Es más, además de plantearlas y criticar, debiera existir un ámbito donde se pudieran plantear y negociar, (sí, negociar) con los responsables institucionales. ¿Por qué? Porque una democracia avanzada debiera contar con un sistema de legitimidades complementarias. Las Instituciones y los partidos tienen una función insustituible, faltaría más. Pero los agentes sociales también. Ambos en relación al papel que nos otorga el ordenamiento jurídico y la legitimidad que se nos da en elecciones democráticas. Políticas y sindicales, que de ambas existen en este país. Y no olvidemos que la riqueza que se genera y de la que se nutre cualquier sistema fiscal nace de la actividad económica donde interactúan factores entre los cuales el trabajo es central. IRPF o Impuesto de Sociedades son por tanto materias que afectan a las sociedades y a la ciudadanía en general, pero también a las personas trabajadoras en su condición de tal, a las empresas, a la inversión, o a la redistribución de renta en la empresa, en particular.

Estas polémicas sobre el carácter sociopolítico que pueda tener un sindicato debieran estar bastante superadas en una democracia avanzada, aunque a veces se asemejan a una reyerta para entretener al personal. Sin embargo en Euskadi se mezcla con otras dinámicas que tienen un cariz bien distinto.

En este mismo blog hace más de un año hablábamos de un movimiento de fondo en el sindicalismo nacionalista para reeditar una alianza que irrumpiera en la dinámica política del país. Con algún  “eco catalán” había quien se (auto)situaba como poder fáctico para hacer de liebre de un proceso político en aquello que se denomino en los tiempos del Pacto de Lizarra, la “acumulación de fuerzas soberanistas”. Esa especie de versión a la vasca donde en lugar de una ANC, organizaciones o líderes sindicales darían rienda suelta a ciertos e indisimulados “delirios de grandeza”.

Este escenario es conocido y se aborda desde la política con mayor o menor simpatía en función de las necesidades de coyuntura de partidos como PNV o la propia Izquierda Abertzale. Cuando conviene se impulsa, cuando no conviene se censura.

Sin embargo buena parte de la responsabilidad de esta particular distorsión del papel sociopolítico del sindicalismo la tienen los propios responsables políticos. ¿Por qué? Porque quien malacostumbra al hijo pródigo a lo largo de toda la vida, riéndole las gracias, antes o después se enfrenta a un problema. Segundo porque ese rol ya lo otorgaron una vez. Y por último porque el Gobierno y en particular el PNV tiene más que reparos, auténtica aversión, a abrir un debate en serio sobre cómo tiene que ser la participación tripartita de los agentes sociales, en la dimensión si se quiere más sociopolítica, que los sindicatos y también las patronales tenemos derecho a ejercer.

El último ejemplo es bien reciente. El verano del año 2016 suscribíamos un acuerdo entre Gobierno (con tres consejerías, aspecto este muy relevante) CCOO, UGT y CONFEBASK, en el que adoptábamos algún acuerdo en materia de negociación colectiva. Pero sobre todo nos emplazábamos a definir el papel de los agentes sociales para hacer frente al reto de adaptar los profundos cambios que afectan ya a empresas, trabajadores/as y sectores productivos.

El acuerdo era ferozmente criticado por los sindicatos ELA y LAB. Esa feroz reacción era escenificada en campaña electoral especialmente por ELA, buscando indisimuladamente que el PNV aprendiera la lección: con según qué cosas no se juega. El resultado del partido Jeltzale en la noche electoral era espectacular, demostrando que la incidencia electoral de la campaña sindical había sido nula (o incluso positiva en las expectativas electorales del PNV al reforzar su papel de centralidad en la sociedad vasca)

Por si fuera poco, unos meses después tanto ELA como LAB se veían forzados a ceder y entrar a una mesa con la patronal (a la que semanas antes acusaban de golpista, antidemocrática y que les quería ilegalizar)  en materia de negociación colectiva. En un ámbito que hasta entonces habían rechazado radicalmente. 19 años después se llegaba a un acuerdo interprofesional entre CCOO, ELA, LAB, UGT y CONFEBASK.

Tras este escenario, cualquier lógica diría que el Gobierno Vasco tenía todos los incentivos del mundo para “meter quinta” y tratar de desarrollar los acuerdos de julio. Buscar utilidades reales a la participación de los agentes sociales: cómo y desde dónde prever los cambios productivos y su afectación en empresas y sectores; qué maneras de recualificación permanente deben implementarse para evitar desempleo y segregación dentro del mundo del trabajo y como articular ahí la participación sindical y patronal; cómo impulsar los procedimientos de reconocimiento de competencias profesionales por la vía de la experiencia profesional, mejorando la eficacia de los itinerarios formativos integrales etc., etc.

Elementos que si se ponen en marcha, sin vértigos, sin prejuicios, harán una vez más resituarse a todo el banco sindical por su importancia estratégica a futuro. Elementos que si se abordan desde la pedagogía tendrán a su vez difícil rechazo por parte de la oposición, salvo justificaciones peregrinas o motivadas desde el sectarismo.

Sin embargo: ¿Dónde estamos? Quietos. Con una composición del Gobierno y su estructura de consejerías que van a ayudar poco (salvo sorpresa casi milagrosa) a poner en marcha un sistema integrado de políticas de diagnóstico sectorial, empleo, formación permanente y activación económica. Con nula iniciativa política al respecto de los agentes sociales.

¿Por qué? ¿Por vértigo? ¿Por falta de convicción política? ¿Por qué una vez más, la parábola del hijo pródigo planea en el aire?

El Gobierno está dejando pasar una oportunidad, no diré única, pero sí con mucho recorrido, de apostar por poner en píe un marco de participación sindical y patronal de utilidad, con recorrido estratégico ante las nuevas exigencias del mundo, la economía, la adaptación tecnológica y la formación permanente.

Está renunciando a apostar por modificar el eje de rotación sindical y la consecuencia de esa renuncia es que determinada aspiración sindical a cambiar el eje de rotación política, retoma vigencia aprovechando las coyunturas del país. Pues luego no vale quejarse, porque los “fenómenos” no sueles ser naturales…

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